Pensiones hacia la miseria

La prueba más irrefutable de la falsedad del discurso del Gobierno acerca de la recuperación económica y de que está intentando compensar a los ciudadanos por los sacrificios exigidos se encuentra en uno de los colectivos más castigados en estos años, los pensionistas, que comenzaron a perder poder adquisitivo aquel fatídico mayo de 2010 en que Zapatero, sin motivo, se rindió con armas y bagajes a Merkel. Los presupuestos que el Gobierno acaba de presentar establecen para las pensiones un incremento en 2016 del 0,25% y como la inflación, según prevé la OCDE, será del 1,4%, se vaticina ya para ese año una nueva pérdida de poder adquisitivo superior al 1%. Es decir, que por el momento se rebajan las pensiones en términos reales en más del 1%, rebaja que puede ser aún mayor si la inflación se desvía.

El 0,25% es el menor incremento que las pensiones pueden tener según ese engendro de fórmula que se sacaron de la manga los expertos progubernamentales sin ninguna lógica ni sentido, y que la ministra de Trabajo santificó con la única finalidad de deprimir las pensiones hasta el infinito. La fórmula es una simple estratagema para engañar y disimular el objetivo que no es otro que ir deprimiendo las prestaciones públicas a favor de los fondos privados en los que tanto interés tiene la banca.  Si cuando la economía crece cerca del 4% y la renta per cápita a un ritmo similar las pensiones tienen que continuar perdiendo poder adquisitivo, es evidente que ese va a ser su futuro año tras año.

El Gobierno argüirá que se trata de salvar el sistema público de pensiones, pero este se salva y se potencia con más impuestos y no reduciéndolos, especialmente en los tramos altos (tal como ha hecho Montoro en la última reforma fiscal) ni eximiendo a los empresarios de pagar cotizaciones sociales. El pasado mes de marzo el Gobierno aprobó un límite exento de 500 euros por trabajador en las cotizaciones empresariales que, dado el nivel tan bajo de los salarios y la picaresca de declarar en los contratos únicamente una parte de las retribuciones totales, implica que la mayoría de los nuevos puestos de trabajo creados están exentos de pagar Seguridad Social. Esto, junto con la tarifa plana de 50 euros establecida para los autónomos el año anterior, explica que, a pesar de la tan cacareada creación de empleo, los ingresos de la Seguridad Social solo hayan crecido hasta junio un 0,77%, mientras la afiliación lo ha hecho en el 3,4%.

El sistema público de pensiones se ha vuelto en extremo vulnerable a partir del Pacto de Toledo con la separación de fuentes de financiación y haciéndolo depender del montante de las cotizaciones sociales, lo que ha dado lugar a todo ese discurso tan falaz de la relación activos-pasivos y de la evolución demográfica (véase mi artículo del 15 de mayo de 2015), cuando lo único cierto es que mientras la renta per cápita se incremente, no hay ninguna razón para que ningún colectivo, sea el de los pensionistas o el de los bomberos, pierda poder adquisitivo, como no sea por un aumento en la desigualdad de la distribución de la renta.

El Gobierno, ante el déficit que plantea la Seguridad Social, propone en los presupuestos que acaba de presentar para 2016 coadyuvar a su financiación mediante impuestos. Aparentemente, esta medida iría en la buena dirección. Recuérdese que incluso el Pacto de Toledo, en su redacción original, y tal como fue aprobado por primera vez en el Parlamento, no establecía una separación de fuentes total, pues a instancias de IU, se afirmaba que las pensiones se financiarían principalmente (y no exclusivamente) por cotizaciones. Bien es verdad que esta matización se ha olvidado en la práctica y ahora se establece una relación unívoca entre prestaciones y cotizaciones.

He dicho aparentemente porque cuando se ahonda en las propuestas que circulan, el sentido es más bien el contrario. Se trata tan solo de que determinadas prestaciones como viudedad u orfandad, al igual que ahora las pensiones contributivas, pasen a financiarse con impuestos, con lo que la segregación de fuentes continuará vigente presionando a la baja las pensiones. Esta interpretación está más acorde con las últimas medidas adoptadas por el Gobierno de sustituir las bonificaciones en las cotizaciones sociales, que eran después compensadas por el presupuesto del Estado, por las ayudas a cargo del presupuesto de la Seguridad Social sin compensación alguna.

La defensa de las pensiones estriba en exigir que sean todos los ingresos del Estado (incluyendo las cotizaciones) los que las financien en los niveles necesarios, pero no en sustituir cotizaciones por impuestos (por ejemplo, por IVA, tal como proponen los expertos de FEDEA) dejando las prestaciones en el mismo grado de precariedad. El resultado sería únicamente trasladar carga fiscal de los empresarios a los consumidores, es decir, a todos los ciudadanos.

Por otra parte, nuestro nivel de cotizaciones (13% del PIB) está por debajo de la media de la Eurozona (14%) y a años luz de países como Holanda y Alemania (17%) y Francia (19%), e incluso Grecia nos supera ligeramente. ¿Hay que continuar bajando las cotizaciones sociales? Quizá aún más llamativo es lo relativo a impuestos. La presión fiscal en España es ocho puntos inferior a la media de la Eurozona y de la Unión Europea y está por debajo de países como Grecia, Polonia, Estonia, Portugal, Malta, República Checa, Chipre, Hungría, Eslovenia, y no digamos ya de Bélgica, Holanda, Italia, Austria, Francia, Alemania y vale más no citar a Suecia o a Dinamarca, de las que nos separan más de 15 puntos. ¿Se puede afirmar sin cierto escándalo que no se pueden pagar las pensiones y que hay que reducirlas? Todo es un problema de voluntad política y de cómo se quiera redistribuir la renta. Desde luego será difícil si lo que hace el Gobierno ante los primeros síntomas de crecimiento y de recuperación de la recaudación es bajar los impuestos.

Para los pensionistas no solo no ha llegado la recuperación económica, sino que no llegará nunca porque, de acuerdo con la última reforma, se les condena año a año a que sus retribuciones bajen en términos reales, es decir, que vayan perdiendo poder adquisitivo. Ha desaparecido el único factor positivo del pacto de Toledo, el compromiso de todas las fuerzas políticas de mantener la actualización anual de las pensiones por el IPC, que si bien les negaba participar en la mejora de la economía, al menos les garantizaba permanecer en el mismo nivel retributivo. Lo más grave es que no parece que los partidos de la oposición, ni siquiera los emergentes, tengan la menor intención de cambiar la ley aprobada por el PP y retornar a la actualización. No aparece ninguna propuesta en tal sentido. Todo lo más una leve e inconcreta promesa de mejorar las pensiones mínimas, pero es que ya todas son pensiones mínimas (excepto las privadas de los grandes ejecutivos) y más mínimas van a ser en el futuro.