La reforma hoy
posible
Obama quizás haya pensado que había sido un bonito regalo de
Navidad. El Senado norteamericano ha dado luz verde a la reforma sanitaria.
Bien es verdad que con notables recortes sobre el diseño original; pero mejor
es eso que nada y Obama, además de soñador, es
pragmático. A pesar de los pesares, el salto es gigantesco y en el camino ha
tenido que librar múltiples obstáculos. La oposición del Partido Republicano ha
sido frontal, el descontento dentro de los demócratas notorio, y –sobre todo– encarnizada la batalla presentada por el lobby de la
industria farmacéutica, las compañías aseguradoras y el sector sanitario que
han promovido en la opinión pública una gigantesca campaña en contra de la
reforma, hasta el extremo de erosionar de forma significativa la popularidad
del presidente.
Los
datos son de sobra conocidos. Una de las lacras históricas de la política
americana estriba en carecer de un sistema sanitario universal. A pesar de ser
uno de los países que más recursos dedica a esta finalidad (un 19% del PIB, el
doble que la media de la OCDE), un 15% de la población (47 millones de
americanos) no disfruta de prestación sanitaria alguna y una parte importante
del resto cuenta únicamente con una cobertura parcial e incompleta. Aunque el
Estado aporta mediante los dos sistemas, Medicaid y
Medicare, casi la mitad de los recursos, la gestión es en su totalidad privada.
Y es precisamente en esta gestión privada donde puede radicar el problema.
Si
algo ha dejado patente el sistema sanitario americano es lo infundado de la
supremacía del sector privado sobre el público a la hora de administrar
determinados servicios. Someter la asistencia sanitaria a la lógica del mercado
y del máximo beneficio puede, sin duda, llenar los bolsillos de algunos
colectivos, pero resulta ineficaz en la asignación de los recursos para
conseguir la primera finalidad: mantener la salud de
La
nueva reforma pretende evitar una de las principales corruptelas que el sistema
permitía y, así, impide que las compañías puedan rechazar a un paciente por condiciones
médicas preexistentes, o bien que puedan subir las cuotas a aquellos asegurados
que contraigan una enfermedad grave. Sin embargo, el cedazo del Senado no ha
permitido la creación de un seguro público que compitiera con las aseguradoras
privadas. La gestión seguirá siendo privada en su conjunto y resultará, por
tanto, muy difícil que los precios se reduzcan y –con toda probabilidad–
el coste de la reforma recaerá sobre los contribuyentes, lejos de financiarse
mediante la reducción de márgenes de las empresas privadas y de los
profesionales.