Otros expertos y otro documento sobre pensiones

Las comisiones de expertos generan siempre el mismo interrogante. ¿Los expertos son nombrados por ser expertos o son expertos porque son nombrados para la comisión? De cualquier modo, este tipo de comisiones en el momento de constituirse tienen ya redactadas las conclusiones y se crean tan solo para otorgar autoridad técnica a lo que son simples intereses, bien sean políticos o económicos. El Gobierno, sin duda, a la hora de establecer la comisión de expertos para la reforma de las pensiones, tenía decidido ya lo que quería hacer y seleccionó a los componentes de acuerdo con el resultado a obtener. El grupo de “sabios" que ha elaborado la propuesta solicitada por el Gobierno se formó con una composición claramente sesgada y poco independiente. La inmensa mayoría de ellos ha tenido o tiene una evidente vinculación con entidades financieras o con compañías de seguros, principales beneficiarias de un eventual incremento en la suscripción de planes y fondos de pensiones como consecuencia del deterioro del sistema público.

Es por ello por lo que un grupo (veinticuatro) de economistas, profesionales y académicos de distintas procedencias y sensibilidades, quizá no más expertos que los gubernamentales, pero tampoco menos, nos hemos sentido en la obligación de elaborar un documento con el que denunciar los sofismas y falacias sobre el que está asentado el discurso de la inviabilidad del sistema público de pensiones y sobre la reforma que va a emprender el Gobierno.

Creemos que resulta difícil hablar de inviabilidad cuando en España el gasto en pensiones es reducido si lo comparamos con el de la mayoría de los países de nuestro entorno. Destinamos a ello el 10% del PIB, mientras que la media de la Eurozona tiene un gasto del 12,2%. Según admite la Comisión Europea en su informe The 2012 Ageing Report, el máximo de gasto en pensiones se alcanzaría en España en 2050 y sería del 14% del PIB. Es decir, tendríamos entonces que destinar a las pensiones públicas lo mismo que hoy gastan sin demasiadas complicaciones países como Austria, Francia o Italia.

Pensamos que los que cuestionan la viabilidad de las pensiones públicas cometen un gran error al basar sus argumentos únicamente en la relación del número de trabajadores por pensionistas pues, aun cuando esta proporción se reduzca en el futuro, lo producido por cada trabajador será mucho mayor. Cien trabajadores pueden producir lo mismo que mil si su productividad es diez veces superior. El problema no estriba en cuántos son los que producen sino en cuánto es lo que se produce. Si la renta per cápita crece, no hay motivo, sea cual sea la pirámide de población, para afirmar que un grupo de ciudadanos (los pensionistas) no puedan seguir percibiendo la misma renta. Si la renta per cápita aumenta, las cuantías de las pensiones no solo deberían mantenerse sino que tendrían que incrementarse por encima del coste de la vida.

En los últimos treinta años, la renta per cápita en términos constantes casi se ha duplicado y es de esperar que en el futuro presente una evolución similar. Si esto es así, resulta absurdo afirmar que no hay recursos para pagar las prestaciones de jubilación, todo depende de que haya voluntad por parte de la sociedad -y, especialmente, de los políticos- de llevar a cabo una verdadera política redistributiva.

Consideramos que en un Estado definido como social, tal como hace la vigente Constitución, es inconcebible, y en todo caso inaceptable, que las pensiones se deban financiar exclusivamente mediante cotizaciones sociales. Son todos los recursos del Estado los que tienen que hacer frente a la totalidad de los gastos de ese Estado, también a las pensiones. Concebir a la Seguridad Social como un sistema cerrado que debe autofinanciarse y aislado económicamente de la Hacienda Pública, resulta claramente abusivo y erróneo y coloca a la Seguridad Social en una situación de mayor riesgo, dificultando además toda eventual mejora en las prestaciones.

Estimamos que el denominado “déficit del sistema”, más allá de una forma impropia de hablar, carece totalmente de sentido. Realmente solo puede tener déficit el Estado, pero no el sistema de pensiones, y el desfase entre cotizaciones y prestaciones no es sino un componente de aquel, sin que tenga sustantividad propia. No se puede cuestionar la viabilidad del sistema de pensiones por el mero hecho de que en una coyuntura como la actual se necesite que a los ingresos por cotizaciones se sumen otras aportaciones del Estado.

No es la pirámide de población ni el incremento de la esperanza de vida lo que amenaza la sostenibilidad de las pensiones, sino la insuficiencia de nuestro sistema fiscal, presa del fraude y de las continuas reformas regresivas acometidas por los distintos gobiernos. El riesgo procede de una ideología liberal que contempla sin sonrojo que la presión fiscal de España (32,4%) sea la más baja de la Europa de los quince, inferior incluso a las de Grecia (34,9) y Portugal (36,1), trece puntos de diferencia con la de Francia, y de diez y de ocho con las de Italia y Alemania, respectivamente, según datos de Eurostat, y de unos políticos que prefieren recortar las pensiones a los jubilados antes que acometer en serio la reforma fiscal. Esta sí que tendría que ser la primera y principal reforma que debería llevarse a cabo.