Serlo y parecerlo

A propósito de los créditos condonados por La Caixa al PSC y a Izquierda Republicana, ha retornado a primer plano de la actualidad el Problema de la financiación de los partidos políticos. Asunto importante donde los haya, porque de lo que en realidad tratamos es de la limpieza y veracidad del juego democrático y de la interferencia del poder económico en el poder político. Desde el inicio, las clases acomodadas e ilustradas recelaron de la soberanía popular y de la democracia e ingeniaron mecanismos para acomodar el sistema a sus intereses. No están demasiado lejanos los días del caciquismo y de la compra de votos. Hoy se compra directamente a los políticos y a los gobiernos.

EEUU es un buen paradigma de lo afirmado. La permisividad en las donaciones a los políticos lleva a que las campañas electorales estén sufragadas por las empresas o por las grandes fortunas que, antes o después, pasan factura reclamando privilegios u orientando hacia sus intereses la acción de los gobiernos, con el consiguiente perjuicio para el bien general. Pero existe un efecto más pernicioso aún si cabe: son las fuerzas económicas las que seleccionan, a través de la financiación, los partidos y los políticos que pueden competir y determinan en buena medida los resultados electorales.

En los países europeos, la legislación no suele ser tan permisiva. No obstante, se buscan resquicios y fisuras por las que escapar a la norma. En España , las donaciones anónimas –hasta ahora permitidas–, las empresas interpuestas con facturas de servicios ficticios o la condonación de créditos bancarios han sido las formas más socorridas. La mujer del César no sólo debe de ser honrada sino también parecerlo. Es por ello por lo que la noticia de que La Caixa ha perdonado mil millones al PSC crea todo tipo de incertidumbres y pone bajo sospecha muchas de las medidas de gobierno que afectan a esta entidad financiera o a sus filiales, tanto más si el ministro que tiene que dictaminarlas es el primer secretario del PSC. ¿Podemos estar seguros de que la notable subida realizada recientemente en las tarifas del gas viene exigida por los costes? ¿No habrá quien sospeche que la OPA hacia Endesa no se juzgará con objetividad y de acuerdo con los intereses generales? El tema se complica aún más si están presentes presiones nacionalistas. Resulta difícil calificar de despropósito la sospecha si tenemos en cuenta los antecedentes. Hemos contemplado cómo en épocas no demasiado lejanas el Gobierno de González primero y después el de Aznar, estando en minoría y necesitando los votos de Convergencia, vendieron Enagás a La Caixa por un pecio muy inferior a su verdadero valor.

El ayuntamiento entre poder económico y político es el mayor riesgo que en la época actual acecha a la democracia. Hemos presenciado  la privatización de las grandes empresas del sector público, y también cómo los gestores públicos nombrados por el Gobierno de turno – lógicamente unidos a él por fuertes lazos– continuaban al frente de las sociedades una vez privatizadas. No es disparatado pensar que desde estos puestos con enorme poder económico no sientan la tentación de devolver los favores al partido que los encumbró, en especial si las donaciones anónimas están permitidas. Y tampoco parece ilógico sospechar que un nuevo gobierno, ayuntándose con otros poderosos, pretenda desplazar de sus cargos a estos gestores. ¿Dónde termina el poder económico y comienza el político? Resulta difícil saberlo. ¿Qué sentido tienen las privatizaciones?

Vivimos en un mundo mediático. Lo que no está en los medios no existe. El triunfo o el fracaso electoral dependen en gran medida de los recursos económicos que se tengan y de la capacidad de estar presente en los canales de comunicación. Las fuerzas políticas que carezcan de estas posibilidades están condenadas a desaparecer. Los medios se alinean alrededor de los partidos, principalmente de los dos grandes y reciben de ellos también sus beneficios. Las concesiones, tanto en el gobierno central como en los autonómicos, se reparten de acuerdo con las simpatías y las similitudes. Los medios devolverán el favor en forma de publicidad y propaganda. Hablar hoy de libertad de prensa es un chiste.

Financiación irregular es –más que irregular, ilegal y casi delictiva– la utilización de fondos públicos para realizar campañas de publicidad y propaganda a mayor gloria y boato de un determinado gobierno, bien sea central, autonómico o municipal. Es totalmente permisible que las Administraciones Públicas realicen campañas de publicidad para informar a los ciudadanos de ciertos servicios o para concienciarles en determinadas obligaciones cívicas. Campañas como las de Tráfico o sobre incendios, sequía u obligaciones tributarias no sólo son lícitas sino convenientes. Por el contrario, cuando la publicidad únicamente se utiliza, como recientemente está ocurriendo en la Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid con la sanidad y la M-30 , para cantar los logros y excelencias, verdaderos o ficticios, de un gobierno, roza los límites del cohecho.