El
problema de la vivienda
El Gobierno no lo tiene fácil con el
problema de
En el mercado de la vivienda, al igual que
en cualquier mercado libre, los precios se forman por la conjunción de la
oferta y
Tampoco parece que la mejor política para
mantener el precio sea actuar por el lado de la demanda mediante subvenciones,
tal como en este momento proyecta el Ministerio. El efecto puede ser el
contrario al que se pretende conseguir. Se incentivará la demanda y es muy
posible que los recursos públicos así canalizados terminen en manos de
promotores y constructores por la vía de una elevación del precio. Por otra
parte, las subvenciones dirigidas a colectivos concretos siempre conllevan algo
de arbitrario: ¿por qué sólo a los jóvenes?; y la capacidad económica resulta a
menudo difícil de calcular, sobre todo cuando determinados ciudadanos, como los
profesionales y empresarios que facturan a los consumidores, pueden ocultar
fácilmente sus rentas. Se puede dar la paradoja de que aquellos que defraudan
tengan acceso a ayudas que estarían vetadas a los que tienen sus ingresos
controlados por una nómina.
Las actuaciones públicas deberían acometerse
principalmente desde el lado de la oferta, incrementando ésta todo lo que fuese
necesario para que los precios no se elevasen. En primer lugar, habría que
movilizar las casas vacías promoviendo un mercado de alquiler. La normativa
actual sumamente proteccionista con el inquilino termina volviéndose en su
contra porque, ante los riesgos que comporta, los propietarios se retiran del
mercado, o exigen tales garantías bancarias que resultan prohibitivas para la
mayoría de los futuros arrendatarios. Sin duda en este estado de cosas influye
la lentitud de la justicia en dictaminar los desahucios. Una medida a todas
luces positiva es el proyecto de crear una agencia pública cuya finalidad sería
garantizar subsidiariamente a los posibles inquilinos; la vivienda es un bien
de primera necesidad por lo que parece justo que nadie sea desalojado de su
casa ante necesidades económicas sobrevenidas, pero el coste de la medida debe
recaer sobre el Estado y no sobre el arrendador, ya que de lo contrario el
riesgo le hará inhibirse de poner el piso en alquiler que es lo que sucede en
la actualidad.
En segundo lugar, aumentando la oferta de
obra nueva. Ello nos conduce al asunto del suelo disponible. La solución no
puede provenir de su liberalización, como pretenden los conservadores, pero sí
de que los poderes públicos pongan en el mercado todo el suelo urbano
necesario, y a los precios adecuados, para que la oferta de viviendas se
incremente. Claro que de nada vale que exista suelo recalificado si se permite
que se retenga, jugando especulativamente con una elevación del precio. Las
ventas y recalificaciones tendrían que ir acompañadas de requisitos y
condiciones que garantizasen su transformación en viviendas, y con
características previamente pactadas de acuerdo con el objetivo que se pretende
conseguir.