Ciudadanos y el Ibex 35

        Dicen que el favor de los empresarios del Ibex 35 ha abandonado al Partido Popular y se ha reorientado hacia Ciudadanos. No tiene nada de extraño porque –al margen de las conexiones personales que Garicano pueda tener a través de FEDEA con los grandes empresarios– existen razones objetivas. La primera es que después del desaguisado realizado por los gobiernos de Zapatero en el impuesto de sociedades, permitiendo que el tipo efectivo de las empresas del IBEX no sobrepase el 4%, Montoro se ha visto obligado a quitarles algunos, solo algunos, de los privilegios que disfrutaban.

La segunda es que el programa económico de Ciudadanos pasa por la derecha al del PP. Bien es verdad que los partidos políticos, con habilidad, disfrazan con una cobertura aparentemente progresista sus propuestas por muy reaccionarias que sean. Ciudadanos, no sé si por malicia o por ignorancia (esta suele originar ocurrencias cuando los planteamientos se hacen desde un despacho o desde la cátedra, sin ninguna experiencia de gestión), ha situado como medida estrella lo que denominan “complemento salarial garantizado”, que, bajo la apariencia de favorecer a los trabajadores, puede constituir el chollo mayor para los empresarios. El Estado toma a su cargo parte de los gastos de personal de las empresas privadas. Pocas medidas tan disparatadas como esta. Los trabajadores estarán dispuestos a aceptar cualquier empleo por reducida que sea la retribución, en el entendido de que el sector público la completará, y los empresarios tenderán a pagar un sueldo casi simbólico. En todos los cálculos que se realicen el coste de la medida estará claramente infravalorado porque será difícil cuantificar los resultados derivados de la reacción de los empresarios.

Rajoy en una de esas entrevistas en las que ahora tanto se prodiga, con ánimo de justificarse ante la bajada generalizada de salarios acaecida en los últimos tiempos, hizo una afirmación que más tarde se ha venido repitiendo en las emisoras de radio: “Los salarios no los fija el Gobierno”. Lo cual no es en absoluto cierto porque lo que sí hacen los poderes públicos es establecer las condiciones que deben regir en las relaciones laborales, entre otras, el salario mínimo interprofesional, para que el mercado laboral no devengue en un juego maltusiano.

Desde hace mucho tiempo, la doctrina jurídico-política ha venido aceptando que el mercado de trabajo no puede regirse por los mismos parámetros que cualquier otro mercado, puesto que el objeto de contratación no es una mercancía más, sino el propio trabajador. Por otro lado, se supone que las partes no se encuentran en idéntica situación. El trabajador se ve en una posición de inferioridad, ya que la única alternativa posible a la de vender su fuerza de trabajo es, como tantas veces se ha dicho, la de morirse de hambre. De ahí la necesidad de que la sociedad organizada –el Estado– tutele las condiciones laborales y dictamine unos mínimos que prevalezcan incluso sobre la voluntad de las partes, en la creencia de que la decisión de una de ellas no se manifiesta libremente, sino forzada por las circunstancias. Pues bien, bajo la excusa de la competitividad, se elimina este armazón. Con la expresión "flexibilidad del mercado laboral" no se designa otra cosa más que su desregulación.

Como se puede apreciar, el Gobierno y los poderes públicos tienen mucho que ver en la bajada de los salarios, y en que la distribución de la renta se haya escorado en los últimos tiempos en contra de los trabajadores y a favor de los beneficios empresariales; pero la solución no puede venir por la vía de que el Estado asuma la carga que corresponde a los empresarios, con ello lo único que se consigue es que se incremente aún más el excedente empresarial y que el Estado se vea forzado a detraer recursos que podrían destinarse a otros servicios públicos. El camino, por el contrario, es el de restablecer las garantías que deben regir en el mercado laboral, incluyendo un salario mínimo adecuado y un seguro de desempleo con extensión de la cobertura al 100%, que no sea tan alto como para que el trabajador se instale en él indefinidamente, pero tampoco tan bajo que se le obligue a vender su trabajo por un salario de miseria.

No deja de ser curioso el discurso del neoliberalismo económico. Reniegan y defienden al mismo tiempo el intervencionismo. Rechazan de plano las ayudas sociales, pero están prontos a encomiar las subvenciones y los beneficios para las empresas y los empresarios. Detestan el empleo público, mientras exaltan los empleos privados financiados con recursos públicos, aunque los puestos de trabajo generados sean de ínfima productividad e inferiores a los que se podrían crear en el ámbito público.

Durante la crisis se ha hablado mucho de cambio en el modelo productivo, no obstante, lo cierto es que nos mantenemos anclados en el mismo esquema de deflación competitiva, puestos de trabajo de escasa productividad, basados en salarios bajos, en una continua minoración de cotizaciones sociales, y en beneficios fiscales a las empresas y al capital. El incremento de la productividad apenas se despega de cero. De ahí la cuantiosa creación de empleo con crecimientos del PIB más bien reducidos. Este modelo es inconsistente y no podrá mantenerse mucho tiempo sin volver a los problemas anteriores.

Los programas electorales continúan en la misma línea. Tanto Ciudadanos como el PP prometen disminuir las cotizaciones sociales. Más tarde, serán ellos mismos los que afirmen que es preciso reformar de nuevo el sistema de pensiones porque resulta insostenible. Ciudadanos ya lo insinúa a través de la mochila austriaca. Esta última formación política propone fijar el tipo del impuesto de sociedades en el 20%, una reducción muy sustancial, aun cuando, como siempre, se desee justificar con la eliminación de beneficios fiscales, que finalmente, sin embargo, nunca desaparecen o  se sustituyen por otros nuevos.

Tanto el PP como Ciudadanos plantean rebajar de nuevo el IRPF, lo que favorecerá sin duda a las rentas altas y en mayor cuantía cuanto más elevadas sean, como no podría ser de otro modo al minorar un impuesto progresivo. Es curioso que cuando aparentemente todos se escandalizan de las retribuciones asignadas a los ejecutivos y consejeros de las grandes empresas, se procure mientras tanto reducir cuantiosamente el gravamen que soportan, y que nadie sea capaz de incluir en su programa la creación de nuevos tramos en la parte alta de la tarifa del impuesto, con tipos marginales mucho más elevados que limiten en la práctica tales retribuciones.

La cuantía en que se reduce la tributación de las clases bajas con toda seguridad no compensará el coste de oportunidad, es decir, los beneficios que se seguirían para esas mismas capas de población si los recursos se dedicasen a otros servicios y ayudas sociales a los que se renuncia para acometer la disminución impositiva. Es más, es muy posible que esas reducidas cantidades ni siquiera terminen en las capas trabajadoras y que se transmitan a los empresarios mediante una bajada de salarios. Al manifestarse la mayoría de la carga tributaria en forma de retenciones en la nómina (y por lo mismo la supuesta rebaja) es muy probable que se produzca una cierta ilusión fiscal, ya que el trabajador suele fijarse en el sueldo neto.

Ciudadanos en su programa va aun más lejos: quieren que, mediante el complemento salarial garantizado, el Estado asuma con fondos propios al menos parcialmente las nóminas de las empresas y que, a través del contrato laboral único (que recuerda al tipo único de Zapatero, Sevilla y Sebastián), se dé otra vuelta a la reforma del mercado de trabajo, superando su dualidad por el procedimiento de hacer todos los contratos precarios a pesar de que los llamen indefinidos. Aunque no facilitan muchas pistas, da toda la impresión de que el sistema de la mochila austriaca que propugnan puede ser otro hachazo al seguro de desempleo y al sistema público de pensiones. En fin, no ha de extrañar que esta formación política concite los aplausos y los plácemes del IBEX 35.