El planín  de Juncker

Hace ya bastantes años que Maurice Duverger escribió un libro titulado “La liebre neoliberal y la tortuga europea”. Hoy no cabe hacer tal distinción ya que Europa se ha convertido en el mejor paradigma del neoliberalismo económico, pero ello no implica que haya dejado de ser una tortuga, tal vez porque esta sea la manera más eficaz de que triunfen las tesis neoliberales.

Un año después de que Juncker, nombrado flamante presidente de la Comisión, anunciase a bombo y platillo su cacareado plan, tal vez para intentar borrar su vergonzosa actuación como primer ministro de Luxemburgo en el caso Lux Leaks, el plan aún no ha comenzado a andar, acaba de salir del Parlamento Europeo. Nació ante la percepción bastante generalizada de que con las llamadas políticas de austeridad -que solo lo son para algunos-, Europa no salía del agujero, y de que las elecciones europeas habían dejado al descubierto el descontento y la desafección de los ciudadanos hacia el proyecto.

Pero, una vez más, la Unión Europea reacciona tarde, mal y chapuceramente. Lo de tarde ya lo estamos viendo (ha transcurrido un año y sin estrenar) y, por lo demás, el plan Juncker no deja de ser un parche y con muchos agujeros. Resulta imposible cuadrar el círculo o conjugar realidades contradictorias. No se puede aplicar al mismo tiempo una política fiscal expansiva y restrictiva. Mientras se exige consolidación fiscal a los Estados, pretenden hacernos creer que se instrumenta un plan Marshall para Europa.

Se habla de 315.000 millones de euros, pero cuando analizamos las cifras nos encontramos con humo. Como siempre, la Unión Europea diseña sus planes sin incrementar un euro el presupuesto comunitario, que no pasa del 1% del PIB. En este caso serán tan solo 16.000 millones los que provengan de esta fuente, de los cuales únicamente 2.000 serán dinero nuevo, los otros 14.000 comportarán una reasignación de partidas; en definitiva, sin ningún impacto expansivo puesto que son recursos que estaban ya programados. Algo parecido sucede con los 5.000 millones que aportará el Banco de Europeo de Inversiones que, sin duda alguna, deberán detraerse de otras finalidades. Nada distinto sucede con las aportaciones, de 40.000 a 50.000 millones, de los Estados; sometidos estos a la consolidación fiscal, resulta evidente que o se dedican a proyectos que se hubiesen acometido de todos modos o deberán compensarse con otras partidas presupuestarias.

Todo el éxito del proyecto se confía a la iniciativa privada, pero o bien esta no acudirá por considerarlo no lucrativo o si por el contrario acude, será en condiciones sumamente ventajosas, de tal manera que los hipotéticos beneficios que pudieran producirse serán para ella, mientras que las pérdidas, si surgiesen, correrían a cargo del sector público. Es lo que suele ocurrir en todas las asociaciones público-privadas tan de boga en la actualidad. En España tenemos amplia experiencia en la materia. Baste citar el caso de las autopistas de peaje, o de Castor.

Hay serias dudas acerca de cómo se van a seleccionar los proyectos y muchas más acerca de la competencia de la Unión Europea para controlarlos y para controlar también a las empresas privadas que los lleven a cabo. Es el reconocimiento de esa incapacidad la que ha hecho pronunciar a la Comisión una afirmación insólita dada la ideología hegemónica: “La importancia del papel de los bancos nacionales públicos para que el plan Juncker sea un éxito”. Ahora nos acordamos de la banca pública, tras recomendar insistentemente a todos los países la privatización de los bancos y empresas. Claro que si todos son como el ICO, que nunca ha sido un banco en sentido estricto, apañados vamos.

Todo apunta a que el plan Juncker quedará reducido a una nueva forma de subvencionar a las grandes empresas o de que el sector público asuma sus riesgos, y está por ver qué cantidad de empleo crea. Es significativo que entre los primeros proyectos presentados por España aparezca el de Grifols que solicita una subvención de 100 millones de euros para la investigación de nuevos tratamientos de salud, y que tiene el 80% del negocio en EEUU. Es más, su presidente, Víctor Grifols, ha aplaudido el proceso soberanista de Artur Mas y ha echado pestes del Estado español, amenazando, cuando el Gobierno no se plegaba a sus exigencias, con trasladar su sede a EE.UU. Ciertamente no lo ha hecho, quizá porque allí las condiciones fiscales son menos laxas o porque no puede gozar de chollos como los del plan Juncker.

Hace ya bastantes