Comunicando, comunicando, comunicando
Es habitual que cuando un gobierno o una
formación política tienen graves problemas los achaquen a fallos en la
comunicación. Lo cierto es que en casi todos los casos las dificultades se
encuentran en otra parte, en errores y en conflictos de fondo que no se
solucionan por muy bien que se comunique; en ocasiones, sin duda, una cierta
habilidad retórica puede servir para ocultarlos, pero será difícil que antes o
después no terminen apareciendo de nuevo.
Ante la llamativa caída en intención de
voto que ha sufrido el PSOE en las encuestas, Zapatero ha decidido recurrir al
tópico y ha echado mano de la comunicación. Ha formado, según dice, un gobierno
de comunicadores, dando prioridad a este criterio sobre cualquier otro. Quince
portavoces, afirman, explicando la reforma. Como satirizaba el chiste de Peridis el sábado pasado: “Quince altavoces dando malas
noticias a los españoles”, porque ahí radica el fondo de la cuestión, en lo que
tienen que comunicar. Por mucho que la acicalen y la adornen con un lacito
azul, la política que están aplicando es una de las más regresivas posibles y
resulta difícil que pueda concitar la aquiescencia de los ciudadanos. Y no vale
escudarse en Europa y en el resto de los países.
En primer lugar, nadie sabe a ciencia
cierta qué pasó en la cumbre y en el Ecofin de mayo,
pero hay que preguntarse si esa claudicación ante Alemania no se debió a la visoñez y a la incompetencia en materia económica de
quienes nos representaban. Todo señala a que su actuación aquellos días no fue
muy lucida y que por lo menos podían haber evitado tener que realizar el ajuste
con tanta precipitación y, por lo tanto, de forma improvisada.
En segundo lugar, la coacción de Alemania
y de la Unión Europea sólo podía concretarse en la minoración del déficit, pero
de ninguna manera en la reforma del mercado laboral o del sistema público de
pensiones. Se puede discutir si en los momentos actuales conviene o no acelerar
la corrección del déficit, pero de lo que cabe poca duda es de que el
abaratamiento del despido y el retraso en la edad de jubilación carecen de
incidencia en la economía a corto plazo, como no sea para incrementar el paro y
dar satisfacción a los empresarios y al sector más conservador de la sociedad.
En tercer lugar, en el supuesto de que el
Gobierno se hubiese visto obligado por Europa a acelerar la corrección de las
cuentas públicas, en ningún caso le dictaron las medidas precisas para
conseguir este objetivo o si el ajuste tendría que venir de los gastos o de los
ingresos, y dentro de estos últimos si de los impuestos progresivos o de los
indirectos. Se decantaron por las medidas más reaccionarias y se renunció a
acometer una reforma de la fiscalidad que hiciese recaer el coste de la crisis,
aunque fuese parcialmente, sobre las clases pudientes que, por otra parte, eran
las que la habían causado.
En cuarto lugar, es difícil creer a quien
en un solo día cambia radicalmente de opinión y después de repetir
insistentemente y con buen criterio que abaratar el despido no crea empleo,
pasa a defender con el mismo convencimiento lo contrario, y tras insistir en
que no se precisaba reformar el sistema de pensiones, ha planteado el cambio
como una necesidad ineludible.
En quinto lugar, nadie les obligó a suprimir
el impuesto de patrimonio o a rebajar el impuesto de renta y el de sociedades.
Tal como ha declarado Candido Méndez, el
quid de la cuestión no está en cambiar a los ministros o los métodos de
comunicación, sino en modificar la política, y a eso me parece que no están
dispuestos.