Desgravación fiscal a la vivienda

Hace algunos días el asesor económico del presidente del Gobierno sostuvo que el mayor error de la política económica del Gobierno del PP fue el de no eliminar la desgravación fiscal a la vivienda. Uno no puede por menos que mostrar su extrañeza. Cuesta creer que desde las filas socialistas el principal reproche que se le pueda hacer a los gobiernos de Aznar en política económica sea precisamente éste. Yo que Rajoy saldría con timbales y zambombas a celebrarlo.

Resulta también difícil de asimilar que desde el PSOE, a la hora de corregir la burbuja inmobiliaria, se proponga como solución la represión de la demanda, y concretamente de la demanda de la primera residencia, que es la que se desgrava en el Impuesto sobre la Renta. Yo creía que de lo que se trataba era de facilitar a todos los ciudadanos el acceso a una vivienda digna, tal como señala la Constitución, y no dificultar su adquisición. En un bien de primera necesidad como éste las actuaciones a la hora de reducir precios deben realizarse por el lado de la oferta, especialmente evitando la especulación del suelo, exigencia que también aparece explícitamente encomendada a los poderes públicos en la Constitución.

Además, creo que el señor Sebastián yerra el tiro cuando sitúa el origen del incremento de la demanda en la desgravación fiscal, aunque sólo sea porque ésta subsiste desde la creación del IRPF y el único cambio producido ha sido para reducirla, al aplicarla íntegramente en la cuota en lugar de deducir los intereses en la base. Más acertado ha estado el ministro de Economía al ampliar las causas a una serie de variables. Sin duda, entre todas ellas destaca la de las modificaciones acaecidas en la financiación. No es tanto que las cargas financieras sean ahora menores que hace años, sino que parecen menores. Es posible que en los tipos reales no haya demasiada diferencia, pero sí en los nominales y en la tasa de inflación. Con tasas de inflación y tipos nominales altos, al principio las anualidades son muy elevadas, pero se reducen rápidamente en términos reales. Ahora, por el contrario, las anualidades en un primer momento pueden ser mucho más bajas, pero en términos reales tampoco se deprecian, casi se mantienen en los siguientes años. Todo ello unido a que las entidades financieras han alargado la vida de los créditos, se crea el espejismo de que las cargas financieras son menores.

En lo que el Miguel Sebastián puede tener razón es en la conveniencia de eliminar la desgravación, pero en ningún caso para dedicar menos recursos a esta finalidad social y por consiguiente para debilitar la demanda, sino para canalizar las ayudas públicas de una forma más objetiva y directa. Casi todos los que hemos tenido responsabilidades en materia fiscal hemos considerado que la manera en que se venía instrumentando la protección a la vivienda no era la adecuada. Si se hubiese dedicado la cantidad de dinero que absorbía la deducción tributaria a políticas directas, el resultado habría sido mucho más eficaz.

Dos graves inconvenientes posee este gasto fiscal. El primero, su carácter regresivo. Se aplica a cualquier contribuyente sea cual sea su renta; es más, aquellos con ingresos más elevados son también los que pueden desgravarse en mayor cuantía. En segundo lugar, la enorme propensión al fraude. La Administración tributaria es incapaz de comprobar su veracidad, lo más que puede controlar es la existencia del crédito hipotecario.

Sin embargo, ningún gobierno ha sido capaz de cambiar el sistema. ¿Lo será el del señor Rodríguez Zapatero? Si lo hace, que no sea para reducir la demanda, sino para todo lo contrario, para conseguir que los fondos públicos dedicados a esta finalidad sean más eficaces y, por tanto, sean muchos más los ciudadanos que puedan acceder a una vivienda digna.