Público-Privado

Ahora le ha tocado el turno al transporte aéreo. No hay mayor ciego que el que no quiere ver. EEUU nos ha precedido en casi todo, también en la liberalización de este sector con el correspondiente incremento de accidentes aéreos. Las llamadas liberalizaciones económicas no han traído precisamente demasiados beneficios a los consumidores. En ningún caso han servido para reducir los precios; lo único que suele disminuir es la seguridad y la calidad del servicio. Y es que en realidad no hay tal liberalización, lo único que se consigue es sustituir el control de los poderes públicos por el de determinadas empresas.

En aquellos contados casos, como en el que nos ocupa, en que parece que hay competencia, enseguida nos damos cuenta de que constituye únicamente un espejismo, y que todo termina en una estafa. Los damnificados suelen ser ciertamente las clases menos favorecidas, más necesitadas de comprar duros a perra gorda o con menos cultura para detectar el posible engaño. Los platos rotos los termina pagando el Estado -es decir, todos los ciudadanos-, obligado a paliar al menos parcialmente los desaguisados sociales.

Las privatizaciones de las sociedades estatales han aumentado la indefensión de los consumidores, al tiempo que han constituido un excelente negocio para el poder económico. Solo hay que ver cómo se pelean ofreciendo más y más dinero por adquirir y controlar alguna de las grandes empresas que antes formaban parte del sector público.

Como si no fuese bastante, ahora se ha puesto de moda ese engendro de las empresas público-privadas. Sistema de financiación privada, los PFI (sus siglas en inglés), copia de lo llevado a cabo con tan malos resultados en Gran Bretaña. La presidenta de la Comunidad de Madrid pretende aplicarlo a los hospitales. Las empresas concesionarias, en su mayoría constructoras, corren con la construcción, financiación, gestión y mantenimiento de los hospitales, mientras el sector público aporta los médicos, el personal sanitario y abona durante treinta años un canon a las empresas privadas.

Se pretende justificar el invento por la necesidad de limitar el déficit público que impone en el orden europeo el Pacto de Estabilidad y en nuestro país la correspondiente Ley de Estabilidad Presupuestaria. Con ello, lo único que se demuestra es la visión nominalista y escolástica que algunos poseen de las finanzas públicas. Sea cual sea el dictamen de esa nueva Torah que constituye el SEC de Bruselas, lo cierto es que los resultados macroeconómicos son similares, tanto si se construyen los hospitales por el método de financiación clásico, mediante deuda, como por este nuevo procedimiento tan revolucionario. Carece de sentido condenar aquel como nefasto para la economía y aceptar éste por inocuo. En ambos casos, la carga se trasladará a las generaciones futuras y, en ambos casos también, se drenarán los mismos recursos del sistema, que lógicamente no podrán aplicarse a otros menesteres.

Lo que sin duda no es igual son las ganancias para el sector privado y el consiguiente coste para el sector público. Este será mucho mayor aunque solo sea porque, en el mejor de los casos, algún beneficio tendrán que obtener las empresas privadas y porque éstas conseguirán, como es lógico, la financiación a un precio más elevado que el que pueden lograr el Estado o una Comunidad Autónoma. En el peor de los casos, los contratos serán imposibles de controlar y el afán de lucro informará todo el servicio público desnaturalizando su verdadera finalidad. Una vez más los intereses públicos serán rehenes de los negocios privados.