Contra el fraude fiscal

Hay que congratularse de que la semana pasada el Ministerio de Hacienda presentara un plan contra el fraude fiscal. Hacía tantos años que no se anunciaba un proyecto de estas características que casi nos habíamos olvidado del tema. En los últimos tiempos la única mención al fraude era con ocasión de las rebajas en el IRPF... para justificarlas. Se decía que la elevada cuantía del fraude (sólo pagan por este impuesto los pobres y los trabajadores) convierte a esta medida en justa y progresiva. Es más, se llegaba a sostener que la forma más eficaz de combatir la evasión fiscal era la reducción de los impuestos. Desde luego, si éstos desaparecen, el fraude también. Muerto el perro, se acabó la rabia. El problema es que habría que preguntarse cómo se mantienen después los servicios públicos, desde la sanidad hasta la educación, desde la policía hasta la justicia, desde las carreteras hasta las pensiones. Mentes tan lúcidas cualquier día quizás planteen que la mejor forma de terminar con la delincuencia es abolir el Derecho Penal.

El haber colocado la lucha contra el fraude fiscal entre las prioridades del Ministerio de Hacienda es una noticia que por fuerza debe ser bien acogida y más aún al concretarse en una serie de medidas todas ellas llenas de coherencia. La primera, sin duda, es la pretensión de coordinar dentro de la Agencia Tributaria los departamentos de inspección y recaudación. De nada vale que la inspección levante muchas actas si terminan por no cobrarse. No es ningún secreto que hasta ahora el porcentaje que se hace efectivo es muy reducido, en torno al 15%. Desde que termina la inspección hasta que la recaudación ejecutiva actúa transcurre un lapso de tiempo suficiente para que las sociedades desaparezcan o se vacíen de bienes, de manera que acaba resultando imposible cobrar la deuda. La coordinación entre ambos servicios es fundamental, incluso con medidas preventivas para impedir el levantamiento de bienes.

Igual cabe afirmar del intento de potenciar la investigación. La inspección, más que grandes especialistas en Derecho Tributario cuya labor se limita a dictaminar si las partidas deducibles están bien o mal aplicadas, lo que precisa es de funcionarios dispuestos a salir a la calle e investigar las rentas ocultas. Es casi una labor semipolicial, detectivesca. No se necesita tanto especialistas en Derecho como investigadores de hechos.

Nadie niega que la inspección deba contar con expertos cualificados para desenmascarar operaciones muy sofisticadas de ingeniería financiera, pero sin duda esta área constituye una parte muy concreta y determinada del fraude fiscal, que debe afectar por tanto a un número reducido de funcionarios. La parte más vasta de la evasión se encuentra en la ocultación de rentas y de operaciones económicas por procedimientos mucho más simples, que sólo precisan para su descubrimiento de determinadas exigencias legales y de la orientación de la inspección a la indagación de los hechos ocultados.

De nuevo, la comparación con la lucha contra la delincuencia puede ilustrar lo que se viene afirmando. ¿Qué ocurriría si ésta se intentase afrontar exclusivamente con fiscales que calificasen muy correctamente los hechos delictivos pero sin policías que los descubriesen? El fracaso estaría servido. En realidad, el fraude fiscal es un tipo de delincuencia. En la mayoría de los casos de guante blanco y por ello no requiere emplear las medidas coactivas y de fuerza que utilizan los cuerpos policiales, pero sí sus técnicas y sus procedimientos de investigación. Incluso no hay que descartar que determinadas evasiones fiscales se adentren en los ámbitos oscuros de la delincuencia propiamente dicha y en la que se haría necesaria la actuación policial en sentido estricto. Por ello, hay que lamentar que una vez más el Ministerio del Interior, por criterios puramente corporativos, se niegue a que la Agencia Tributaria cuente con una policía especializada en este tipo de delitos.

En cualquier caso, hay que alegrarse de que la Administración Tributaria por primera vez desde hace bastantes años haya presentado un plan elaborado, bastante completo y coherente de lucha contra el fraude. Esperemos que las medidas legales necesarias se aprueben y que la voluntad política manifestada ahora no termine abortándose por presiones, que las habrá, numerosas e importantes.