De
siniestros, banderas, privatizaciones y autonomías
Aún no se perciben,
aunque sin duda se percibirán en el futuro, los efectos del Estatuto de
Cataluña y del resto de los nuevos estatutos, pero lo que sí estamos padeciendo
día tras día son los resultados negativos de todo ese proceso de quiebra
técnica del Estado iniciado años atrás. Privatizaciones y Autonomías se están
cobrando su tributo.
Los propietarios de las eléctricas se forran
con OPAS y más OPAS, pero la sociedad catalana tiene que sufrir resignada haber
estado sin fluido eléctrico y en el mayor de los caos
durante bastantes días. Los políticos de Cataluña, como única respuesta,
recurren al victimismo de que esta comunidad está discriminada en las
inversiones, como si el problema generado por las privatizaciones no afectase
en uno u otro aspecto a toda España.
Todos los veranos, ya sea en Guadalajara, en
Galicia o en Canarias, los incendios están demostrando, al igual que en su día
lo demostró el Prestige, que la disgregación
autonómica impide una respuesta adecuada a las catástrofes. La actuación frente
a un siniestro de cierta magnitud sobrepasa los medios disponibles en una
Comunidad Autónoma y, al estar las competencias trasferidas, sería absurdo y un
dispendio que el Estado duplicase los servicios y las infraestructuras.
Rajoy tiene razón cuando plantea la
necesidad de contar con una agencia nacional dedicada a esta finalidad.
Zapatero también la tiene cuando afirma que eso sería duplicar la burocracia,
porque en realidad no se necesitaría una agencia sino centenares. Casi tantas
como las competencias trasferidas. Lo que realmente se precisaría es la
reconstrucción del sector público estatal que se ha desmantelado. En las
catástrofes, por su carácter esporádico y extraordinario, es posible que se
haga más patente la actual discapacidad estatal, pero ésta se extiende al resto
de las necesidades sociales. Privatizaciones y Autonomías están dando al traste
con nuestro incipiente Estado del bienestar. Son todos los servicios los que se
están deteriorando. La riqueza y el crecimiento generado en las dos o tres
últimas décadas no está teniendo ningún reflejo, por
ejemplo, en los servicios sanitarios o en las pensiones con lo que la pobreza
en el ámbito de los jubilados se extiende y se intensifica.
Zapatero, para prevenir las catástrofes, no
quiere crear más burocracia en el Estado, aunque no le importa incrementar el
gasto público para compensar aquellas, cuando se compromete a realizar
inversiones y más inversiones en Cataluña o a sufragar todas las pérdidas de
los incendios en Canarias. Porque, ahí está la paradoja, todos somos muy
autonomistas, casi nacionalistas, pero a la hora de la verdad reclamamos la
solución de papá Estado, olvidándonos de que ya no tiene las competencias, bien
porque las hemos transferido a las autonomías o bien porque hemos privatizado
los servicios.
En la transición, quizás queriendo matar
moscas a cañonazos, se creó el Estado de las Autonomías con el único propósito
y justificación de integrar a los nacionalismos. Treinta años después, los
nacionalismos se encuentran mucho más fuertes y mucho menos integrados y, lo
que es aún peor, la enfermedad se ha contagiado a todas las Autonomías y ha
germinado en los clanes regionales de todos los partidos, que ven en ellas un
instrumento de su propio poder y relevancia.
El proceso es explosivo porque es abierto y
porque los acuerdos se han realizado sin renuncia de una de las partes a sus
reivindicaciones. Siempre es a más y a más, nunca a menos. Está de moda poner
como ejemplo a seguir el de Irlanda. Pero en Irlanda ha sido posible el pacto
porque los nacionalistas tenían mucho que ganar. Aquí no, aquí lo tienen ya
todo ganado, como no sea esa propuesta de máximos que ningún Estado puede
tolerar. Se ha reparado poco en la noticia acaecida en los últimos días de que
el ejército británico ha abandonado el territorio. Y tampoco se puso mucho
énfasis en señalar que Blair, ante el primer atentado del IRA, suspendió de
inmediato
Lo sucedido en el País Vasco en las pasadas
elecciones ralla en el escándalo. Una campaña electoral caracterizada por los
tumultos, amenazas, coacciones a los candidatos y en la que, en el mismo
momento de la votación, los abucheos y agresiones estuvieron presentes. ¿Se
puede hablar de elecciones libres? ¿Se puede hablar de democracia cuando los
candidatos tienen miedo a presentarse?
Es verdad que no se puede identificar
nacionalismo con terrorismo, pero la identidad de objetivos, por más que se
remarque la diferencia en los medios, extiende un manto de sospecha acerca de
si el primero es el más apto para combatir al segundo. En cualquier caso,
resulta evidente que el Gobierno vasco está siendo incapaz, porque no quiere o
porque no puede, de garantizar el cumplimiento de la ley y los derechos básicos
de los ciudadanos en Euzkadi. En estas condiciones,
¿puede el Estado inhibirse y permitir que en parte de su territorio resulte
imposible celebrar elecciones libres? ¿Puede permanecer impasible cuando le son
coartados derechos fundamentales a algunos de sus ciudadanos?
El problema se hace incluso más grave cuando
son los propios gobiernos regionales los que desprecian la ley y pretenden
comportarse como poderes independientes, olvidando que su única autoridad
deriva del Estado al que dicen despreciar. Los Gobiernos de Ibarretxe han
actuado desde el principio en la provocación y en el chantaje. El último
eslabón lo constituye su negación a colocar la bandera española en los
edificios oficiales. La cuestión de las banderas me ha parecido siempre una
estupidez, pero, precisamente por eso, cuando se pone tanto empeño en este
asunto adquiere un valor simbólico, augurio de otros muchos temas de mayor
calado.
Sin duda el reto al
Estado del Gobierno vasco es inaceptable, pero, por el mismo motivo, lo es
también el de la Comunidad de Madrid cuando se niega aplicar la ley antitabaco
o la enseñanza en los colegios de esa asignatura titulada Educación para