El pacto de las pensiones

Titular de El País: «UGT liquida 13 años de unidad con CCOO». Y yo que creo que la unidad de acción la ha roto más bien Comisiones al firmar un pacto con el Gobierno y con la patronal, sin haber llegado a un previo consenso con el otro sindicato. Discrepo también de que Méndez esté llevando a la UGT hacia el aislamiento y la marginalidad, tal como se ha afirmado en este diario. No es Méndez el que la conduce a la marginalidad, sino los poderes que están detrás de la opinión publicada.

Hace tiempo que se posterga y se proscribe a cualquiera que osa alzar la voz contra el pensamiento único. Estos días se ha producido una curiosa convergencia de todos los medios en anatematizar a UGT, mientras se ensalzaba la cordura de la dirección de Comisiones. Se ha exagerado hasta lo indecible la discrepancia en UGT. Parecía que el tercer hombre -no sé quién le ha otorgado ese título- representaba a la mitad del sindicato. Paradójicamente, se ha silenciado que en Comisiones estaban en contra del pacto siete miembros de la Ejecutiva, y aproximadamente el 30% de la organización. Y es que, ya se sabe, a ese 30%, a los llamados críticos, hace ya mucho tiempo que se decidió condenarlos al ostracismo. Se ha llegado a decir que UGT actuaba instigada por el PSOE, olvidando que Sosoman es el rey del consenso y que está, sin duda, mucho más cerca de Comisiones.

El pacto, más allá de dos o tres guindas hábilmente colocadas con la finalidad de publicitarlo, establece una serie de principios bastante peligrosos para el futuro de las pensiones. Por algo los empresarios lo han firmado tan satisfechos. Pero es que, además, no puede separarse de la reforma laboral que acaba de aprobar el Gobierno. No debe disociarse de un contexto más amplio en el que, mientras la renta nacional crece el 4%, los ingresos medios por trabajador descienden el 1,7% (año 2000); y si se habla del gasto en protección social, desde 1993 su participación en el PIB se ha reducido en más de cuatro puntos porcentuales. Según datos del Eurostat, en 1993 el gasto en protección social por habitante en paridad de poder de compra alcanzaba en España el 66% de la media europea; en 1998, sólo el 58%. Resulta evidente la convergencia. ¿Pueden los sindicatos continuar, pacto tras pacto, legitimando tal situación?