Anotaciones presupuestarias

Una vez más, se han aprobado los presupuestos con el apoyo de los nacionalistas, en esta ocasión, de los vascos y gallegos, y una vez más el dinero del conjunto del país, sin razón aparente, ha ido a parar a dos Comunidades. Que esto sea habitual siempre que el Gobierno central no tiene mayoría absoluta no implica que renunciemos a gritar que esta situación injusta, generada por nuestra ley electoral, debe terminar.

Es posible que penalmente no se le pueda aplicar la calificación de cohecho, pero conceptualmente lo es. Se utiliza el dinero de toda la nación en beneficio de un conjunto reducido de ciudadanos con el único motivo de comprar votos. Los cantos de sirena de las minorías nacionalistas vascas y gallegas sobre la responsabilidad en la gobernación del país y sus declaraciones acerca de que los presupuestos del Partido Popular serían peores, carecen de toda credibilidad desde el mismo momento en el que ponen la mano.

Feuerbach afirmaba que “el hombre se empobrece para tener un Dios rico”. El Estado español se debilita para engordar a las Autonomías. Estas sangran a la Administración Central, pero después despilfarran en competencias que no les pertenecen y se da la paradoja de que retribuyen a sus funcionarios muy por encima de las remuneraciones de los empleados públicos del Estado. No deja de ser contradictorio que mientras el Gobierno compromete dinero para la ertzaintza, la policía nacional y la guardia civil tengan que manifestarse porque sus emolumentos son muy inferiores a los de las policías autonómicas. Tienen sin duda toda la razón, lo que ocurre es que no son una excepción. Casi todos los colectivos de funcionarios estatales han terminado por tener unas retribuciones muy inferiores a los de las Comunidades Autónomas y a los de los Ayuntamientos, cuando sus responsabilidades, preparación y méritos son bastante superiores.

Para constatar que el Estado se empobrece solo hay que fijarse en la justicia. Por eso está bastante justificada la protesta de la semana pasada de jueces y secretarios judiciales. Al margen de lo que pueda haber de corporativismo y de la responsabilidad en que algunos funcionarios concretos puedan haber incurrido en el caso Mari Luz, no se puede por menos que contemplar con repugnancia el oportunismo político y mediático con el que se jalea hasta el linchamiento aquellos casos que por escandalosos van a tener un fácil eco en la opinión pública. Por encima de cualquier otra responsabilidad sobresale la de todos los gobiernos de la democracia que no han hecho absolutamente nada para modernizar la justicia, razón por la cual cuesta ver a políticos de todos los partidos rasgándose las vestiduras ante los fallos de la justicia y actuando de inquisidores para concitar el aplauso popular.

El PP ha criticado con razón la compra de votos del PNV y del Bloque. Habría estado mejor que hubiese puesto los medios para evitarlo, prestando algunos votos al Gobierno para que los presupuestos saliesen adelante sin chantajes nacionalistas, lo que no tendría por qué haber supuesto ningún impedimento para criticar al mismo tiempo al Gobierno. Crítica que en buena medida es un flatus vocis porque, diga lo que diga, no tiene ninguna alternativa a los presentados por Solbes. Es por ello por lo que todos sus discursos en esta materia carecen de concreción o implican propuestas contradictorias.

Por una parte, defienden que estos presupuestos no son suficientemente austeros y, por otra, propugnan bajar los impuestos. Resulta difícil reducir los impuestos y no incrementar al mismo tiempo el déficit público, a no ser que se pretendan reducir drásticamente las pensiones y el seguro de desempleo. Pero entonces habrán de explicar cómo van a inyectar recursos a las familias, salvo que para ellos las familias sean tan solo el 10 por ciento de las de mayor renta.

Lo que llamamos pomposamente presupuestos es hoy ya algo residual porque la mayoría de las competencias están transferidas a las Comunidades Autónomas. El presidente del Gobierno suele decir que el Estado mantiene el 50 por ciento del gasto público, silenciando que la porción más importante de este son las pensiones y el seguro de desempleo y que, prescindiendo de estas dos partidas, queda muy poco que rascar.

Ha habido bastante unanimidad en calificar estos presupuestos de irreales porque parten de previsiones de crecimiento quiméricas y desfasadas por los acontecimientos. Yo, más que irreales, los llamaría tramposos. Los presupuestos son reales, incluso -como dice Solbes-, con pequeñas variaciones, los únicos posibles, pero la falsedad en las previsiones va a conducir a un mayor déficit público que el anunciado. El Gobierno lo sabe. De ahí lo de tramposos. En las circunstancias actuales no es ninguna tragedia el incremento del déficit público, es más, puede ser beneficioso. En Europa ya se ha planteado dejar sin efecto el Pacto de Estabilidad. En tal caso, ¿por qué no reconocerlo y defenderlo abiertamente?.