Verano californiano

Entre las muchas verdades que Gaspar Llamazares espetó al presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación hubo una especialmente incisiva, y que, por supuesto, Aznar eludió. Se refería a las empresas privatizadas. ¿Cómo es posible, se preguntaba el líder de Izquierda Unida, que los gestores nombrados por el Gobierno cuando las sociedades eran públicas continúen al frente de ellas una vez que han pasado a manos privadas?, y ¿cómo suponer que el Gobierno se comporta con neutralidad e independencia frente a estas grandes compañías cuando quienes las dirigen son altos cargos del partido o amigos personales del presidente del Ejecutivo o del Ministro de Economía?

Las mayores corrupciones emergen allí donde se aparea el sector público con el privado. El sistema americano es un sistema corrupto porque todo presidente comienza su mandato ya hipotecado a las grandes sociedades que han financiado su campaña electoral. Bush se ve impelido a expandir la industria de armamento para agradecer favores pasados, y no puede firmar el tratado de Kioto porque otros son los intereses de las compañías eléctricas. Mientras tanto, California es presa del caos energético.

California es ejemplo claro de lo que sucede cuando los servicios públicos se entregan al lucro privado. Las necesidades de los consumidores y de los ciudadanos no interesan, sólo la cuenta de resultados. Pero California es algo más, es también expresión de un método, de un plan, de una coartada: si hay problemas de suministro, si no se han acometido las inversiones adecuadas, la culpa es del Estado que no ha permitido a las empresas campar a sus anchas y fijar los precios que les apetezcan, por muy abusivos que sean.

El modelo se ha trasladado a España. Iberdrola y el resto de las eléctricas se han puesto la venda antes de la herida, y han alertado al Gobierno sobre la eventualidad de cortes de suministro eléctrico. No me cabe duda de que la liberalización emprendida puede conducir a que cualquier día ciertas regiones del país padezcan dificultades graves de electricidad, de transporte o de teléfono. Las empresas privadas invertirán únicamente en aquellas zonas que les resulten rentables. Pero creo también que los estudios que las compañías eléctricas han puesto sobre la mesa tienen ante todo otra finalidad: presión y chantaje. Presionan para que se les libre de toda regulación y cortapisa en las obras a acometer y, sobre todo, para adecuar las tarifas a sus intereses. Parece que no tienen bastante con ese billón de pesetas que tan alegremente han conseguido. Si el que presiona es Martín Villa ¿cómo se va a negar el Gobierno? Si Alfonso Cortina habla de energía nuclear, energía nuclear tendremos.