LA
NO TRIBUTACIÓN DE LAS GRANDES EMPRESAS
Reiteradamente he venido manteniendo en estas
páginas mi opinión de que los desequilibrios presupuestarios que desde hace
algunos años viene sufriendo la economía española tienen su principal causa en
la insuficiencia de ingresos y no en el incremento del gasto público, como
interesadamente nos quieren hacer creer (de hecho, España se encuentra a la
cola de la Eurozona en cuanto a gasto público se refiere).
El descenso en cinco o seis puntos que se
genera a partir de 2007 en la presión fiscal tiene difícil explicación y no
puede atribuirse en su totalidad a la crisis económica, ya que si esta influye
negativamente en el numerador (recaudación), lo debería hacer aproximadamente
en el mismo grado que lo hace en el denominador (PIB). Además de buscar la
causa en el fraude fiscal (tampoco hay razones para pensar que el fraude en
2008 tuviera que ser muy distinto que en 2007), hay que referirse a la
estructura de nuestro sistema tributario y a las modificaciones que, al menos
desde principio de los noventa, se han ido introduciendo, trasladando la carga
fiscal hacia los trabajadores y consumidores (principales damnificados por la
crisis) y liberando progresivamente de gravamen las rentas de capital, las
rentas altas y las empresas, especialmente las grandes que son también,
incluyendo sus ejecutivos, las mejor tratadas por la recesión. Eso explica que
la recaudación caiga en mayor medida de lo que lo hace el PIB, y por tanto la
presión fiscal se reduzca.
Centrándonos en el impuesto de sociedades, el
informe sobre la recaudación de 2011 que la Agencia Tributaria acaba de
publicar aporta algunos datos interesantes. De 2006 a 2011 los resultados
empresariales sujetos al impuesto (no son todos) se redujeron un 31%, pero la
cuota líquida de todas las sociedades (lo que pagan a Hacienda) se redujo en un
68%; y si nos fijamos solo en las de mayor tamaño, los 4.000 grupos
consolidados (32.000 empresas), el descenso es del 73%. Son estos conglomerados
empresariales los que emplean con mayor fortuna la enorme disparidad de
deducciones, exenciones y beneficios fiscales que agujerean totalmente el
impuesto de manera que, a pesar de que en 2011 sus beneficios han sido un 48%
superiores a los del resto de las sociedades (más de un millón), sus ingresos
en el Tesoro fueron inferiores en un tercio. Considerando todas las empresas,
el tipo efectivo del impuesto (recaudación dividida por resultados) fue de un
8,8%, muy alejado del nominal (30% general y 25% para las pymes) y muy alejado
también del tipo efectivo que pagaron en 2006 (19%).
El
Ministerio de Hacienda parece irse convenciendo de que sin solucionar el
problema de los ingresos difícilmente va a poder corregir el déficit público,
por eso, paradójicamente, el citado informe critica la reforma realizada por el
gobierno socialista en 2007 reduciendo el tipo nominal del impuesto de
sociedades del 35 al 30% (del 30 al 25 para las pymes); digo que
paradójicamente porque el PP, entonces en la oposición, criticó la reforma por
demasiado moderada. Pero lo cierto es que los gobiernos de Zapatero han
terminado por destrozar el impuesto de sociedades -con resultados ahora
patentes- pues no solo redujeron el tipo nominal sino que continuaron el
proceso iniciado tiempo atrás de multiplicar los beneficios fiscales. Y todo
ello apoyado con el argumento simplón, siempre utilizado, de que la recaudación
apenas se reduciría porque la bajada de impuestos aumentaría la competitividad,
esta, a su vez, el resultado de las empresas y por ende los ingresos de la
Hacienda Pública.
En
este orden tiene especial importancia, por una parte, la introducción de la
libertad de amortización en el año 2009 (ya en plena crisis y cuando los
ingresos comenzaban a resentirse) y, por otra parte, el mantenimiento del
régimen especial de inversiones en el extranjero (Entidades de Tenencia de
Valores Extranjeros, de las que hablaremos otro día), aprobado en 1995, por el
también entonces ministro Pedro Solbes y que ha servido no solo para que el
erario público financie todas las aventuras americanas y de otros confines de
las grandes empresas, sino para que estas puedan deducirse de sus beneficios en
España todo lo habido y por haber, de manera que no soporten carga fiscal
alguna. Desde luego, este objetivo es notorio que se ha conseguido y por lo
visto también se ha conseguido que los dos ministros de Economía y Hacienda de
los gobiernos de Zapatero, por sus muchos “méritos”, se sienten en consejos de
administración de algunas de las grandes empresas.