¿Dónde radica el poder?

Frente a la concepción cristiana medieval de la monarquía absoluta, en la que todo poder procede de Dios, los hombres de la Ilustración erigieron la teoría de la soberanía popular: el fundamento del poder es el pueblo y sólo el pueblo. En tales doctrinas se encuentra el origen de nuestros sistemas democráticos; bien es verdad que el tránsito no fue radical y que durante largo tiempo se aceptaron sistemas mixtos en los que la soberanía estaba compartida entre el rey y los representantes del pueblo, las Cortes. Tras la aceptación generalizada del sufragio universal, nadie pone en duda ya -al menos en teoría y en los países que llamamos occidentales- que la soberanía reside en el pueblo. Es más, estamos orgullosos de nuestros sistemas políticos y pretendemos exportarlos al resto del mundo, en algunos casos incluso por la fuerza.

En la actualidad, está surgiendo un nuevo debate en nuestro país. Se da por sentado que la soberanía radica en el pueblo, lo que se discute es la definición y delimitación de este último concepto. Los nacionalistas e incluso los no nacionalistas lo restringen al ámbito de una comunidad, región o provincia. Hay, sin embargo, otra cuestión más radical: ¿al margen del discurso teórico, podemos afirmar de verdad en la práctica que la soberanía se encuentra en el pueblo o en sus representantes?

La revista “Actualidad económica” acaba de publicar la encuesta que realiza anualmente entre miles de empresarios acerca de las personas más influyentes en España o, lo que es lo mismo, las más poderosas. A pesar de la relatividad que tiene encuesta, ésta presenta la ventaja de que el colectivo escogido, los empresarios, saben de lo que hablan cuando se refieren a la influencia y al poder. Los resultados son significativos e inquietantes. Entre las diez personas más influyentes, sólo se encuentran tres políticos -el presidente del Gobierno, un ex-presidente y el líder del primer partido de la oposición; el resto son banqueros, empresarios, algún periodista, más empresario que periodista, y un deportista. Entre los diez no hay ningún intelectual y sólo tres tienen alguna representación popular, entendiendo ésta de forma amplia ya que en los momentos presentes el señor Aznar carece de ella.

Según la encuesta, el español más influyente no es ni el presidente del Gobierno, ni el presidente de las Cortes, ni el del tribunal Constitucional o el del Poder Judicial; por supuesto, no es ningún ministro ni el gobernador del Banco de España, es un banquero. Los encuestados no parecen estar demasiado descaminados, ya que a menudo son los banqueros, al menos algunos banqueros, los que nombran a los ministros y dictan a los gobiernos lo que deben y no deben hacer. Al menos algunos banqueros, en efecto, gozan de cierta impunidad ante la justicia y tienen garantías de que ni el fiscal ni el abogado del Estado les imputará.

En esta economía de las fusiones y absorciones, dudo que muchas de ellas deriven de razones económicas. La mayoría obedece a una cuestión de poder, tiene su origen en los planes expansionistas y megalómanos de los administradores empresariales, que llegan incluso a comprar con dinero de la propia entidad a otros gestores para que les dejen el camino libre. Algo falla en nuestras leyes cuando el Tribunal Supremo termina afirmando que estas actuaciones, si bien son contrarias a la ética y repelen socialmente, no constituyen delito puesto que fueron aprobadas por los órganos societarios. Lo que no dice es que los órganos societarios son manejados a su antojo por los gestores.

¿Quién manda en nuestra sociedad: la representación popular y el Gobierno, o los banqueros, grandes empresarios y controladores de medios de comunicación? Si hay que hacer caso a la encuesta, parece ser que los últimos. ¿Se equivocan los encuestados? Pienso que no; pero en ese caso ¿podemos hablar de democracia?