La reciente venta de Catalunya Banc al BBVA por parte del FROB ha dejado ya al descubierto sin margen de error la mezcla de hipocresía, incompetencia, negligencia e intereses bastardos que ha adornado los comportamientos tanto de los Gobiernos de Zapatero como del de Rajoy en la crisis bancaria. Crisis que se ha intentado ocultar desde el principio. Cómo no recordar cuando se proclamaba con énfasis que nuestras entidades financieras estaban totalmente sanas y que gracias a la sagaz política del Banco de España servían de ejemplo a las extranjeras, inmersas en graves dificultades económicas. Cerrazón difícil de comprender porque si bien nuestros bancos no habían comprado, como otros bancos europeos, hipotecas subprime a las instituciones americanas, era evidente que sus balances estaban repletos de activos tóxicos derivados del ladrillo.
Cuando aparecieron las primeras dificultades se continuó negando la evidencia y sosteniendo que no había un problema de solvencia, sino tan solo de falta de liquidez. Tanto el Gobierno de Zapatero como el de Rajoy reiteraron una y otra vez que el rescate de la banca no costaría un solo euro al contribuyente y que el dinero invertido se recuperaría. Pues bien, después de la venta de Catalunya Banc ya no hay ninguna duda de que al menos una parte importante de la cantidad empleada está ya definitivamente perdida. Alrededor de 26.000 millones de euros son absolutamente irrecuperables, 11.839 correspondientes a Catalunya Banc; unos 8.300 al gallego NCG Banco; 5.948 al Banco de Valencia (ahora perteneciente a Caixabank), y 245 al Banco Gallego (absorbido por el Sabadell).
Pero el agujero al erario público será sin duda mucho mayor. En el rescate bancario se han invertido 65.500 millones de euros, de los que hasta ahora el sector público ha recuperado tan solo 2.500 millones. Además, en 2009 y 2010, en tiempos de Zapatero, el Estado avaló deuda de las instituciones financieras por importe de 32.086 millones de euros, con lo que el riesgo público asumido supera los 100.000 millones de euros. Ello sin contar la aportación a la SAREB por parte del FROB por importe de 2.192 millones y las contingencias futuras que este último organismo asume en las privatizaciones de los bancos o de las cajas realizadas hasta la fecha.
Ya se puede afirmar con bastante probabilidad que el rescate más gravoso va a ser el de Catalunya Banc, porque, si bien la cantidad invertida en Bankia ha sido mayor (22.424 millones) es de prever que una parte sustancial de esa cantidad será recuperable en el futuro, el valor de las acciones de Bankia en poder del FROB se valoran ya alrededor de los 10.000 millones de euros. El caso de Catalunya Banc es especialmente hiriente porque si algo aparecía seguro al principio de la crisis era que Caixa Catalunya se encontraba en condiciones críticas. Sin embargo, tanto el Banco de España como el Gobierno fueron remisos a intervenir y dejaron pudrir la situación. Tal vez no fuera ajeno a ello el hecho de que el presidente de la entidad se llamase Narcis Serra o de que la institución llevase el nombre de Cataluña, pues ya se sabe que el nacionalismo lo tapa todo, y todo es susceptible de entenderse como un ataque a la senyera. Algunos recordamos aún el affaire del Banco de Cataluña, el papel de Jordi Pujol y el dinero que costó al erario español. Por cierto, no sé si estos recursos y los 12.000 millones del rescate a Catalunya Bancse se habrán contabilizado dentro de las balanzas fiscales. Lo que sí parece cierto es que en esto del fraude fiscal y de la evasión de capitales hay poca diferencia entre nacionalistas y no nacionalistas, tanto vale Botín como Pujol, a los dos se les olvidó durante más de treinta años repatriar la herencia de papá y tributar por ella. Mientras haya quien se lo consienta…
En ese cúmulo de falacias e hipocresías resaltan las palabras del ministro actual de Economía, quien una vez demostrado que el rescate bancario va a costar muchos euros a los contribuyentes lo intenta justificar por las cantidades que el Estado debería pagar por intereses de haber continuado la prima de riesgo a los niveles elevados de hace años. Con todo el descaro se mezclan churras con merinas, pero es que lo del rescate y lo de Europa es un comodín que sirve, al igual que el nacionalismo, para tapar las atrocidades de los gobiernos. Zapatero lo ha empleado profusamente para justificar las medidas reaccionarias tomadas a raíz de aquella fatídica noche de mayo de 2010, y Rajoy lo está utilizando como coartada para desmontar el Estado del bienestar.
Los bancos han pretendido hacernos creer que la crisis ha afectado exclusivamente a las cajas de ahorros y que ellos han quedado totalmente al margen, lo cual no es cierto. Es verdad que ha sido en el sector de las cajas en el que se han desencadenado las mayores debacles y en el que se han producido las principales intervenciones estatales, pero los activos tóxicos inundaban y todavía inundan los balances de las entidades financieras, y todas ellas han sido causantes por tanto del estrangulamiento del crédito y en buena medida de la crisis económica.
Todas ellas también han necesitado la ayuda pública, al menos del BCE. Se olvida a menudo que los fondos del BCE son recursos públicos, de todos los europeos ciertamente, pero en consecuencia también de los españoles. Se da la paradoja de que mientras el BCE puede ayudar a los bancos privados y suministrarles recursos con el correspondiente riesgo, no puede hacerlo a los Estados nacionales; es decir, los contribuyentes nos vemos obligados a prestar al sector privado pero no podemos hacerlo al público.
También el Estado español ha salido por distintos medios a socorrer a las entidades bancarias, por ejemplo avalando los créditos fiscales por importe de 40.000 millones de euros con la finalidad de que Bruselas les permitiese computar esta partida como capital, y manteniendo exclusivamente para la banca el tipo de sociedades al 30%. Paradójicamente, el peor favor que se le podía hacer a las entidades financieras era reducir el tipo de este impuesto, tal como se va a hacer con las otras compañías, al 25%, porque automáticamente los créditos fiscales disminuirán de valor y por lo tanto también el capital de la banca.
El culmen de la hipocresía es que el ministro Montoro pretenda presentar la medida como un castigo al sector financiero por el recate bancario, cuando en realidad se trata de todo lo contrario. Si se redujese en estos momentos el tipo disminuiría también el capital contabilizado por las entidades, con lo que estas tendrían que salir al mercado a buscar recursos por un importe mínimo de 7.000 millones de euros. El tipo ya descenderá en el futuro cuando se hayan terminado de computar los créditos fiscales. Lo cierto es que la hacienda pública ha asumido como el que no quiere la cosa un riesgo de 40.000 millones de euros con los bancos teóricamente sanos, muy cercano al importe del rescate bancario empleado en sanear las entidades enfermas.
¿En qué sistema económico vivimos? ¿Liberal? Tan solo cuando interesa, y cuando hay ganancias. Los accionistas de los bancos ya han recuperado el valor de todo el capital invertido. A eso se debe referir el Gobierno cuando habla de recuperación. Liberal para retribuir a los ejecutivos con sumas escandalosas con el argumento de que son entidades privadas, y que por lo tanto pueden actuar como les venga en gana; pero socialista para las pérdidas. Cuando las cosas van mal ahí está el Estado para hacerse cargo de las deudas o para responder de ellas con fondos propios. Esta no es la primera crisis bancaria. Acordémonos de la de los primeros años ochenta. Parece ser que periódicamente estamos condenados a que el Estado se endeude hasta límites insoportables para salir en ayuda de los bancos que, tras acometer operaciones especulativas y obtener pingües ganancias, se encuentran en dificultades.