Financiación
autonómica
Fue el propio Presidente del Gobierno, quien
con satisfacción anunció la existencia de fumata
blanca respecto al nuevo acuerdo de financiación autonómica: "Todos
ganan". Soy bastante remiso a visiones tan optimistas. En materia de
dinero casi siempre nos encontramos con sistemas de suma cero. Si unos ganan es
porque otros pierden. No dudo que todas las Comunidades Autónomas hayan
resultado agraciadas; de ahí la complacencia mostrada por cada una de ellas, aunque, eso sí, han
regateado hasta el último momento. Tal vez sea precisamente ese el peligro,
porque si todas han ganado, es que con toda seguridad el Estado ha perdido.
"El hombre se empobrece para tener
un dios rico"
afirmaba Feuerbach. En nuestro sistema político, el Estado
se va empobreciendo
día a día para
que las Comunidades
Autónomas sean cada vez más
opulentas.
Reconozco que,
hoy por hoy,
no es políticamente
correcto dudar de la bondad
del estado de las autonomías. Estoy seguro,
sin embargo, que antes
o después comenzaremos
a interrogarnos si en ese intento
de resolver dos problemas, no hemos creado
otros quince, sin que por
supuesto hayamos solucionado los anteriores
En cualquier
caso y de
lo que no cabe
ninguna duda, es de que
el estado de
las autonomías es caro, y
ha colaborado fuertemente a la expansión del
gasto público, restando recursos
a la política
social. La aparición en cada
autonomía de una clase política propia que tiene
como primera finalidad justificarse y afianzarse, ha generado necesidades ficticias y un
exceso de burocracia;
burocracia seleccionada, las más de las
veces, de manera
que poco tiene
que ver con
los criterios objetivos de la
función pública, y mucho
con las lealtades
políticas y personales y, con la concesión
de prebendas a los afines.
Desde el
inicio, el esquema de reparto atribuía al Estado la
asunción del déficit histórico y del stock
de deuda pública, y a las
comunidades se les transfería financiación por el
coste íntegro de los servicios. Ello no
fue óbice para
que las autonomías
comenzasen muy pronto a incurrir
en déficit y a endeudarse, a la vez que
reclamaban del Estado mayor financiación.
Se crean
así situaciones paradójicas, al mismo tiempo que
hirientes. En la mayoría de
los casos, los empleados públicos del Estado
han visto cómo
sus homólogos de las Comunidades Autónomas conseguían retribuciones
más elevadas. Caso típico
es el de
la sanidad; por no hacer
referencia a los puestos de
trabajo ofrecidos hace escasos días
por la Cámara
de Cuentas de Madrid con
sueldos que doblaban a los
de la Administración
Central. Ni
que decir tiene que la mayoría de
los funcionarios de la Intervención
General de la Administración del Estado se
presentaron al concurso. Mientras que el gobierno
central racanea con las pensiones o con el
seguro de desempleo, la Comunidad
de Madrid anuncia
que subvencionará la estancia en
hoteles a los
familiares de los vecinos de
la Villa.
Donde había
un ministro, han surgido diecisiete, porque cada consejero
autonómico se cree tan importante como el ministro
de turno,
y con derecho
al mismo sueldo
y a las mismas
prendas, sino
mayores. Y
lo mismo cabe afirmar de los directores generales.
La presión
autonómica
acerca de una mayor financiación surge con más fuerza
cuando el gobierno
central se encuentra en minoría
y necesita los votos de
un partido nacionalista. Pero no desaparece
del todo, como vemos con el acuerdo firmado, ni cuando estamos en presencia de
esa situación nada deseable de la mayoría absoluta. También los partidos
estatales se ven constreñidos por los barones autonómicos y por las necesidades
electorales en las respectivas Comunidades Autónomas. El consenso sólo se logra
poniendo dinero encima de la mesa; recursos que se detraerán de las arcas del
Estado, y casi siempre de la política social, que es de las pocas competencias
que aun mantiene la Administración Central.