Ha sido suficiente que el Gobierno apruebe una pequeña subida en las cotizaciones sociales para que la patronal ponga el grito en el cielo y se desencadene todo tipo de expresiones bélicas. Los empresarios han considerado esta iniciativa como una declaración de guerra, y es que llevan tantos años acostumbrados a que lo único que apruebe el Gobierno sean medidas a su favor y en contra de los trabajadores que les resulta inconcebible que se pueda elaborar una norma que los perjudique aunque sea mínimamente. Bien es verdad que no fundamentan sus protestas, ya se sabe, en su propio interés, sino en el bien común y en aras de la recuperación económica, que, según ellos, peligra con la medida. Débil debe de ser tal recuperación si se tambalea con una modificación de tan escasa relevancia.
En ayuda de los empresarios se han pronunciado, (siempre están dispuestos) algunos técnicos y analistas para recordar que las cotizaciones sociales constituyen un impuesto sobre el empleo. Este argumento muestra a las claras la debilidad en la que el Pacto de Toledo sumió a nuestro sistema público de pensiones al hacerlo depender exclusivamente de las cotizaciones sociales y al condicionar la actualización de las prestaciones a su evolución. Con el pretexto de no perjudicar el empleo será enorme la presión dirigida a que las cotizaciones sociales no suban sino más bien a que bajen y a que la contratación laboral se pueble de exenciones y deducciones en materia de seguridad social.
Pero hay otra visión posible. Las cotizaciones sociales pueden considerarse como parte de las retribuciones del trabajador, como un salario diferido que se percibirá en el momento de la jubilación, por lo que el impacto de las cotizaciones sobre la economía nos retrotrae al del salario y al dogma neoliberal que cifra la recuperación económica y la creación de empleo en la reducción de los salarios. De acuerdo con esta teoría, para alcanzar el pleno empleo, bastará con que las retribuciones de los trabajadores bajen tanto como sea necesario. El paro siempre es voluntario. La oferta crea su propia demanda, por lo que la recuperación económica dependerá solo de la primera. El objetivo de la política económica consistirá, por tanto, en influir en la oferta concediendo a los empresarios todo tipo de beneficios fiscales y de condiciones laborales ventajosas, incluyendo la reducción de salarios.
Sabemos, por lo menos desde los tiempos de Keynes, que estos planteamientos son erróneos y que la experiencia los desmiente a diario. Por muchas ventajas que se concedan a los empresarios estos no invertirán si no existe demanda, si no piensan vender sus productos. Lo único que se logrará será incrementar el excedente empresarial. Pero incluso este puede verse perjudicado con carácter general. Algo que es bueno para un empresario deja de serlo con frecuencia si se generaliza y es aplicado por todos. Para una empresa puede ser muy conveniente reducir sus costes laborales e intentar pagar a sus trabajadores la menor retribución posible; pero si esta actitud es asumida por la mayoría de los empresarios, es posible que el consumo decaiga y con él la renta, de modo que aun cuando el excedente empresarial se haya incrementado en porcentaje descenderá en valores absolutos.
La reducción de los salarios no constituye la solución al desempleo. Es más, en ocasiones el efecto puede ser el inverso, puesto que si la retribución de los trabajadores forma parte del coste de los productos, también determina el consumo y, por consiguiente, la demanda. Keynes supo reconocer que la desigualdad no era una condición necesaria para el crecimiento económico, abriendo así la posibilidad de que el Estado instrumentase una política redistributiva, no solo a través de los gastos de protección social sino mediante impuestos de elevada progresividad como el de la renta o el de sucesiones.
Estos razonamientos socavan otro de los mitos de la teoría neoliberal, el de que hay que primar fiscalmente el ahorro. En momentos como los actuales lo que hay que incentivar es más bien el consumo, entre otras razones porque no hay ninguna seguridad de que el ahorro permanezca en este país, pero es que, además, un exceso de ahorro puede ser perjudicial. Sabemos que la inversión y el ahorro realizados son iguales por definición, pero la inversión y el ahorro planeado no tienen por qué coincidir. Un exceso de ahorro planeado sobre la inversión también planeada desencadena fuerzas contractivas con lo que se puede producir la siguiente paradoja: un incremento del ahorro planeado podría llevar a una reducción del ahorro efectivo mediante una disminución de la renta.
Keynes fue aún más allá. En la medida en que la propensión marginal al ahorro aumenta con la renta, todo cambio en la distribución de esta hacia una mayor desigualdad tendría efectos perniciosos no solo desde el ángulo de la justicia social, sino también para el crecimiento. En su “Teoría general del empleo, el interés y el dinero” se expresa en estos términos:
«De este modo nuestro razonamiento lleva a la conclusión de que, en las condiciones contemporáneas, el crecimiento de la riqueza, lejos de depender del ahorro de los ricos, como generalmente se supone, tiene más probabilidades de encontrar en él un impedimento. Queda, pues, eliminada una de la principales justificaciones sociales de la gran desigualdad de la riqueza».
La teoría keynesiana destruye el eslogan de la derecha de que antes de repartir se precisa agrandar la tarta, el manido argumento de que la igualdad se opone al crecimiento. Más bien, lo que demuestra la teoría económica es que el aumento de las desigualdades sociales conduce a la crisis. Así ocurrió en 1929, y así ha sucedido en la actualidad.