La economía de la victoria

Recuerdo que en los años finales de la dictadura, en mis tiempos de profesor no numerario de Introducción a la Economía en la facultad de Ciencias de la Información, el catedrático de la asignatura, a punto de jubilarse, se preguntaba qué clase de economía había sido la del franquismo. No era, por supuesto, socialista, tampoco se podía calificar en sentido estricto de capitalista. Era, concluía el viejo profesor, una economía recomendada. Quizá sea esta la mejor denominación que cabe dar al sistema económico implantado desde el primer momento por Franco. Una economía de vencedores, basada en las recomendaciones, el tráfico de influencias, las licencias, la corrupción y la utarquía.

En 1939, tras la Guerra Civil, el panorama era desolador. La renta nacional a precios constantes había retrocedido a los niveles de 1914, pero como el número de habitantes era mayor hay que remontarse hasta el siglo XIX para buscar el equivalente en la renta per cápita. La renta nacional del año 1935 no se alcanzó hasta el año 1951, y la renta per cápita hasta 1954. Las infraestructuras, tanto las ferroviarias como las de carreteras, habían quedado muy dañadas. Se había perdido el 40% del parque de locomotoras y de vagones. Se habían destruido 250.000 viviendas y otras tantas habían sufrido graves daños. El deterioro, sin embargo, en los países europeos tras la Segunda Guerra Mundial fue aún mayor, por lo que el retraso de nuestro país hay que buscarlo más en el tipo de política económica que se aplica nada más acabar la contienda.

El modelo económico que comienza a desarrollarse en 1939, la autarquía, está sin duda en consonancia con los intereses económicos de las oligarquías nacionales que pretenden protegerse de la competencia exterior, pero obedece a algo más, a una filosofía política copiada del nazismo y principalmente del fascismo italiano, que fundamentaba el poder de la nación en la autosuficiencia económica. El comercio exterior quedó reducido al mínimo indispensable. Las exportaciones se basaban principalmente en los productos agrarios, con la excepción del wolframio y, en menor medida, del tungsteno. Las importaciones se limitaban a aquellos artículos necesarios de imposible producción en España; y todas ellas estaban sometidas a un régimen de contingentes y de licencias que otorgaba discrecionalmente el Instituto Español de Moneda Extranjera y que posibilitó el enriquecimiento de los que tenían bastantes influencias para conseguirlas.

Este sistema se tradujo en un fuerte intervencionismo en la industria. Así, en septiembre de 1939 se promueve un decreto que establece la necesidad de autorización gubernamental para crear toda nueva industria o para modificar la existente. En cuanto a la inversión extranjera, la ley del 24 de noviembre de 1939, de defensa de la industria nacional, limitaba al 25% la participación en el capital social de las empresas. La política agrícola estuvo marcada por el objetivo de deshacer las reformas agrarias efectuadas por la II República. El 1 de abril se crea el Servicio Nacional de Reforma Social de la Tierra, organismo encargado de devolver las tierras a los grandes terratenientes. A pesar de que la población activa en este sector había aumentado, la producción se redujo sustancialmente con respecto a la de 1935. Varios factores contribuyeron a ello: la mala distribución de la propiedad, la escasez de abonos y la disminución experimentada por el stock de ganado de labor; a los que vino a sumarse en 1940 la pertinaz sequía.

Las dificultades económicas no se distribuyeron desde luego de igual manera. En primer lugar, entre vencedores y vencidos. Estos últimos se encontraron con graves dificultades para mantenerse en el mercado laboral y en muchos casos se vieron privados de sus bienes. Recuérdese que todo el dinero emitido por la República fue declarado ilegal. En segundo lugar, entre capital y trabajo. Los salarios pierden poder adquisitivo, lo que contrasta con los grandes beneficios de bancos y empresas y con los enormes negocios que algunos consiguen al pairo de esa economía recomendada a la que se aludía al principio.