¿Y por qué van a pagar los ricos?

Escribía la semana pasada acerca de la nueva reforma del IRPF y la venta que el Gobierno pretendía hacer de ella, pero no es ésta la única novedad fiscal; para el año que comienza entrarán en vigor otras medidas más difíciles de disfrazar de progresivas y que por ello apenas se les ha dado publicidad.

Por ejemplo, mejora sustancialmente la tributación de las rentas de capital. De nuevo se rebaja el tipo a aplicar a la plusvalías, pasando del 18 al 15 por ciento. Las plusvalías o los también llamados incrementos patrimoniales son lisa y llanamente rentas de capital acumuladas y que tributan cuando se realizan. Si los últimos gobiernos del PSOE ya les concedieron un trato de favor, el PP al poco de llegar al poder culminó la tarea segregándolos de la tarifa progresiva del IRPF y gravándolos exclusivamente a un tipo único del 20 por ciento. Después del 20 llegó el 18 y ahora el 15 por ciento. La verdad es que ya puestos se les podría eximir por completo de tributar. Todo sería más transparente, estaría más claro que retornamos al Antiguo Régimen, en el que la aristocracia estaba exenta de impuestos y los tributos recaían sólo sobre el pueblo llano. Los nobles de hoy son los dueños del dinero y el pueblo llano, los trabajadores.

En concordancia con esta orientación, a las empresas también se les reduce del 18 al 15 por ciento el gravamen a aplicar en el Impuesto de Sociedades sobre las plusvalías generadas. A su vez, se incrementa del 30 al 40 por ciento la reducción que se aplica al impuesto sobre los intereses generados por los depósitos bancarios y los títulos de renta fija superiores a dos años. Todo muy lógico. Y lógico es, de acuerdo con la finalidad de rebajar la tributación del capital y la de los contribuyentes con rentas altas, incrementar el porcentaje a deducir bien en el IRPF o en el Impuesto de Sociedades por las donaciones a fundaciones y demás asociaciones previstas en la Ley del Mecenazgo, no sea que algún rico despistado aún tuviese que pagar algo. Así, la oligarquía económica y financiera, con recursos públicos –los que deberían ir a la Hacienda Pública como impuestos–, puede controlar la cultura y demás medios para conformar la opinión pública.

Pero, con todo, es al Impuesto de Patrimonio al que se da un envite más sustancial. Se rebaja del 70 al 60 por ciento el tope máximo a pagar conjuntamente por el IRPF y el Impuesto de Patrimonio; y, aun es más, este porcentaje se aplica exclusivamente a la base general del IRPF, excluidas las plusvalías o, lo que es casi lo mismo, sobre las rentas de trabajo, con lo que paradójicamente el Impuesto sobre el Patrimonio lo terminarán pagando únicamente aquellos que tengan rentas de trabajo, y estarán en la práctica exentos los que no tengan ingresos de trabajo y todas sus rentas provengan de las plusvalías obtenidas con su patrimonio. Jugada perfecta. No me extraña que la medida se haya aireado tan poco.