Simonía política

Uno de los gremios peor valorados en todas las encuestas es el de los políticos, dato que, por una parte, debería sorprendernos y, por otra, hacernos reflexionar. Sorprendernos porque si hay, en teoría, una ocupación noble en una democracia esa debería ser la actividad política. Hacernos pensar porque algo debe fallar cuando se produce este fenómeno. Lo cierto es que, al analizar con algún detenimiento el funcionamiento de nuestras instituciones, lo que termina resultando extraño es que la opinión no sea aún más despectiva. La única explicación de que no lo sea radica en que la mayoría de la sociedad vive bastante al margen del juego político y desconoce casi todos sus mecanismos y entresijos.

Un último acontecimiento se presta a ratificar lo dicho. El PNV venía dando apoyo parlamentario al PSOE en casi todas sus leyes e iniciativas. Se supone que porque comulgaba ideológicamente con ellas; pero, ¡oh, sorpresa!, basta que en el País Vasco le desalojen del poder para cambiar radicalmente su voto en el Parlamento de Madrid, como si de la noche a la mañana hubiesen cambiado sus convicciones y sus planteamientos políticos. Lo grave es que lo llevan a cabo con todo el descaro y proclamando abiertamente su amenaza y chantaje, y nadie se escandaliza viendo que se trafica con el voto.

Esta postura está lejos de ser exclusiva del PNV. Se extiende a la mayoría de los partidos nacionalistas e incluso a los que no lo son. El PSOE sabe que si quiere conseguir el apoyo de CiU o de Esquerra debe desbloquear la financiación autonómica y transigir dando un trato de favor a Cataluña. Incluso el PSC ─que cuando quiere aparece como un partido diferente del PSOE, pero que en realidad, desde principio de los ochenta, ha funcionado como una federación más de esta formación política─ amenaza sutilmente con romper la disciplina de voto en el Congreso si no se da cumplimiento al Estatuto tal como ellos quieren.

Hagamos aquí un inciso para rebatir esa afirmación que vienen repitiendo los partidos catalanistas de que es una injusticia que la Generalitat de Cataluña reciba del Estado una cantidad por habitante menor que la que reciben por término medio el resto de las Comunidades. A mi entender, la injusticia se produciría si Comunidades como Madrid, Cataluña, Baleares o Valencia obtuviesen más que la media. Dos razones hay para que no sea así. La primera es que la esencia de toda política redistributiva consiste en que las rentas altas no sólo contribuyan por encima de la media sino también que perciban menos, porque su necesidad de servicios públicos es menor. La mayoría de las prestaciones sociales van o deberían ir para ciudadanos con menores ingresos. A pesar de lo escasamente redistributiva que es la política presupuestaria de la Unión Europea, no me imagino a Alemania declarando que como ellos contribuyen más deberían recibir también más. La segunda razón radica en que a la hora de fijar las necesidades de recursos en las distintas Comunidades Autónomas el criterio no puede ser exclusivamente el número de habitantes. Variables tales como la densidad de población deben jugar en la ponderación.

Pero dejemos el inciso y retornemos al tema de la simonía política. El término “simonía” fue acuñado por la Iglesia y usado especialmente en la edad media y quería designar el hecho reprobable de comprar y vender cargos y beneficios eclesiásticos. Hacía referencia a la figura de Simón el Mago que, según cuentan los Hechos de los Apóstoles, pretendió comprar los favores religiosos al apóstol Pedro. Nuestros políticos, desde casi el inicio de la democracia, han practicado la simonía política sin rubor alguno y casi sin recibir por ello la menor recriminación.

Siempre que un gobierno se ha encontrado en minoría ha tenido que comprar el apoyo de un partido nacionalista que se lo concedía no en función del contenido de la ley o disposición a votar sino a cambio de privilegios, la mayoría de las veces pecuniarios, para su territorio o para su partido. ¿Qué diríamos, por ejemplo, de los consejeros de una compañía, bien fuese pública o privada, que actuasen de forma similar?. ¿Acaso no estaríamos tentados de hablar de cohecho, de estafa o de prevaricación?. La reforma de la ley electoral es imprescindible, si queremos continuar tildando de democracia a nuestro sistema político.