Ocurrencias electorales

Los gobiernos de Zapatero fueron especialistas en ocurrencias; a menudo muy gravosas para los ciudadanos. Recordemos, por ejemplo, el tan renombrado Plan E. A estas alturas deberíamos estar curados de espanto, pero siempre cabe la sorpresa. Según se acercan las elecciones, los candidatos acuden muchas veces a las ocurrencias, pues piensan que de esta manera pueden ganar votos.

A Esperanza Aguirre se le ha ocurrido ahora montar “el tinglado de la antigua farsa” para designar a sus acompañantes al Ayuntamiento de Madrid. Se trata de elegir a los ya elegidos. Un buen circo con la pretensión de ofrecer una imagen de democracia interna y transparencia inexistentes en la realidad.

Hay otras ocurrencias que se fundamentan en la creación de nuevas entidades o estructuras administrativas, que se propone casi siempre con el desconocimiento más absoluto de lo ya existente Es una solución fácil ante cualquier problema y cuesta poco anunciarla. Así, el candidato por el PSOE a la alcaldía de Madrid, Antonio Miguel Carmona, se ha comprometido, si gana, a crear una oficina antifraude en el Ayuntamiento, un ente, afirma, absolutamente independiente, con autonomía y plenos poderes (definido así casi parece el BCE) para investigar al alcalde, concejales y altos cargos del municipio en el manejo de los fondos públicos.

Hay que preguntarse entonces para qué está la intervención local, amén del Tribunal de Cuentas. Las soluciones casi nunca se encuentran en crear nuevos organismos, sino en dotar de competencias y emplear adecuadamente aquellos con los que ya se cuenta. Es curiosa la tendencia que se tiene de crear nuevas instituciones a las que se pretende calificar de independientes aunque, después, de independientes tienen poco.

El año pasado, por imperativo de Frankfurt y Bruselas, el Gobierno se vio obligado a crear una institución que no sirve para mucho, pero lleva el pomposo nombre de Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIREF). Todo lo más, será un servicio de estudios de los tantos que hay, y tal vez no de los mejores. De independiente seguro que tendrá muy poco, pero servirá de coartada, al igual que ocurre con el Banco de España, para justificar las políticas de ajuste más reaccionarias.

El problema de la corrupción en la Administración local, con toda probabilidad la que se produce en mayor medida, tiene una de sus principales causas en las modificaciones legales realizadas, que hacen depender a los interventores y secretarios de los ayuntamientos del alcalde que les nombra y les paga. Antes que andar proponiendo la creación de un nuevo organismo, con magistrado y todo, el candidato Carmona debería prometer algo bastante más simple: tomarse en serio la intervención municipal, permitiendo que realice autónomamente su función.

Su colega el señor Gabilondo, candidato a presidir la Comunidad de Madrid, no quiere ser menos y propone la creación de una agencia. Cuando un político no sabe qué hacer acude siempre a contratar una auditoría o a crear una nueva agencia. En este caso, tendría como objeto la financiación de los emprendedores (palabra mágica y al tiempo vacía). La verdad es que la ocurrencia tiene poco de original, ya que los gobiernos nacionales, tanto los del PSOE como los del PP, después de haber privatizado toda la banca pública, se han visto obligados ante la crisis a recurrir a una solución chapucera, la de emplear para esta finalidad distintos chiringuitos públicos que no cuentan ni con los medios ni con la preparación necesaria, dispuestos a dar créditos a cualquiera que presente un plan para crear o expandir un negocio, sin aval ni garantía alguna. Ni que decir tiene que el monto de fallidos es bastante considerable, con el agravante de que a menudo los créditos de las distintas entidades se acumulan sobre un mismo beneficiario, de manera que termina siendo el Estado el que asume la casi totalidad del riesgo del proyecto. Por si todo esto fuese poco, ahora viene el señor Gabilondo y nos propone crear otra agencia, esta vez de ámbito regional.

El problema de las PYME y de los autónomos bien merece atención, desde luego, pero habrá que empezar por limitar el colectivo a los que verdaderamente lo son y no a los que constituyen paro encubierto. Debería ponerse freno a la externalización en las medianas y grandes empresas, que mediante este mecanismo se libran de las responsabilidades sociales y laborales y condenan a ser autónomo a un personal que debería estar en su plantilla.

En esto de las ocurrencias, los profesores universitarios o los que provienen de los servicios de estudios dan mucho juego, especialmente si se encuentran fuera de nuestro país. Sus soluciones suelen ser de laboratorio, sin conexión alguna con la realidad. En el pasado hemos tenido algún ejemplo memorable como el del tipo único en el IRPF. En estos días, a medida que se acercan las elecciones, los portavoces económicos de Ciudadanos nos están proporcionando especímenes muy notables, desde el contrato laboral único hasta el complemento salarial anual garantizado (que como he escrito en algún otro sitio debería denominarse más bien “incentivo empresarial a la precariedad”) pasando por un único tipo de IVA.

Como el programa lo facilitan por entregas, últimamente el señor Garicano, profesor de la London School of Economics, en nombre de Ciudadanos, promete paralizar las obras del AVE, de manera que los recursos ahorrados de este modo puedan destinarse a la investigación. No digo yo que en el tema del AVE, como en el de algún aeropuerto o de alguna otra infraestructura, no nos hayamos pasado, pero la realidad no se puede siempre diseñar con tiralíneas y compás. Los fondos estructurales y de cohesión funcionan como funcionan, y sus destinos y aplicación están muy condicionados por la reglamentación de la Unión Europea; además, nuestro Estado, nos guste o no, se divide en Comunidades Autónomas, cada una de ellas dispuestas a presionar al Gobierno central para no ser menos que las otras.

La actividad política no es tan fácil ni lineal como piensa el señor Garicano y quizá también la dirección de Ciudadanos. Ortega y Gasset, hace ya casi noventa años, en su obra “Mirabeau o el político”, afirmaba que la política y la filosofía son actividades diferentes y dudaba mucho de que la intervención directa de los intelectuales ayudase a la política. “Hay que decidirse, señalaba Ortega, por una de estas dos tareas incompatibles o se viene al mundo para hacer política o se viene para hacer definiciones”. Me temo que algunos pretenden hacer política mediante definiciones, o mediante ocurrencias, que viene a ser lo mismo.

Desde siempre ha habido intelectuales que han desconfiado de la política o, más bien, de la democracia, ya que han considerado que el pueblo es demasiado inmaduro para gobernarse y los políticos elegidos democráticamente, demasiado sensibles a las presiones de los ciudadanos. La sociedad debería conformarse de acuerdo con las definiciones de un grupo escogido de sabios. Esta concepción está hoy más presente que nunca. Desde luego, informa todo el diseño y los planteamientos de la Unión Europea.

En este orden de cosas, hay algo que me asusta y me repele de la defensa a ultranza que el señor Garicano hace aún hoy de la conveniencia del rescate. Me temo que cuando afirma que España estaría mejor si el rescate se hubiera llevado a cabo, lo que en el fondo quiere decir es que las reformas adoptadas se han quedado cortas, y que hubiera sido necesario que desde el exterior nos hubiesen obligado a llegar más allá, allí donde nuestros políticos, a pesar de todo y con los ojos puestos en las elecciones, no se atreven a llegar. En fin, que es bueno que desde fuera vengan los tecnócratas a disciplinarnos.