Serlo
y parecerlo
A
propósito de los créditos condonados por La
Caixa al PSC y a Izquierda Republicana, ha retornado a primer
plano de la actualidad el Problema de la financiación de los partidos
políticos. Asunto importante donde los haya, porque de lo que en realidad
tratamos es de la limpieza y veracidad del juego democrático y de la
interferencia del poder económico en el poder político. Desde el inicio, las
clases acomodadas e ilustradas recelaron de la soberanía popular y de la
democracia e ingeniaron mecanismos para acomodar el sistema a sus intereses. No
están demasiado lejanos los días del caciquismo y de la compra de votos. Hoy se
compra directamente a los políticos y a los gobiernos.
EEUU es un buen paradigma de lo afirmado. La
permisividad en las donaciones a los políticos lleva a que las campañas
electorales estén sufragadas por las empresas o por las grandes fortunas que,
antes o después, pasan factura reclamando privilegios u orientando hacia sus
intereses la acción de los gobiernos, con el consiguiente perjuicio para el
bien general. Pero existe un efecto más pernicioso aún si cabe: son las fuerzas
económicas las que seleccionan, a través de la financiación, los partidos y los
políticos que pueden competir y determinan en buena medida los resultados
electorales.
En los países europeos, la legislación no
suele ser tan permisiva. No obstante, se buscan resquicios y fisuras por las
que escapar a la
norma. En España , las donaciones
anónimas –hasta ahora permitidas–, las empresas interpuestas con facturas de
servicios ficticios o la condonación de créditos bancarios han sido las formas
más socorridas. La mujer del César no sólo debe de ser honrada sino también
parecerlo. Es por ello por lo que la noticia de que La
Caixa ha perdonado mil millones al PSC crea todo tipo de
incertidumbres y pone bajo sospecha muchas de las medidas de gobierno que
afectan a esta entidad financiera o a sus filiales, tanto más si el ministro
que tiene que dictaminarlas es el primer secretario del PSC. ¿Podemos estar
seguros de que la notable subida realizada recientemente en las tarifas del gas
viene exigida por los costes? ¿No habrá quien sospeche que la
OPA hacia Endesa no se juzgará con objetividad y de acuerdo
con los intereses generales? El tema se complica aún más si están presentes
presiones nacionalistas. Resulta difícil calificar de despropósito la sospecha
si tenemos en cuenta los antecedentes. Hemos contemplado cómo en épocas no
demasiado lejanas el Gobierno de González primero y después el de Aznar,
estando en minoría y necesitando los votos de Convergencia, vendieron
Enagás a La Caixa
por un pecio muy inferior a su verdadero valor.
El ayuntamiento entre poder económico y
político es el mayor riesgo que en la época actual acecha a la
democracia. Hemos presenciado
la privatización de las grandes empresas del sector público, y también
cómo los gestores públicos nombrados por el Gobierno de turno – lógicamente
unidos a él por fuertes lazos– continuaban al frente de las sociedades una vez
privatizadas. No es disparatado pensar que desde estos puestos con enorme poder
económico no sientan la tentación de devolver los favores al partido que los
encumbró, en especial si las donaciones anónimas están permitidas. Y tampoco
parece ilógico sospechar que un nuevo gobierno, ayuntándose
con otros poderosos, pretenda desplazar de sus cargos a estos gestores. ¿Dónde
termina el poder económico y comienza el político? Resulta difícil saberlo.
¿Qué sentido tienen las privatizaciones?
Vivimos en un mundo mediático. Lo que no
está en los medios no existe. El triunfo o el fracaso electoral dependen en
gran medida de los recursos económicos que se tengan y de la capacidad de estar
presente en los canales de comunicación. Las fuerzas políticas que carezcan de
estas posibilidades están condenadas a desaparecer. Los medios se alinean
alrededor de los partidos, principalmente de los dos grandes y reciben de ellos
también sus beneficios. Las concesiones, tanto en el gobierno central como en
los autonómicos, se reparten de acuerdo con las simpatías y las similitudes.
Los medios devolverán el favor en forma de publicidad y propaganda. Hablar hoy
de libertad de prensa es un chiste.
Financiación irregular es –más que
irregular, ilegal y casi delictiva– la utilización de fondos públicos para
realizar campañas de publicidad y propaganda a mayor gloria y boato de un
determinado gobierno, bien sea central, autonómico o municipal. Es totalmente
permisible que las Administraciones Públicas realicen campañas de publicidad
para informar a los ciudadanos de ciertos servicios o para concienciarles en
determinadas obligaciones cívicas. Campañas como las de Tráfico o sobre
incendios, sequía u obligaciones tributarias no sólo son lícitas sino
convenientes. Por el contrario, cuando la publicidad únicamente se utiliza,
como recientemente está ocurriendo en la
Comunidad y en el Ayuntamiento de Madrid con la sanidad y la
M-30 , para cantar los logros y excelencias, verdaderos o
ficticios, de un gobierno, roza los límites del cohecho.