¿Cuánto vale una foto?

Parece bastante evidente que la CEOE no quería el acuerdo, quizás porque el PP tampoco lo deseaba, al considerar que le podía perjudicar electoralmente del mismo modo que el Gobierno creía que le beneficiaba. Lo más sorprendente es que en ese mundo de lo políticamente correcto, de tertulianos, comentaristas, politiquillos y de los llamados creadores de opinión se han vertido profusas lágrimas por el fracaso de la negociación y, lo que es aún más llamativo, se liga el futuro de los cuatro millones de parados al diálogo social. ¿Hay alguien que de verdad pueda creer que el alto índice de paro que se da en nuestro país depende de que los empresarios firmen o no el acuerdo? Existe en nuestra sociedad una mentalidad taumatúrgica, en cierta forma mágica, que considera que la simple agitación del fetiche por el chamán de turno puede solucionar el problema.

Desde Keynes sabemos que el nivel de empleo no se fija en el mercado de trabajo, sino en el de la renta, y desde Reagan, que la teoría de la oferta no funciona. Las empresas no invertirán ni crearán empleo por muchos beneficios fiscales y laborales que se les concedan, si creen que no van a vender la producción; eso sí, incrementarán su excedente empresarial, pero éste ya ha aumentado bastante en la época de bonanza. ¡Es la demanda, estúpidos, es la demanda!, la que hay que incentivar, es en la reactivación de la demanda donde se encuentra en todo caso la posibilidad de salir de la recesión o, al menos, de reducir el tiempo que vamos a permanecer en ella.

Medidas como la minoración de las cotizaciones sociales o del impuesto sobre sociedades propuestas por la CEOE, en el mejor de los casos, carecen de efectividad para reactivar la economía, y en el peor, que será el escenario más seguro, dificultarán la recuperación al emplear recursos que podrían dedicarse a objetivos mucho más útiles para incentivar la demanda tales como la inversión pública o las prestaciones a los desempleados, que tienen con toda seguridad una propensión marginal a consumir bastante mayor que los empresarios.

Por otra parte, no parece demasiado coherente fundamentar la competitividad de las empresas exclusivamente en los bajos costes laborales. Tanto la presión fiscal como los costes laborales se sitúan en nuestro país por debajo de los que mantiene la mayoría de los países europeos. Además, siempre habrá economías que los tengan más reducidos y, lo que es aún más importante, otras que estén dispuestas a bajarlos si nosotros los disminuimos.

La crisis económica se ha generado en otras áreas de la economía distintas del mercado laboral. Sin embargo, es evidente que la extrema flexibilidad de éste ha propiciado que el coste de la recesión económica se trasladase inmediatamente a los trabajadores incrementando la tasa de paro a un ritmo muy superior al de otros países. Se necesita, es cierto, una reforma laboral, pero en dirección contraria a la que plantea la patronal y algunas que otras instituciones interesadas. Se precisa reducir el número de contratos temporales y para ello sólo hay una vía, cerrar el abanico legal de las situaciones en las que está permitida la temporalidad, mantener estrictamente el principio de la causalidad: sólo debe haber un contrato temporal cuando sea temporal el puesto de trabajo que cubra.

Pero, eso sí, reducción de la temporalidad sin que sea necesario conceder contrapartidas, como pretende la patronal. El presidente del Gobierno ha acusado a los empresarios de reclamar el despido libre. Se equivoca el señor presidente. No tienen necesidad. El despido libre hace tiempo que existe en España. Excepto a los representantes sindicales y a las embarazadas, las empresas pueden despedir a quien quieran, aun cuando no exista motivo alguno, con la sola condición de indemnizarlos. Cuando se habla de abaratar el despido, se refieren al improcedente, es decir, aquel del que un juez ha considerado que no tiene causa ni razón, y en el que en vez de obligar al empresario a readmitir al trabajador –lo que ocurriría si no existiese el despido libre— se le impone tan sólo la obligación de indemnizarle con 45 días de sueldo por año trabajado. Esta cuantía es la que pretende reducir la patronal, quiere que todos los despidos tengan la misma indemnización, que todos sean procedentes y que todos, por tanto, queden a la libre voluntad del empresario.

Habría que reclamar al presidente de Gobierno que, tal como afirmó el otro día, hiciese realidad la supresión del despido libre. Que desapareciese la figura del despido improcedente –con lo que dejaría de ser caro y daría gusto a los empresarios— y que todo despido o bien fuese procedente por causa disciplinaria, tecnológica o económica, o bien fuese nulo y la empresa estuviese obligada a readmitir al trabajador.

La CEOE ha estado presta a presentar todo tipo de reivindicaciones, pero en ningún momento se ha percibido lo que estaba dispuesta a conceder. Supongo que, como en otras muchas ocasiones, exclusivamente la foto. Pero ¿cuánto se debe pagar por la foto? Creo sinceramente que nada. Es una buena noticia el que se haya roto el diálogo social, sobre todo si el Gobierno aprueba –tal como debería haber hecho hace mucho tiempo– ampliar la cobertura del seguro de desempleo. Para ello no se precisa de ninguna concertación ni consenso con los empresarios.