27-11-2015

La AIReF y la tecnocracia


      Corren malos tiempos para la política. Sobre ella se cierne el desprestigio; tal vez con motivo. Pero, ya se sabe, a río revuelto ganancia de pescadores, y los pescadores son aquí los que recelan de la democracia y pretenden que los temas económicos se decidan al margen del pueblo, que los asuntos importantes permanezcan más allá de la presión del vulgo.


El problema no es nuevo. En su lucha frente al Antiguo Régimen, la burguesía se ve obligada una y otra vez a aliarse con las clases bajas, si bien a menudo se siente desbordada por ellas. Tiene, por tanto, miedo a que los cambios vayan más allá de lo conveniente para sus intereses y adopta una reacción defensiva. La nueva clase emergente, aunque revolucionaria frente al despotismo de la Monarquía absoluta, actúa como factor conservador de cara a las reivindicaciones de la mayoría social y de las masas populares.


Tanto a Benjamín Constant como a Alexis de Tocqueville les preocupa la amenaza que para el liberalismo que profesan representa un gobierno democrático de masas, capaz de convertirse en tiranía de la mayoría. Aunque casi todos los liberales defendían el sufragio universal, no dejaron de ver con cierta preocupación la posibilidad de que las masas populares desprotegidas y sin posesiones, al ser mayoría, utilizasen los mecanismos democráticos en contra de las minorías privilegiadas, poniendo en cuestión las propiedades y el statu quo de la burguesía.


El neoliberalismo económico ha heredado en la actualidad este sesgo antidemocrático, y es en el proyecto de la Unión Europea donde se ha encarnado de forma más perfecta tal ideología, la desconfianza hacia la participación ciudadana, la creencia en la minoría de edad del pueblo. Todo el proceso se ha desarrollado de espaldas a las poblaciones. Se ha eludido consultar a la ciudadanía, se ha huido de todo referéndum y cuando en algún país no ha habido más remedio que convocarlo y se ha perdido, la consulta se ha repetido tantas veces como fuese necesario para conseguir el sí deseado o, como en el caso de la fallida Constitución, se ha transformado en Tratado para evitar que en la mayoría de los países tuviese que someterse al dictamen popular.


El caso más claro y evidente, pero no el único, de esta huida de la democracia lo constituye el BCE, al que en una concepción netamente antidemocrática se coloca en una situación de independencia de cualquier poder político y sin responsabilidad alguna ante los ciudadanos. Se pretende mantener así la política monetaria al margen de toda presión popular y en un estado, supuestamente beatífico, de autonomía. Ni el BCE ni los bancos centrales nacionales ni ningún miembro de sus órganos rectores podrán solicitar o aceptar instrucciones de las instituciones y organismos comunitarios, tampoco de los gobiernos de los Estados miembros ni de ningún otro órgano. Las instituciones y organismos comunitarios así como los gobiernos de los Estados miembros se comprometen a respetar este principio y a no tratar de influir en los integrantes de los órganos rectores del BCE. Sabemos muy bien cuál ha sido el resultado, y cómo el BCE ha servido de instrumento para presionar a la mayoría de los gobiernos para que implantasen las medidas más reaccionarias. Que se lo digan a Grecia.


Los mandatarios europeos no se han conformado con ello y han copiado el modelo para aplicarlo al mayor número de sectores (“reguladores independientes” los llaman) en la bolsa, en las comunicaciones, en la electricidad, de la competencia, etc. El último invento ha sido el de la autoridad fiscal independiente. Tiene por objeto controlar el déficit público que parece ser lo único que le interesa controlar a la Unión Europea (ni el fraude fiscal, ni la corrupción, tampoco los desequilibrios de la balanza de pagos). Y es que no se fían de la pericia de sus propios técnicos (no me extraña, después de todas las veces que han fallado) y mucho menos de los gobiernos, sometidos a la inaceptable coacción de las masas populares. Precisan de espías dentro de los propios países que les informen adecuadamente.


En España la exigencia de su creación vino en el mismo paquete que la reforma letal del sistema de pensiones o la desregulación del mercado laboral, lindezas impuestas desde Bruselas y desde Frankfurt, para que el BCE accediese a actuar en el mercado y rebajar así la prima de riesgo, y para que se concediesen los recursos destinados al rescate de los bancos españoles.


El Gobierno se hizo el remolón, pero al final cedió, de acuerdo con su objetivo de ser el alumno más aplicado de la clase. En realidad, ya había puesto los medios necesarios para blindar el déficit, modificando la Constitución. Creó un organismo nuevo (a pesar de que ya existían el Tribunal de Cuentas, la Intervención General y el Instituto Nacional de Estadística, pero parece ser que no eran suficientemente independientes); lo denominó Autoridad independiente de responsabilidad fiscal (AIReF). El nombre ya es significativo, porque si una autoridad es independiente quiere decir que es soberana, pero en una sociedad democrática la soberanía se encuentra únicamente en el pueblo y en los órganos que dependen directamente de su elección. El Gobierno puso al frente de este organismo a una persona de su confianza. Pero, he aquí que todos los gatos quieren zapatos y el nuevo presidente se ha creído que va en serio lo de independiente, autónomo y técnico, y se atreve a denunciar al ministro porque no le permite pedir directamente todo tipo de información, urbi et orbe, es decir, tener más competencia que el Gobierno en su conjunto, pero como cuenta con el respaldo de los muy técnicos organismos de Europa…


Y es que ahora lo que se lleva es ser técnico. Conozco a quien después de ser ministro, diputado, comisario en Europa y vicepresidente del Gobierno, afirmaba muy convencido que él no era un político, sino un técnico. Draghi, Monti, Trichet, Papadimos, Juncker, etc., tampoco son políticos, solo técnicos. El presidente de la AIReF debe de creer que su nombramiento no tiene nada que ver con la política y sí con su capacidad técnica, y por eso se considera independiente y que sus decisiones gozan de la más absoluta neutralidad, incluso de la presciencia, ya que se siente capaz de determinar con exactitud los déficits de los distintos organismos y entes que componen la Administración pública, a pesar de que los organismos internacionales suelen fallar en todas sus previsiones.


El presidente de la AIReF participa de la idea de que hay que instaurar la tecnocracia, por eso se va a Bruselas a demandar ayuda a la Comisión para que potencie y promocione las entidades fiscales independientes, porque una vez que con el BCE hemos liberado la política monetaria del yugo de las presiones democráticas le toca el turno a la política fiscal. La economía en su conjunto emancipada del apremio de las masas populares que no saben lo que quieren. Todo el poder para los técnicos que como los ángeles no tienen sexo, es decir, ideología. Ya lo dice ese profesor que tampoco se considera político aunque en la actualidad esté elaborando el programa del partido de moda: había que haber pedido el rescate, para que hubieran venido desde fuera, los expertos, a administrarnos la medicina que los políticos españoles no se atreven a suministrar y que los muy rebeldes ciudadanos nos negamos a tomar voluntariamente.


El FMI, los bancos centrales y las autoridades fiscales independientes son los que deben gobernar, ya que no tienen que someterse a elecciones. Todo para el pueblo pero sin el pueblo. Son especialistas en recomendar e imponer recortes, pero, como buenos médicos, mantienen eso de hacer lo que yo digo pero no lo que yo hago, porque para sueldos y pensiones elevadas ninguno como los de los organismos internacionales. Por eso, el presidente de la AIReF está molesto. El Gobierno ha tenido la indelicadeza de aplicar a esta institución la misma política de austeridad que ella predica para los demás, incluso a su presidente no le han dotado de un despacho acorde con el tamaño de su independencia. ¡Hasta ahí podíamos llegar, que fuese peor que el de un ministro! Y es que todavía hay clases entre los políticos y los técnicos