Más cara la gasolina

A partir de mañana, a los madrileños nos suministrarán la gasolina más cara que al resto de los españoles; al principio, un céntimo por litro, pero este recargo irá aumentando progresivamente hasta transformarse a finales del 2003 en 2,40 céntimos. Que los céntimos no nos engañen. Son 4 pesetas por litro. El euro ha resultado ser el timo de la estampita. Centimito a centimito, productos hay que han subido en pocos días un 60%.

Madrid va a ser, parece, la única Comunidad que aplicará el recargo. Con toda probabilidad no se trata de mejorar la asistencia sanitaria, tal como anuncian, sino simplemente de enjugar el déficit con el que se ha traspasado la sanidad a las diferentes Comunidades Autónomas. Con esta misma finalidad, el gobierno central ya acometió una primera subida en el impuesto de hidrocarburos con aplicación a todo el territorio nacional, otros 2,40 céntimos (4 pesetas). Y es que, por mucha contabilidad creativa que se quiera, cuando se adopta una postura fundamentalista en materia de estabilidad presupuestaria y cuando además se desea reducir un impuesto progresivo como el de la renta, no hay más remedio que terminar subiendo los impuestos indirectos. Eso sí, con la coartada de mejorar la asistencia sanitaria que siempre tiene gancho.

Existe una ilusión fiscal, al igual que existe una ilusión monetaria. Los españoles, con el euro, hemos sufrido de ilusión monetaria porque, aunque conocemos de sobra su equivalencia, tendemos a infravalorar los precios cifrados en esta moneda, cuando no a equiparar el euro a las 100 pesetas. Y gracias a ello, algunos comerciantes y empresarios, sin duda, han hecho el agosto.

También padecemos de ilusión fiscal respecto a las reformas benefactoras del IRPF. Si la gran mayoría de los ciudadanos calculasen el ahorro que experimentan al año derivado de la última reforma del impuesto sobre la renta, y al mismo tiempo comprobasen también cuánto van a pagar anualmente más por la subida del gravamen de la gasolina y otros impuestos indirectos, se darían cuenta de que el saldo es francamente negativo, tanto más si en la segunda factura computan la repercusión en los precios que puede derivarse de la mayor carga fiscal sobre los hidrocarburos.

No a todos, por cierto, les saldrían negativos los cálculos. Esos más de 150.000 contribuyentes cuyas bases imponibles están por encima de los catorce millones de pesetas, y para los que la reforma del IRPF ha representado una rebaja anual media del gravamen de un millón de pesetas, necesitan consumir mucha gasolina para obtener un saldo desfavorable.

El gobierno de Ruiz Gallardón podría haber optado por incrementar el tramo de la tarifa autonómica del IRPF, con un resultado mucho más equitativo que el que se va a obtener con el recargo sobre el gravamen de la gasolina. Pero está visto que tendemos hacia sistemas fiscales más regresivos. Más regresivos y más fragmentados, con lo que no solo se resiente la equidad sino que se distorsiona el sistema económico.

Ahora que en Bruselas hacen esfuerzos para crear un mercado único y armonizar los impuestos indirectos –de los directos no quieren ni oír hablar–, nosotros, con las autonomías y su autofinanciación, estamos desintegrando el sistema tributario. Bien es verdad que por el momento son pocas Comunidades las que se deciden a asumir el coste político de imponer impuestos adicionales, pero la distorsión también se produce, y en mayor medida, cuando las diferencias se originan por la concesión de exenciones fiscales, lo que va a ser mucho más frecuente.

De todas maneras, lo que peor se entiende es la asimetría. Resulta difícil comprender por qué se denostan los gravámenes impuestos en Extremadura y en Baleares y después se propicia que otras Comunidades creen un impuesto adicional sobre la gasolina. No se ve la diferencia, como no sea que aquellos recaerán sobre las entidades financieras y el sector de la hostelería, mientras que este último lo hace sobre el común de confesores.