La política social de ZP
Todo el mundo ha considerado lógico
el anuncio de que este verano Rodríguez Zapatero no estará en Rodezno en la
fiesta del SOMA-UGT. No están los tiempos para bromas. Las medidas que está tomando
y las que parece que va a adoptar el Gobierno no son precisamente para
confraternizar con los sindicatos.
Pero con ocasión de tal anuncio se
va extendiendo en la sociedad una idea que tiene mucho de falacia. Se afirma
que en los años anteriores el presidente del Ejecutivo empleaba este acto para
anunciar sus medidas de política social, dando por supuesto que a lo largo de
sus seis años de gobierno ha instrumentado una política que puede recibir tal
calificativo.
Es cierto que durante este periodo
se han aprobado determinadas medidas que podrían tenerse por sociales, pero con
características muy diferentes. Una, la de la elevación del salario mínimo
interprofesional, ha sido lógica y adecuada, teniendo en cuenta que hacía más
de veinte años que no se actualizaba. De todos modos, su actualización ha
quedado a mitad de camino. Otra, la subida de las pensiones mínimas, totalmente
insuficiente, y un poco tramposa porque casi, casi, son salvas sin munición,
dado que afecta a un número limitado de ellas y con un coste pequeño. ¿Por qué
sólo las mínimas? En realidad, en el sistema público de pensiones hasta las más
altas son mínimas. La ley de dependencia es casi una declaración de
intenciones, sin apenas financiación. Por último, otras, como el cheque-bebé o
la desgravación de los 400 euros tienen un carácter netamente electoral, y una
naturaleza muy dudosa ya que se aplican por igual a ricos y a pobres.
En cualquier caso, en lo que
conviene insistir es que una política verdaderamente social es algo muy distinto.
En primer lugar, es totalmente inseparable de la política económica. Resulta
difícil aceptar que se haya instrumentado una política social coherente cuando
a lo largo de los años de abundancia los salarios apenas han mantenido el poder
adquisitivo.
En segundo lugar, la política
social precisa de actuaciones tanto desde el lado de los gastos como desde el
de los ingresos. Una política fiscal marcadamente progresiva es imprescindible,
dado que su capacidad redistributiva es tanta o mayor que la de los gastos y,
además, porque será imposible la financiación de éstos,
si no se cuenta con un sistema tributario con elevada capacidad recaudatoria.
Los gobiernos de Zapatero no se han
caracterizado precisamente por haber practicado una política fiscal progresiva.
Comenzando por el fraude fiscal, mal endémico de nuestro país, apenas se le ha
prestado atención desde el Ejecutivo. No han modificado
Las reformas fiscales emprendidas
durante el mandato de Zapatero han sido todas regresivas. Disminución del tipo
del Impuesto sobre Sociedades; reforma del IRPF, reduciendo el numero de tramos
y el tipo marginal y, lo que es aún más grave, consolidando la escandalosa
medida adoptada por el PP, separando las
rentas del capital de las de otra clase y aplicándoles un trato de favor
mediante un tipo menor y proporcional. Y, por último, la eliminación del
Impuesto de Patrimonio.
Cuando se hacen números es fácil
constatar la política social que de verdad se podría haber realizado con los
recursos empleados en rebajar los impuestos a las clases altas y medias altas,
así como con los ingresos adicionales que se podrían haber obtenido si se
hubiera acometido en serio la lucha contra el fraude fiscal y se hubiesen
aplicado determinas medidas que corrigiesen las reformas que el PP llevó a cabo
en su momento. Sin demasiado margen de error, se podría señalar que las
reformas fiscales emprendidas por Zapatero han podido representar para un
consejero de alguno de los grandes bancos del país un beneficio anual superior
a los 10.000 euros, sin duda bastante parecido al incremento de la pensión
mínima.
Pero, con todo, lo que muestra
realmente la política social de Zapatero es el hecho de que cuando se ha
decidido a realizar una política restrictiva con una reducción brutal del
déficit su mirada se ha dirigido no a los impuestos directos, sino a la subida
del IVA que pagan por igual todos los ciudadanos, a los sueldos de los
funcionarios y a las pensiones, y a un empeoramiento de los servicios públicos
mediante recortes en las plantillas de la Administración y de las inversiones.
Dicen que el PP no tiene proyecto
ni alternativa en materia económica. ¿Cómo los va a tener si el trabajo sucio
ya se lo está haciendo el PSOE?