Dejemos en paz los salarios
La osadía de los
tertulianos es proverbial. Están obligados a pontificar acerca de todas las
materias, las más de las veces sin saber de ninguna. Pero la magnitud del
despropósito se agranda cuando se trata de economía, en especial si se las dan
de expertos en la disciplina. Los tópicos se repiten y se transmiten de uno a
otro, y en realidad nadie los analiza ni comprueba si las circunstancias continúan
siendo las mismas que cuando se acuñaron. Estos días, a propósito del
incremento progresivo de los precios, les ha dado, rememorando épocas pasadas,
por afirmar que la inflación es el peor de los impuestos.
La inflación se puede considerar -aunque tan sólo en sentido amplio- un impuesto cuando el déficit se monetiza, es decir, si se financia mediante la creación de dinero. Pero nada de eso ocurre ahora. En los momentos presentes hay que mirar hacia otro lugar. En el fenómeno de la inflación existe algo mucho más evidente, si bien nadie parece querer considerar y es que los precios los fijan los empresarios, y que son éstos sus principales beneficiarios.
Tras
la inflación lo que subyace es una guerra de rentas. Todos los sectores y
grupos sociales compiten por apoderarse de un trozo mayor de pastel. La
distribución de la renta no se modificaría si todos los precios, incluyendo
salarios y tipos de interés, se elevasen en la misma proporción. Pero esto
nunca sucede, por lo que siempre hay quienes salen beneficiados y quienes,
perjudicados. Todo depende de la capacidad de respuesta y la fuerza que tenga
cada grupo. Lo que hay es una batalla, por eso resulta tan absurdo exigir a uno
de los contendientes que no luche y que se entregue con armas y bagajes. Nadie
se extraña de que los empresarios incrementen los precios cuando los costes
laborales se disparan. Pero, curiosamente, cuando el proceso es a la inversa
todos critican a los trabajadores y se aprestan a vilipendiar la cláusula de
revisión salarial. Cláusula que sería muy fácil de desactivar: bastaría con
que los empresarios no elevasen los precios.
Al
tiempo que el Ministerio de Trabajo daba a conocer el incremento salarial medio
en convenio hasta el mes de octubre -3,01, un punto menos que el IPC-, desde el
Banco de España se criticaba la cláusula de revisión salarial. ¿Qué se
pretende?, ¿qué es lo que se pide en realidad?, ¿que los trabajadores
renuncien a defenderse de la subida de los precios y acepten pacientemente no sólo
no participar en el crecimiento de la economía sino empeorar año tras año,
perdiendo poder adquisitivo? Se afirma que para que la economía del país vaya
bien se precisa de tal sacrificio, pero cada trabajador individualmente podría
contestar que a quién carajo le importa que la economía de España vaya bien
si su economía va cada vez peor.
Es
imposible que los trabajadores y los sindicatos acepten voluntariamente tales
planteamientos. De ahí el empeño de cambiar el ámbito de negociación
laboral, sustituyendo los convenios sectoriales por los convenios de empresa. La
fuerza que las organizaciones sindicales poseen en los primeros es bastante
mayor que en los segundos. Los datos del Ministerio de Trabajo lo confirman. Los
incrementos salariales medios pactados en convenios en uno y en otro caso han
sido de 3,07 y 2,57, respectivamente.
ASAJA
acaba de informar sobre la brutal diferencia entre los precios cobrados a los
consumidores y los pagados en origen a los agricultores y ganaderos, diez y
veinte veces superiores. Si se pretende analizar la causa de la inflación con
objetividad, hay que dirigir la vista a las empresas y a la organización de los
mercados, y dejemos de una vez en paz los salarios.