Simonía política

Con enorme estupor, el sábado pasado, leí en la prensa que el secretario de organización de ERC y secretario general del primer consejero de la Generalitat ha enviado cartas a cargos y a contratados de diversos organismos públicos, urgiéndoles a ingresar en las arcas del partido entre el 4 y el 24% de sus sueldos, y amenazándoles de lo contrario con el despido. La extrañeza no surge tanto de la noticia en sí, como de que el susodicho Vendrell con todo el descaro la confirmara a un diario, así como que corroborara que afecta también a administrativos y telefonistas, escudándose paradójicamente en que estaban a favor de una financiación transparente del partido. La estupefacción se incrementa asimismo con el hecho de que la Fiscalía no haya actuado de inmediato acusando de cohecho a las consejerías implicadas, y de que el presidente de la Generalitat no parece haber tomado hasta el momento ninguna medida.

Ante tal noticia, uno se acuerda de Simón el Mago, quien, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, intentó comprar poderes espirituales al apóstol Pedro. De él deviene la palabra simonía, lacra que ha acechado a la Iglesia a lo largo de toda su historia y a la que tuvieron que referirse diversos Concilios (Calcedonia, Letrán y Trento). Durante la Edad Media , se generalizó la venta de todos los beneficios eclesiásticos, desde los puestos ocupados por el bajo clero hasta el papado. La simonía, venta de las indulgencias, estuvo también en buena medida en el origen de la Reforma. Pues bien, parece ser que el señor Vendrell y su partido han traído al siglo XXI un nuevo caso de simonía, sólo que en esta ocasión aplicado al ámbito político y administrativo.

En tiempos ya lejanos, el PSOE pretendió que sus altos cargos contribuyesen al partido con un porcentaje de su sueldo, pero tal intento no debió de tener mucho éxito y, desde luego, iba dirigido exclusivamente a sus militantes y siempre que éstos ocupasen puestos políticos. Lo inédito en el caso de ERC y de la Generalitat es que el requerimiento se dirige también a los no militantes y a técnicos, administrativos y hasta telefonistas. Las explicaciones dadas por Vendrell de que todos están en sus puestos por tener la confianza del partido tan sólo contribuyen a agravar la situación, porque manifiestan bien a las claras que el empleo público se ha concedido por fidelidades políticas y no por mérito y capacidad, tal como debería ocurrir aun tratándose de interinos o contratados.

La postura de ERC, desde luego, es especialmente zafia y burda, pero el descaro con que se acomete puede ser señal de que la simonía administrativa, venta de favores públicos, al menos en la Generalitat, está a la orden del día y que, con más o menos finura y discreción, todos los partidos han caído en ella. No hace demasiado tiempo que Maragall, en el Parlamento, lanzaba el acusador 3%, imputación que hubo de retirar en los días siguientes ante la amenaza de que se abortase el Estatuto.

Un eminente administrativista afirmó que la única institución democrática de la dictadura fueron las oposiciones. Existe la sospecha de que el proceso autonómico ha abierto fuertes fisuras en la función pública y que las administraciones autonómicas han reclutado el personal atendiendo en buena medida a la fidelidad política, violentando así la objetividad en el proceso de selección. La Administración como botín del ganador; los empleos públicos, una forma de pagar favores o lealtades.

Claro que lo de la simonía política no parece ser privativo de las Comunidades Autónomas o de la península ibérica. El ex canciller Schröeder ha puesto el listón muy alto. Va a ser nombrado consejero de la banca Rothschild con especial dedicación a los países del Este, Oriente Próximo y China. No hay que ser muy perspicaz para intuir que detrás se encuentra el tráfico de influencias. Pero no va ser éste su único cargo en el sector privado. Ha sido nombrado consejero del grupo editorial suizo Ringier, cuyo dueño no se recató de confesar que contrataba al ex canciller para que “le abriese puertas”. Será también presidente del Consejo de Vigilancia de la empresa constructora del gaseoducto del Báltico, en la que participan los consorcios alemanes BASF y E.ON, y la rusa Gazprom. Conviene recordar que pocas semanas antes de dejar la cancillería había firmado el contrato para la construcción del oleoducto. Como se puede apreciar, todo muy socialista y en consonancia con la agenda 2010 que propiciaba cuando era canciller.