Recursos para la sanidad pública

Me preguntaba el miércoles pasado, desde estas mismas páginas virtuales, acerca de qué hacer con los recursos públicos; si el mejor destino de una importante cantidad de los mismos (un billón y medio de pesetas entre la reforma fiscal de 1998 y la actual) era dedicarlo a rebajar el impuesto sobre la renta, como ha hecho el gobierno, reducir las cotizaciones sociales, como pretendía algún columnista o, por el contrario, había finalidades más importantes y relevantes socialmente. En la semana trascurrida entre mi anterior artículo y éste, el Defensor del pueblo ha contestado a la pregunta.

Acaba de trascender a la prensa un informe de esta institución en que aparece de manera meridianamente clara el caos en que se mueve la sanidad pública. Más de trescientos mil pacientes aguardan para poder ser operados. La demora se alarga en muchos casos más de seis meses. Todo aquel que haya tenido que utilizar los servicios sanitarios públicos sabe que las listas de espera en las intervenciones quirúrgicas es sólo el final de un proceso de obstáculos y demoras: masificación en las consultas de medicina general que restringe al límite el tiempo empleado por paciente, periodos dilatados para conseguir ser auscultado por un especialista, plazos interminables para las pruebas o los análisis, y al final, pasar, en su caso, a engrosar las listas de espera.

Se afirma que una justicia lenta no es justicia, pero con igual o con mayor razón se podría afirmar que una sanidad diferida no es sanidad. Parece evidente que a la hora de luchar contra la enfermedad el tiempo resulta fundamental, tanto en su detección como en la celeridad en arbitrar los remedios. Incluso en aquellos casos en que la demora no ponga en peligro la existencia del paciente con toda probabilidad afectará muy negativamente a la calidad de vida.

Esta situación ciertamente no es nueva y viene de lejos, hasta el punto que nos hemos ido acostumbrando a ella, sin darnos cuenta que constituye la pérdida de un derecho fundamental y una violación flagrante de la Constitución, a la que tan a menudo algunos recurren, pero sólo en aquellos aspectos que les interesan. El PSOE suele vanagloriarse con frecuencia de haber universalizado la asistencia sanitaria, aunque lo que no dice es que lo realizó sin dedicar a este capítulo más recursos públicos, con lo que los servicios no pudieron por menos que deteriorarse, deterioro que ha venido agravándose a lo largo de todos estos años del gobierno popular.

La sanidad pertenece a lo que los economistas llaman bienes superiores, cuya demanda aumenta en mayor proporción de lo que lo hace la renta. Además los avances técnicos y científicos y la mayor longevidad de la población exigen más y más recursos hacia la sanidad. Mantener el porcentaje del PIB que se dedica a esta finalidad, como gasto público, cuando no reducirlo, tiene que conducir por fuerza al deterioro de la calidad del servicio.

Según el informe del Defensor del pueblo la situación se ha agravado aun más con las transferencias a las Comunidades Autónomas, lo cual era de prever. El Estado ha aprovechado para trasladar a las Comunidades Autónomas el déficit existente en esta materia, déficit que se pretende paliar haciendo que el propio Estado y las Comunidades Autónomas eleven los impuestos indirectos sobre los hidrocarburos. Madrid ya lo ha hecho. La transferencia de la sanidad a las Comunidades Autónomas va a incrementar las diferencias regionales, manteniendo una sanidad para las regiones ricas y otra para las pobres, aunque es posible que las ricas, como ocurre en Cataluña y en Valencia, dediquen sus recursos a otras finalidades y se coloquen a la cola en la calidad de la asistencia sanitaria.

El deterioro de la sanidad pública espolea el auge de la sanidad privada. Cada vez son más los que completan aquella con una póliza en una sociedad privada, todos los que se lo pueden permitir. Para los que la rebaja del impuesto sobre la renta les supone más de dos millones de pesetas al año no tienen ningún problema en mantener este coste adicional. Para los otros, para la gran mayoría, la pequeña ventaja fiscal obtenida con la rebaja del impuesto les resulta totalmente insuficiente para poder sufragar una sanidad privada. Para ellos, sin duda, hubiese sido mucho más conveniente que esos recursos, recursos muy importantes, se hubiesen destinado a solucionar los graves problemas de la sanidad pública.