De homosexuales e islamistas

En esto del progresismo es fácil la confusión, el quid pro quo. Considero justo que los homosexuales tengan los mismos derechos que el resto de los ciudadanos, pero dudo de que el camino adecuado sea el de confluir todos en el matrimonio. La trayectoria debería ser más bien a la inversa. Lo progresista no consiste tanto en transformar las parejas de hecho en parejas de derecho, sino en aceptar que el derecho tiene poco que decir respecto a las relaciones afectivas y sexuales de las personas. El concepto actual de familia está asentado en supuestos obsoletos e inadecuados para las condiciones presentes. Separado el matrimonio de la procreación, anulada con la incorporación de la mujer al mercado laboral la división del trabajo que tradicionalmente se daba en la familia, aceptado con el divorcio el carácter provisional de ésta, censurada por el Constitucional su unidad fiscal, ¿por qué las relaciones entre los cónyuges tienen que regirse por normas jurídicas diferentes a las de cualquier unión de personas que vivan en común, sean cuales sean los lazos entre ellas? Se precisa un derecho del menor pero no un derecho de la familia. Hasta la misma razón de ser de la pensión de viudedad se tambalea.

Con asombro leo la noticia de que se pretende financiar con los Presupuestos del Estado la práctica de la religión islámica, al tiempo que se establecen en las escuelas clases de Corán y se facilita el acceso a la televisión pública a los grupos islámicos para que emitan programas religiosos. Mi sorpresa no radica en el hecho de que se concedan los mismos derechos a la religión islámica que a la católica. Es más, juzgo realmente impúdico que desde ambientes o medios católicos se critiquen tales medidas. Mi confusión proviene del procedimiento elegido para conseguir la igualdad. Considero que de lo que se trata no es de dar a todas las religiones un carácter público, sino privado. Una cosa es la libertad religiosa y otra muy distinta que se subvencionen y se promuevan desde el Estado.

Me parece que el camino correcto consiste en evolucionar hacia que todas las religiones, sean cuales sean, se autofinancien, es decir, que sean los propios fieles, si les interesa, los que corran con su mantenimiento y, por tanto, que sean también ellos los que exijan cuentas y decidan qué gastos hay que acometer y cuáles no. El proceso adecuado hacia la igualdad sería hacer desaparecer de una vez de los Presupuestos del Estado la subvención a la iglesia católica, residuo del nacional catolicismo y ese sustituto que se ha buscado para encubrirlo de colocar la cruz en el Impuesto sobre la Renta. Todo ello no sería impedimento para que si alguna confesión acometiese obras sociales éstas se pudiesen subvencionar, pero siempre al margen de cuál fuese el credo religioso y en igualdad de condiciones con otras asociaciones que pudiesen presentarse y que tuviesen un carácter laico.

Lo pertinente es que la doctrina católica se enseñe en las iglesias, la islámica en las mezquitas y la hebrea en las sinagogas, y que la escuela subvencionada con el dinero público sea laica y se dedique a las cosas de este mundo.

Es curioso que en los tiempos que vivimos, controlados ideológicamente por el neoliberalismo, tan enemigo de lo público y tan amante de la privacidad, apliquemos estos esquemas únicamente a la economía, mientras que nos empeñemos en colocar a otras materias como las relativas a las confesiones religiosas o a las relaciones afectivas y sexuales bajo el paraguas del Estado.