La desigualdad en España
Entre los múltiples documentos de trabajo que elabora la Comisión Europea se ha publicado recientemente uno que lleva por título "Informe sobre España 2015. Con un examen exhaustivo relativo a la prevención y a la corrección de los desequilibrios macroeconómicos”. Aunque hablar de exhaustivo no deja de resultar pedante, son múltiples los aspectos que en él podrían considerarse, entre ellos y es el que precisamente han recogido una cadena de televisión y alguna prensa digital, el referente a la desigualdad y a la pobreza. El hecho de fijarse en esta área tal vez haya sido por lo poco frecuente que resulta que la Comisión preste atención a los aspectos sociales.
En realidad, el informe no aporta nada que no supiéramos. Lo primero que señala, al tiempo que es lo más evidente, que la crisis ha incrementado la desigualdad de rentas en España (aunque habría que decir que en casi todos los países) y que el origen del cambio se encuentra principalmente en el enorme volumen de paro generado a lo largo de estos años. Los populares suelen afirmar que la mejor medida de política social es la creación de empleo. Distingamos. Es cierto que el derecho al trabajo es el primer derecho social y que el pleno empleo constituye una condición necesaria para que se pueda hablar de que una sociedad presenta un grado de equidad aceptable, sin embargo no es condición suficiente, al menos en la actualidad.
Tradicionalmente, la pobreza anidaba casi con carácter exclusivo en el grupo de los desempleados; hoy, sin embargo, se está produciendo un fenómeno nuevo y es que el tener un empleo no es ya garantía de abandonar la marginación. El informe señala que hay un 10,5% de la población activa que, a pesar de contar con un puesto de trabajo, se encuentra en riesgo de pobreza; fenómeno que afecta fundamentalmente al género femenino, a los contratos temporales y a tiempo parcial y a las familias monoparentales, y tiene su causa en el descenso de los salarios producido en los últimos años, fruto de la desregulación del mercado de trabajo.
La reforma laboral, con medidas tales como la facilidad para despedir y su abaratamiento o la posibilidad de las empresas para descolgarse de los convenios sectoriales, ha propiciado un fuerte descenso de los salarios en las capas sociales más débiles, hasta el punto de que poseer un puesto de trabajo puede ser compatible con el riesgo de pobreza o de exclusión social.
Conviene señalar, no obstante, que al considerar el desempleo o los bajos salarios como factores que incrementan la desigualdad no nos hemos adentrado aún en el campo de la política social. Tanto en un caso como en otro nos estamos moviendo en el reparto primario de la renta realizado por el mercado antes de que el Estado haya aplicado su política redistributiva, que, como acción de segunda derivada, corrige la distribución que se realiza en primera instancia en el proceso productivo.
El hecho de que esos factores sean previos a la política social no significa que el Gobierno no tenga responsabilidad en ellos y que no dependan, al menos parcialmente, de su política económica. Es más, será muy difícil que la política social pueda corregir adecuadamente una distribución primaria muy desigual e injusta, por eso un gobierno debe cuidar de su política económica tanto o más que de su política social, si quiere luchar contra la desigualdad de rentas y por eso resulta un poco irónico que desde la Comisión (aun cuando se indique que se trata de un documento interno de trabajo y no oficial) se señale con tono de reproche el incremento de la desigualdad y del riesgo de marginación cuando el causante de este desastre ha sido el propio diseño de la Unión Monetaria y la política económica impuesta desde Bruselas y Frankfurt.
Pero es que, además, el deterioro de la política social que tanto ha influido en el incremento de la desigualdad también ha venido forzado en buena parte por las orientaciones de las instituciones europeas. La culpa mayor de los gobiernos de Zapatero y de Rajoy ha sido plegarse a los mandatos de la Comisión, del Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional.
Lo más grave de esta situación es que no existe predisposición alguna a cambiar la política económica y fiscal, y que muchas de las disposiciones adoptadas estos años, por ejemplo, la reforma laboral y la de las pensiones o las modificaciones fiscales y presupuestarias están aún por producir la mayoría de sus resultados negativos y es de esperar, por tanto, que, de no tomarse medidas en sentido contrario, la desigualdad y la pobreza sigan incrementándose en el futuro.
El informe afirma también que España se encuentra entre los países de la UE en los que el nivel de la desigualdad es mayor. Pero, por desgracia, esto no es ninguna novedad ni ha surgido ex novo con la crisis. Ya en 2011, según las estadísticas de Eurostat, España estaba a la cabeza en cuanto a desigualdad de todos los países de la Unión Europea, incluso por encima de economías mucho más débiles y que se habían incorporado a Europa en fechas recientes. Para realizar la comparación Eurostat utilizó como índice el cociente entre la renta disponible obtenida por el 20% de los ciudadanos de mayores ingresos y la percibida por el 20 % de los de menor renta. El índice en 2011 para España fue de 6,8%, el más elevado de toda la Unión Europea. En 2010 el índice para nuestro país se situó en el 7%, no obstante, ocupó el segundo lugar, ya que el primero fue para Lituania.
Los datos no tienen por qué sorprendernos, dado que incluso en la etapa de bonanza y en la que se generó la burbuja los costes laborales en términos reales descendieron todos los años, es decir, los salarios reales crecieron menos que la productividad y, por lo tanto, la remuneración de los trabajadores perdió participación en la renta nacional a favor del excedente empresarial.
En las sociedades occidentales, desde principios de los años ochenta. A medida que ha ido afianzándose el neoliberalismo económico, la desigualdad no ha dejado de incrementarse. Si son tiempos de bonanza, porque es bonanza y si estamos en crisis, porque es crisis.
