Sanidad autonómica

El discurso político y económico está lleno de contradicciones. La gran controversia en materia de horarios comerciales se sitúa en si la Administración Central debe imponer a las Comunidades Autónomas ocho o doce festivos al año de apertura, como mínimo. Las divergencias son tan fuertes que el CES ha sido incapaz de emitir un dictamen sobre este asunto. Nadie se pregunta, sin embargo, el porqué de esa restricción y si no sería más lógico que, al tratarse de una competencia transferida, cada Autonomía legislase por su cuenta. Y puestos a poner limitaciones, por qué un mínimo y no un máximo.

La paradoja se acentúa cuando percibimos que los mismos que abogan por la limitación anterior consideran sensato dejar libertad a las Comunidades para instaurar el copago sanitario. Es decir, que no deben tener autonomía para establecer que en su territorio los comercios sólo puedan abrir cinco festivos al año, pero sí para erosionar la gratuidad de la sanidad pública.

Paradoja es sin duda, al menos aparentemente, que el Gobierno del PP, que asumió un discurso centralista y carpetovetónico, a la hora de la verdad haya transferido durante su mandato un conjunto tan importante de competencias a las Comunidades Autónomas, hasta el extremo de que en los momentos presentes, si excluimos las pensiones y los gastos financieros, los recursos de la Administración Central no suponen ni la mitad de los de las Comunidades Autónomas. La explicación tal vez se encuentre en la concepción del Estado que mantienen los conservadores. Lo importante es la unidad metafísica de la patria; el Estado social, por el contrario, cuanto más dividido, mejor, así resulta más fácil su deterioro progresivo.

La transferencia de la sanidad pública fue, a mi entender, un grave error. Se corre el peligro de que la calidad de la asistencia sanitaria sea dispar según la Comunidad en la que se resida. Pero error mucho mayor sería si por el hecho de haber traspasado esta materia se renunciase desde el Gobierno central a una cierta armonización que iguale las prestaciones a las que los ciudadanos tienen derecho residan donde residan y, sobre todo, si se permitiese a las Comunidades Autónomas quebrar el principio de gratuidad.

Lo del euro sanitario es una trampa. Se empieza por un euro y nunca se sabe dónde se termina. Ahí está el ejemplo de las prestaciones farmacéuticas. ¿Y si a una Autonomía se le permite establecer un euro por servicio, cómo se le va a negar a otra que establezca dos? ¿Y qué ocurre si una acuerda repercutir al enfermo la mitad del coste de la prestación? ¿Es eso lo que se pretende?

Aquí somos centralistas o autonomistas, según nos conviene. Muy respetuosos con las autonomías, la autofinanciación y la corresponsabilidad fiscal, cuando se trata de descoyuntar el Estado social, pero no nos fiamos de ellas a la hora de proteger los intereses de los grandes centros comerciales.