Las tarifas eléctricas

El Gobierno lo viene anunciando desde hace algunos días: el precio de la electricidad va a subir. Tanto el ministro de Economía como el de Industria están preparando el camino. Este último ha manifestado que la desaparición de las tarifas eléctricas reguladas será dolorosa. Es decir, que, como siempre y en contra de lo que predican, la desregulación se va a traducir en aumento de precios. Viva la competencia y el mercado libre. En determinados sectores, la libertad de mercado es tan solo una utopía. A medida que se retiran los poderes públicos, van ocupando puestos las grandes empresas, que terminan por controlar y manejar a sus anchas el mercado. En estos sectores cautivos la libertad de precios solo puede significar una cosa, mayor beneficio para los empresarios y recibos más elevados para los consumidores.

Que la factura eléctrica iba a subir era evidente, de algún sitio tenían que salir los miles de millones manejados en esa borrachera de revaloraciones bursátiles que está sacudiendo a las eléctricas. Si alguien está dispuesto a pagar hoy por algo el doble de lo que valía ayer es porque piensa que su inversión va a ser compensada por los beneficios de mañana, y esos beneficios tan solo pueden salir de la factura de la luz. Es decir, que, si por poner un ejemplo, las acciones de Endesa han pasado de valer 15 euros a cotizarse a 31, podemos imaginar la repercusión que ello va a tener sobre los consumidores.

Es difícil que el ministro de Industria o el de Economía puedan justificar la subida del precio de la electricidad, por mucho que quieran recurrir a la cotización de los mercados internacionales. Ciertamente, la factura eléctrica es uno de los capítulos más esotéricos, ya que está vedada su comprensión a la mayoría de los mortales. Pero lo que sí resulta entendible para el común de confesores es que, mientras las empresas eléctricas estén dando los enormes beneficios que declaran y mientras todo el mundo se pelee por adquirirlas, no puede justificarse la subida de precios. Quién nos iba a decir, aunque era fácil de adivinar, que íbamos a ser todos nosotros, los consumidores, los que terminásemos pagando la guerra de las OPA y los compromisos o deudas del Gobierno, más concretamente del anterior ministro de Industria, con la Caixa y con los nacionalistas catalanes.

El actual ministro de Industria, que pertenece a la misma saga que el anterior -por lo visto ahora se heredan los ministerios-, se ha enfadado mucho con el Tribunal Supremo porque ha anulado el Decreto que trasladaba la Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones a Barcelona. Afirma que es una decisión política y que en las decisiones políticas los jueces no tienen tecla que tocar. Lo cierto es que tiene poco de decisión política. Pertenece, al igual que la famosa OPA de Gas Natural, al mercadeo político, casi al cohecho; era el precio por el tripartito. Una vez más, los intereses de un partido -si es que realmente eran sus intereses- se compran dando a cambio algo que no es del partido sino del Estado.

Una consigna recorre el PSOE. Hay que poner el acento en los enormes logros sociales del Gobierno y hacer que la sociedad olvide su política territorial. Me temo que no les va a resultar demasiado fácil, entre otras razones porque, como demuestra ahora el incremento del precio de la electricidad, una cosa lleva a la otra. No seré yo el que niegue que determinadas decisiones en materia social de este Gobierno han sido acertadas. Está bien que hayan compensado, aunque sea parcialmente, la pérdida de poder adquisitivo que desde hacía más de veinte años afectaba al salario mínimo interprofesional; es correcto que hayan subido por encima del IPC las pensiones mínimas, pero todo ello se convierte en el chocolate del loro si, de resultas de la política económica y territorial, las desigualdades se incrementan.

Se olvida con frecuencia que la distribución es anterior a la redistribución. Ésta tan solo puede modificar levemente la primera. Cuando en el proceso productivo la distribución de la renta es radicalmente injusta, no hay política redistributiva que pueda compensarla. El actual Gobierno ha continuado con la política neoliberal de su antecesor, por eso es festejada por los medios de comunicación conservadores. Los resultados son también los mismos: La elevada tasa de crecimiento económico se traduce en incrementos ridículos de los salarios que ni siquiera sirven para mantener el poder adquisitivo y aumentos escandalosos en los beneficios empresariales; los precios de los servicios a los consumidores suben y lo hacen al mismo ritmo que se revalorizan en bolsa las sociedades que los suministran. Ante este panorama, las medidas sociales señaladas anteriormente son claramente insignificantes.