Air Comet

Las Navidades han venido acompañadas por la espantada de Air Comet. Se repite el fiasco de Air Madrid de hace unos años. La historia es bastante conocida. Suele manifestarse allí donde el pensamiento imperante logra nuevas liberalizaciones. Los beneficios son para los empresarios privados, y el sector público, los trabajadores y los consumidores tienen que asumir los costes. Existen sectores económicos esenciales para la sociedad en los que resulta utópico hablar de liberalización. La protección y el respaldo del Estado resultan imprescindibles.

Quizás uno de los problemas que arrastra la economía española es la de una clase empresarial incapaz de la innovación y de correr riesgos adentrándose en sectores realmente abiertos. Por eso nuestra balanza de pagos ha supuesto siempre un estrangulamiento para el crecimiento económico. La mayoría de los empresarios han preferido situarse en las aguas tranquilas de los mercados cautivos, apropiándose de suministros y servicios en los que el respaldo del sector público tuviese que estar presente. De ahí el éxito de las privatizaciones. Es en esa simbiosis público-privado donde algunos ganan siempre, sobre todo si mantienen buenas conexiones con el mundo político.

El señor Díaz Ferrán ha sido –al menos en los últimos años– un buen exponente de este colectivo. En los gobiernos de Aznar consiguió hacerse con su compañía aérea y que la SEPI le adjudicase Aerolíneas Argentinas, propiedad de Iberia, recibiendo 955 millones de euros que, según el Tribunal de Cuentas, no destinó a su finalidad: compra de aviones, amortización de deuda, ampliación de capital. En su contencioso con el gobierno argentino reclamó la ayuda de papá Estado, y desde 1996 el sector público le financia, mediante la deuda que mantiene con la Seguridad Social, por un importe de 16 millones de euros. Su compañía de autobuses también ha precisado del apoyo del gobierno regional, bien es verdad que él ha sabido corresponder con sustanciosas aportaciones a las fundaciones del Partido Popular.

Ahora la aventura ha terminado. Los trabajadores se quedan en el paro y ni siquiera saben si van a poder cobrar lo que se les adeuda. Caja Madrid, de quien Díaz Ferrán era consejero, ¡oh, paradoja!, se verá en dificultades para poder recobrar su crédito y siete mil viajeros, la mayoría emigrantes, pierden sus billetes y ven trastocados todos sus planes en unas fechas especiales. Una vez más, el sector público, es decir, todos los contribuyentes, ha tenido que aportar recursos para paliar las situaciones más duras.

El ministro de Fomento ha hecho declaraciones defendiendo la actuación del Gobierno, pero sus propias palabras indican lo contrario, que no se tomaron a tiempo las medidas adecuadas y que se permitió a Díaz Ferrán, quizás por su condición de presidente de la patronal, ir demasiado lejos. Según el ministro, el 6 de noviembre se planteó revocar la licencia a la compañía pero se acordó “no hacerlo público para no perjudicar a nadie”. Se ha perjudicado a los consumidores que, de haberlo sabido, no hubieran adquirido los billetes y, colateralmente, a los contribuyentes.