¿Comisión o subcomisión?

Al escuchar el viernes al portavoz de Economía del PP declarar con voz pía y meliflua la decisión de su partido de crear una subcomisión para esclarecer el asunto de Gescartera, más de uno habrá pensado que la oposición adopta una postura cerril. ¿Qué más da comisión que subcomisión? ¿Qué diferencia existe? Pues bastante, porque la distinción no se encuentra en el prefijo sub, sino en que sea de investigación o de estudio. En el caso de Gescartera, hay poco que estudiar y mucho que investigar. La primera dispone de instrumentos, medios y facultades de los que carece por completo la segunda.

La subcomisión de estudio es la coartada que emplea siempre el Gobierno para neutralizar las comisiones de investigación y también siempre con el mismo argumento: no hacer juicios paralelos, dejar actuar a la justicia. Y es que en éste como en otros muchos casos de corrupción la gravedad no está tanto en que dos chorizos más o menos avispados hayan engañado al personal, sino en la total impunidad con que han podido hacerlo, sin que funcionase ninguno de los mecanismos de control; por ineficacia, sí, pero también por favoritismo, amiguismo o hermanismo. Que las auditorías han fallado es evidente, en esta ocasión y en todas las que ha habido problemas, Banesto, PSV, etcétera. Y continuarán fallando hasta que no se exija a las firmas y a sus socios responsabilidad civil e incluso penal.

Pero tampoco ha funcionado la CNMV. Nada más elocuente que las declaraciones de su presidenta en el Congreso. Se concedió la licencia por la honorabilidad de la ONCE. La verdad es que de la ONCE habría mucho que hablar. Ha estado metida en demasiados guisos y sus directivos han utilizado el inmenso poder de participar en el monopolio de la lotería para intervenir en todo tipo de intrigas. Ya no nos acordamos de El Independiente, de Onda Cero o de Telecinco. Tan honorables, que fueron compañeros de andanzas de Berlusconi. Pero, en realidad, para Pilar Valiente, la ONCE era sólo un ejemplo, el único que se podía hacer público. Lo que subyace en su afirmación es que la concesión de la licencia obedecía a la multitud de honorables que estaban dispuestos a prestar su honorabilidad a unos estafadores. Tal comportamiento difícilmente puede ser juzgado desde el Código Penal, pero debe ser aclarado y sancionado desde la responsabilidad social y política.