Esperanza Aguirre y la corrupción

  Otra cosa se le podrá achacar a Esperanza Aguirre pero no que le falte desparpajo, e incuso diríamos que descaro. Es capaz de convertir un comportamiento bochornoso, cuyo desenlace hubiese sido para cualquier ciudadano del pueblo llano el de al menos una noche en el calabozo, en una cruzada contra la supuesta actuación abusiva de la policía. Su tocata y fuga desde el carril bus de la Gran Vía habría causado la dimisión de cualquier otro político, tanto más si, como es el caso, aspirara a la alcaldía de Madrid. Aguirre, siguiendo la máxima de que la mejor defensa es un buen ataque, se convierte en víctima humillada y vilipendiada por dos agentes de movilidad groseros y machistas que lo único que buscaban era notoriedad. Le faltó decir que eran rojos bolivarianos o que pertenecían a la conspiración judeomasónica.

Ante los casos de corrupción manifiesta Aguirre la misma desfachatez. Por muy próximos que sean los implicados, actúa como si la cosa no fuese con ella, o se muestra indignada, haciéndose pasar por la primera damnificada. Así se presentó cuando el caso Gürtel alcanzó de lleno a los que habían sido hombres de su máxima confianza. En el extremo, cuando se ve contra las cuerdas, como en los momentos actuales con la operación Púnica, con la boca pequeña pide perdón, pero un perdón que parece poco convincente; suena más bien a acusación y a repulsa de los implicados, quedando ella totalmente al margen. Se pone de perfil. Pasaba por ahí.

Con todo el descaro afirma que no tenía el gusto de conocer a ninguno de los alcaldes. Cualquiera que conozca el funcionamiento interno de las formaciones políticas, y mucho más si se trata del Partido Popular de Madrid, sabe que es inimaginable que los alcaldes del PP de los principales municipios de la Comunidad fuesen nombrados sin el conocimiento de Esperanza Aguirre, y sin que esta siguiese muy de cerca sus actuaciones. A estas alturas de la película, por mucho que se empeñe en disimularlo, la corrupción rodea a la baronesa por todas partes. Lo cual tampoco es de extrañar. Basta con recordar cómo la corrupción estuvo ya presente en el origen, en el modo en el que obtuvo la presidencia de la Comunidad de Madrid, a través del famoso “tamayazo”, presunta compra de dos diputados del PSOE del grupo de los llamados “balbases”, que tenían una larga historia de compras y ventas dentro del PSOE, pasándose de unos a otros según quién les ofreciese más: Leguina, Morán, Borrell y Zapatero. Se llamaban “socialistas por la base”. Por casos como este uno tiene cierta suspicacia al recurso demasiado fácil a las bases, al pueblo o a la sociedad civil, ya que tales llamadas directas y sin intermediarios siempre tienen truco y por lo general encierran una cierta manipulación de los militantes o de los ciudadanos.

Pero volvamos a Esperanza Aguirre quien en la rueda de prensa en la que compareció inmediatamente después de conocerse la operación Púnica no solo se limitó a negar cualquier implicación, sino que se permitió, con la mayor desfachatez, dar consejos para regenerar la democracia, aunque estos no tuviesen la menor viabilidad, careciesen de coherencia e incluso fuesen contraproducentes. Entre las ocurrencias que propuso, pues no se las puede denominar de otro modo, se encuentra la modificación de la Ley de Contratos del Sector Público. ¿Otra vez? Hay que señalar que esta norma se ha modificado más de cinco veces en los últimos quince años y casi todas ellas por imposición de la Unión Europea.

Los problemas de corrupción no se arreglan exclusivamente modificando las leyes, sino aplicándolas correctamente y con los debidos controles. Lo único que se le ocurre a la presidenta del PP de Madrid es proponer que se prohíban los concursos y que todos los contratos se celebren por subasta, es decir, considerando como único criterio de adjudicación el precio, lo que constituye un gran desatino porque es evidente que en múltiples licitaciones se precisa aplicar en la adjudicación otras variables además del precio. El legislador no tiene más remedio que elaborar la norma con toda la amplitud de manera que abarque todos los casos posibles. Es el órgano gestor el que debe saber cuándo se precisa la subasta y cuándo el concurso, y en este último caso aplicar las garantías y requisitos adecuados para que la licitación se realice con total objetividad seleccionando a la empresa más ventajosa para la Administración. Y, así mismo, el órgano político deberá establecer los mecanismos de supervisión y control para confirmar que se cumple lo anterior. Todo esto es lo que ha estado ausente en la Comunidad de Madrid y en muchos de sus municipios.

Otra de las ocurrencias propuesta por doña Esperanza es la modificación de la ley electoral, para que sean los ciudadanos los que elijan a los candidatos y no las cúpulas de las formaciones políticas. Está de moda arremeter contra los aparatos de los partidos y elogiar los procedimientos de designación directa. No hay duda de que el funcionamiento de las formaciones políticas ha dejado mucho que desear, especialmente en lo que se refiere a la disciplina interna y al poder de los aparatos. Pero el hecho de que sea imprescindible introducir en ellos reformas no quiere decir que las alternativas que a menudo se proponen no tengan efectos más nocivos. En diversas ocasiones (mis artículos en este mismo medio del 6 de junio y del 5 de septiembre de este año, entre otros) me he referido a que las tan ensalzadas primarias y la elección directa de alcaldes tienen un efecto contrario al que se persigue, propiciando el caudillismo y el bipartidismo. Algo parecido cabe afirmar de lo que ahora plantea la ex presidenta de la Comunidad de Madrid.

No solo es Esperanza Aguirre la que clama por las listas abiertas o desbloqueadas (sin entrar por razones de espacio en disquisiciones entre ambas formas), sino que son muchas las voces que cantan sus excelencias como forma de incrementar la participación de los ciudadanos. Lo cierto es que hay bastante de espejismo en estos planteamientos. De hecho, aunque nadie se acuerde de ello ni lo diga, el sistema de votación empleado en el Senado es por listas desbloqueadas, y los resultados apenas sufren modificación. Se elige a las siglas ya que para la mayoría de los votantes muchos de los candidatos son totalmente desconocidos. Y es aquí donde comienza el problema, porque por el procedimiento de listas abiertas el poder se trasladaría a los medios de comunicación que podrían aupar o hundir a los candidatos con suma facilidad. Las oportunidades y la fuerza de los políticos (incluso dentro de su mismo partido) dependerían del apoyo mediático, lo que constituiría para la democracia una situación mucho más grave que la actual, al depender este del poder económico, Pero quizá sea por ello por lo que este sistema atrae a Esperanza Aguirre, ya que le daría fuerza frente a la actual dirección del PP.

Con el argumento de que así los electores conocerían a los candidatos, la presidenta del PP de Madrid se inclina por establecer circunscripciones mucho más pequeñas que las actuales, lo que da lugar a un sistema mayoritario que refuerza el bipartidismo y castiga a los partidos minoritarios, sin duda la peor situación posible. Por otra parte, el ámbito municipal, en el que el número de electores es más reducido y en el que en teoría los políticos son más conocidos y más cercanos a los ciudadanos no es precisamente un paradigma ni de buena gestión ni de honestidad. Ha sido precisamente en la Administración local donde ha anidado en mayor medida la corrupción.