La hucha de las
pensiones
Curiosamente, el
tema de las pensiones, que ocupaba un puesto de honor en todas las campañas
electorales, se encuentra casi ausente de la actual, a pesar de ser la más
larga que hemos conocido, y en la que se han hecho todo tipo de ofertas hasta
confundirse con una subasta. Parece que han pasado ya los tiempos en que los
dos grandes partidos se acusaban mutuamente de pretender eliminar las
pensiones. Ahora, por el contrario, los dos pugnan por autoproclamarse garantes
del sistema, creando o incrementando el fondo de reserva, en el argot, la hucha
de las pensiones. El Gobierno acaba de aprobar una aportación adicional a ese fondo de 4.700 millones.
Las cosas han cambiado mucho desde que todos
los servicios de estudios y fundaciones de las entidades financieras se
dedicaban a elaborar informes pronosticando a fecha fija la quiebra del sistema
público. Los plazos señalados han ido expirando sin que acaeciesen los
cataclismos anunciados. Y es que las profecías no suelen cumplirse,
especialmente cuando son interesadas y se seleccionan determinadas variables
obviando –queriendo o sin querer– otras. En este caso, los agoreros no tuvieron
en cuenta ni el fenómeno de la emigración, ni el aumento de la población activa
por la incorporación de la mujer al mercado laboral, ni la excelente coyuntura
económica de la que hemos disfrutado durante quince años. Todo ello ha
originado que en lugar del déficit anunciado, el saldo entre cotizaciones y
prestaciones haya sido positivo,
con lo que se ha podido constituir e ir aumentando el fondo de reserva hasta
alcanzar los 51.000 millones de euros, es decir, el 4,84% del PIB.
Tanto el Gobierno del PP que lo creó, como
ahora el Gobierno del PSOE que lo está incrementando, presentan el fondo de
reserva como garantía del sistema público y de que en el futuro podrán seguir
pagándose las pensiones. A mi entender, tal planteamiento es en extremo
arriesgado. El fondo de reserva, después de tanto bombo y platillos, no llega
ni siquiera al 5% del PIB y, desde luego, sería totalmente insuficiente en caso
de verdaderas dificultades.
Paradójicamente, el mayor peligro que se
cierne sobre el sistema público de pensiones no proviene de ninguna evolución
demográfica, como se dice habitualmente, sino del Pacto de Toledo y del esquema
en él diseñado, teóricamente con la finalidad de fortalecer el sistema, pero
que en la práctica lo debilita, porque en lugar de ligar las pensiones, igual
que el resto de prestaciones y servicios públicos, a la totalidad de ingresos
del Estado, lo hace de forma exclusiva a las cotizaciones.
La mayoría de los análisis catastrofistas,
que aunque ahora están en suspenso volverán a renacer en cuanto cambie la
coyuntura, parten de este supuesto, y solo bajo esta hipótesis tiene sentido
acudir a la evolución demográfica, a la relación activos –pasivos y a otras
variables similares. Cuando se niega la separación de fuentes de financiación y
se mantiene que debe ser el Estado con todos sus ingresos el que garantice (igual
que se garantiza el pago de la deuda) el cobro de las pensiones, desaparece el
problema, porque el acento se traslada de considerar exclusivamente el número e
ingresos de los trabajadores a tener en cuenta toda la renta nacional,
incluyendo por supuesto las rentas de capital y los beneficios empresariales,
así como los gravámenes que el Estado debe girar sobre ellos.
Desde esta óptica, el Sistema Público de
Pensiones no puede quebrar porque el Estado nunca quiebra, a no ser que se
hunda la economía nacional, en cuyo caso no solo serían los jubilados los que se encontrarían en una situación crítica, sino todos los ciudadanos.
Cuando la renta per cápita casi se ha multiplicado por dos en los últimos
treinta años y cuando es de esperar que siga creciendo en el futuro de forma
parecida, no tiene sentido, sean cuales sean el empleo y la evolución de la
población, dudar de la viabilidad de las pensiones. Es más, el Estado tiene
margen no solo para mantener el poder adquisitivo de ellas, sino también para
que se incrementen (y no únicamente las mínimas) por encima del porcentaje de
aumento del coste de la vida, participando así del crecimiento económico.
La posible
vulnerabilidad del sistema público es pretender financiarlo exclusivamente con
cotizaciones sociales, porque en una situación de dificultad grave poco podría
hacer ese fondo de reserva. El fondo de reserva obedece solo a una ficción que
puede ser extremadamente peligrosa en otra coyuntura, la de que
La separación de fuentes presenta otro
riesgo y es que en tiempos de relativa bonanza, al constituirse el fondo de reserva,
los empresarios y asociaciones profesionales presionen para que se reduzcan las
cotizaciones. No hace mucho que las Cámaras de Comercio –y eso que las preside
un socialista– se han pronunciado varias veces en este sentido.
Debemos exigir que sea el Estado el garante
de nuestras pensiones, en este apalancamiento se encuentra la verdadera hucha.
Ahora bien, esta comienza a resquebrajarse con las reformas impositivas pasadas
y con las anunciadas para el futuro. Si la capacidad recaudatoria de nuestro
sistema fiscal se deteriora y se exime de imposición a las rentas de capital y
a las empresariales, difícil va a ser no solo sostener las pensiones sino todo
nuestro precario Estado de
bienestar.