El
presidente de la patronal
El
presidente de la CEOE ha calificado de prepotentes a los funcionarios. Digo yo
que para prepotentes los ejecutivos del IBEX 35, y algunos más, cuyas
retribuciones escandalosas y obscenas en tiempos de crisis como los que corren,
se van filtrando de tarde en tarde a
Pero
estoy seguro de que la intención del señor Rossell no era ofender gratuitamente
a los empleados públicos, sus palabras tenían otra finalidad mucho más
profunda, recortar el sector público y agrandar el sector privado. Y digo bien,
reducir el sector público y aumentar el sector privado porque en una sociedad
moderna no se puede prescindir de los servicios que hoy suministra el Estado.
Supongo que el presidente de la patronal no quiere prescindir de la sanidad, ni
de la educación, ni de la policía, ni de los jueces, ni de las carreteras, ni
de los aeropuertos, ni de los ferrocarriles, ni de un largo etc. No quiere que
estas actividades desaparezcan, lo que quiere es que dejen de financiarse con
impuestos y pasen a financiarse vía precio, y que los consuman solo aquellos
que puedan pagarlos.
Se ha
puesto de moda afirmar que tenemos que contentarnos con el Estado de bienestar
que podemos financiar. La aseveración constituye una falacia. Todo se reduce a
saber qué nivel de impuestos estamos dispuestos a soportar. La sociedad tendrá
que destinar parte de su renta a mantener estos servicios. La cuestión es si
los suministra el sector público y los financia mediante impuestos o el sector
privado a través de los precios. En este último caso, aun cuando se prive a una
gran parte de la población de su uso o consumo, el gasto será igual o incluso
mayor. El mejor ejemplo es el de la sanidad en EE UU. El gasto por habitante es
tres veces el de España y, sin embargo, el 15 por ciento de los ciudadanos
carecen totalmente de cobertura y la del 40 por ciento es muy limitada.
El señor
Rossell lo que pretende es que hasta en aquellas
actividades que se financian con impuestos, el máximo posible de ellas esté
gestionado por el sector privado. En España el número de empleados públicos es
muy inferior al de los países de nuestro entorno, pero en muchas partidas eso
no significa que el gasto sea menor ya que está externalizada su gestión. El
resultado, por el contrario, consiste en un mayor costo (algún beneficio, a
menudo un enorme beneficio, tiene que obtener el empresario privado), el
deterioro de las prestaciones y la pérdida del control de la Administración,
poniéndose en peligro en múltiples ocasiones la objetividad y las garantías que
deben regir el funcionamiento de las actividades administrativas y de los
servicios públicos.
Por otra
parte, se produce un efecto adicional; la mayoría de los trabajadores
contratados serán precarios y mal pagados, mientras que los directivos
multiplicarán por tres, por diez o por cien el sueldo que tenían en el sector
público. Basta mirar lo que ha ocurrido en la privatización de las empresas
públicas, y comparar lo que cobraban sus ejecutivos antes y después de ellas.
El
presidente de la patronal ha criticado también a los malos alumnos que tardan
ocho años en hacer una carrera de cinco. "No se les puede pagar", ha
dicho. Se supone que se refiere al sector público. Algo de razón tiene, sobre
todo cuando la economía española, ese sector privado tan emérito, no genera
puestos de trabajo para dar empleo a todos, y un gran número de titulados,
especialmente ingenieros, tienen que emigrar a Alemania, Gran Bretaña o a
Chequia para poder trabajar, con el dispendio que ello significa. Se podría
estar de acuerdo con el señor Rosell siempre que él aceptase el cierre de todas
las universidades privadas, porque considero que de lo que se trata es de que
estudien únicamente los que tienen capacidad y voluntad para hacerlo, y
resultaría una gran injusticia que de esa norma estuviesen excluidos aquellos
cuyas familias tienen capacidad económica suficiente para comprar el título. De
hecho, ya se está produciendo esta discriminación. Mediante las universidades
privadas se burlan de la criba de la selectividad y los hijos de las familias
pudientes pueden escoger la carrera que deseen con solo pagarla.
Pero la
mayor perla que el presidente de la CEOE ha lanzado es eso de que los
trabajadores se apuntan al paro “porque sí”. No, señor Rosell, los trabajadores
se apuntan al paro porque sus empresarios los han despedido, en muchos casos
“porque sí” (no otra cosa es el despido improcedente) o para obtener más
beneficios. Ya se sabe, los ERES se justifican ahora simplemente por la
previsión de que los ingresos van a disminuir.
Ante el
tremendo drama del desempleo, con un millón de familias en las que ninguno de
sus miembros cuenta con un empleo, afirmar que los trabajadores se apuntan al
paro “porque sí” constituye una ignominia. Los trabajadores se apuntan al paro
porque muchos de los afiliados de la CEOE han obtenido inmensos beneficios en
los años anteriores, provocando una crisis de la que los trabajadores, desde
luego, no son culpables, y porque cuando han venido mal dadas “si te he visto,
no me acuerdo”. Para averiguar por qué los trabajadores se apuntan al paro, el
señor Rosell lo único que tendría que hacer es preguntarle a su antecesor en el
cargo.