Las cotizaciones sociales en la contrarreforma fiscal

Entre los múltiples horrores que plantea el informe de los expertos gubernamentales se encuentra lo que se ha dado en llamar devaluación fiscal. Últimamente, los economistas somos expertos en inventar nombres que sirven para ocultar, bajo la apariencia de tecnicismos, las medidas más regresivas e injustas,  transferencias de recursos de las clases bajas a las altas. La denominada devaluación fiscal consiste lisa y llanamente en una reducción de las cotizaciones sociales compensada por un incremento del IVA, esto es, en un traspaso de la carga fiscal de los empresarios a los consumidores.

La propuesta, desde luego, no es original. Hace tiempo que los organismos internacionales vienen interpretando una melodía parecida. Sin ir más lejos, dos semanas atrás, Bruselas recomendó a España, como mejor receta para rebajar la tasa de paro y elevar la competitividad de la economía, reducir las cotizaciones sociales que pagan los empresarios y aumentar el IVA. Y como los modelos económicos pueden elaborarse a la carta y según las finalidades que persiguen quienes los construyen, la Comisión ha presentado un estudio en el que pretende demostrar que la medida produciría en el primer año un incremento del 1% tanto del PIB como de la tasa de empleo.

Y hablando de estudios sobre la materia, ninguno tan prodigioso y milagrero como el elaborado por el Ministerio de Trabajo en la memoria económica del decreto ley que aprueba la tarifa plana en las cotizaciones sociales. Sostiene que la medida no tendrá coste alguno para las cuentas públicas. Se supone que portentosamente saldrá lo comido por lo servido. Es decir, que lo que se pierda por la rebaja de cotizaciones se recuperará a través de más empleo y más recaudación de impuestos. La tarifa plana de las cotizaciones, según sostienen, se va a convertir en mayor creación de puestos de trabajo, en ahorro de costes empresariales que se destinarán a más inversión, en rebaja de los precios, incrementos de la competitividad y de las exportaciones, al tiempo que se produce una reducción de las importaciones. Además, se continúa afirmando, al disminuir las cotizaciones, las empresas podrán reducir deuda, rebajar el coste de financiación y aumentar la inversión, creando con ello más empleo. Por otro lado, mantiene el informe, al favorecerse más los contratos fijos que los temporales, aumentará el consumo, sobre todo de bienes duraderos. También se reducirá, según ellos, el gasto en prestaciones sociales y se desincentivará la economía sumergida. Vamos, el cuento de Alicia en el país de las maravillas.

Lo que no se entiende es que, siendo el panorama tan espléndido, la medida haya tardado tanto en aplicarse. Es más, podríamos haber inventado el presupuesto perfecto; con los mismos argumentos se podría proponer, por ejemplo, incrementar sustancialmente las pensiones y el seguro de desempleo sin que ello represente ningún coste para las cuentas públicas. Lo único cierto es que con la tarifa plana a los empresarios les va a resultar mucho más barato contratar a los trabajadores, que habrían empleado de cualquier modo, aun cuando no se hubiese aprobado la medida.

El informe de los expertos gubernamentales no cae en planteamientos tan ilusorios y pueriles como los que plantea la memoria elaborada por los chicos de Fátima Báñez. Los redactores son conscientes de que si no se quiere incrementar el déficit público, la rebaja en las cotizaciones tiene que compensarse con la elevación de los impuestos indirectos. Es más, con cierto realismo se cuestionan la eficacia de las múltiples exenciones o bonificaciones sobre las cotizaciones sociales decididas a menudo por los respectivos gobiernos, tales como las de la tarifa plana, bajo el epígrafe de políticas activas de empleo, y que únicamente sirven para discriminar a unos colectivos frente a otros, pero no para reducir la tasa de paro. Aunque este planteamiento parece entrar en contradicción con su propuesta de reducción de cotizaciones sociales que, por la misma razón, no tendría efecto sobre la creación de puestos de trabajo.

Por otra parte, el informe Lagares pone también en duda, y con razón, el principio básico del Pacto de Toledo: la separación de fuentes o la creencia de que las pensiones deben financiarse exclusivamente con las cotizaciones sociales. Es una lástima que este cuestionamiento no se haya tenido en cuenta a la hora de plantear la viabilidad de las pensiones futuras y la reforma del sistema.

No obstante, los redactores tienen muy claro que su objetivo en esta materia es recomendar que antes o después se transfiera la carga fiscal de los empresarios a los asalariados o a los consumidores, aunque para ello tengan que caer en contradicciones como la de que mientras se argumenta, para rebajar las cotizaciones sociales, que estas constituyen un impuesto sobre el trabajo, se pide que se intensifique este carácter relegando las bases de cotización y centrándose en los rendimientos del trabajo al estilo del IRPF, lo que también parece contradictorio con su pretensión de incrementar lo que llaman contributividad (barbarismo espantoso), que consiste en ligar las prestaciones  a las cantidades cotizadas.

En ese objetivo tampoco les importa manipular los datos o utilizarlos de forma tendenciosa. Afirman que las cotizaciones sociales son más altas en España que en el resto de los países europeos, lo que en absoluto es cierto. Según el Statistical Annex of European Economy, informe de otoño de 2013, en 2012 los ingresos en nuestro país por cotizaciones sociales alcanzaron el 13% del PIB, mientras que la media de la Eurozona de los 18 se eleva al 15,8%, Francia al 19%, Alemania y Holanda al 16,8%, Italia al 13,8 y hasta Grecia es superior con el 13,7%.

La devaluación fiscal constituye tan solo parte de la denominada devaluación interna, reducción de las cargas fiscales de las empresas como complemento de la bajada de salarios para mantener la competitividad y estimular el crecimiento. Dos son los factores en los que se encuadra esta política. En primer lugar, un hecho: la pertenencia a la Unión Monetaria y, por lo tanto, la imposibilidad de devaluar la moneda. Era evidente que la incorporación al euro iba a servir de pretexto para deprimir los salarios y reducir las cargas fiscales de las empresas. En segundo lugar, una creencia: la de basar el crecimiento en el sector exterior mediante el procedimiento de quitar un trozo de pastel al vecino.

Pero por esto mismo, la devaluación fiscal participa de los interrogantes que plantea la devaluación interna mediante la disminución de salarios. Por una parte, no  existe garantía de que la reducción en las cotizaciones sociales se traduzca en una bajada de los precios y no en un incremento del excedente empresarial. Por otra parte, hay que suponer que si todos los países adoptan la misma política, los efectos sobre el crecimiento y el empleo se neutralizarán y el único resultado previsible será la redistribución de la renta a favor de los empresarios y en contra de los consumidores y de los trabajadores. Aún más, es previsible que la subida del IVA tenga un impacto negativo sobre la demanda interior con lo que el efecto neto será el contrario del que nos intentan vender.

La prédica puritana del presidente de la Comisión acerca de que la sociedad española debe sacrificarse aceptando la subida del IVA si quiere ver reducida la tasa de paro tiene mucho de ideología y poco de ciencia económica. En los momentos actuales, con el consumo por los suelos, el cambio de cotizaciones sociales por IVA puede tener un efecto negativo sobre el crecimiento y el empleo y, eso sí, un efecto positivo sobre los beneficios empresariales. La gran mayoría de la sociedad española ya ha hecho bastantes sacrificios, bien sea a través de descensos de salarios bien a través de recortes sociales de todo tipo, sin que por ello el paro se haya reducido. El efecto ha sido el contrario. La presunta ganancia de competitividad adquirida ha sido más que compensada por la revalorización del euro, fruto de la política aplicada por el Banco Central Europeo.