La
ruleta de las pensiones
El Grupo Popular en el
Senado acaba de introducir una enmienda en la Ley que
acompaña a los presupuestos, por la que
se incrementan por encima del
coste de la
vida las prestaciones de algunos pensionistas.
Bienvenido sea
cualquier aumento en los recursos que
se canalizan hacia las pensiones.
Dos son los colectivos que concentran, con carácter general, las bolsas de
pobreza y, por tanto, necesitan
la urgente actuación social del Estado: los parados
y los pensionistas.
A pesar
de la desmedida campaña creada en nuestro país
para convencernos de la inviabilidad del sistema público
de pensiones, lo cierto es
que estamos a la cola
de Europa en
cuanto a la
proporción del PIB que dedicamos al gasto público
en pensiones (10,3%), tres
puntos menos que la media europea. Sólo nos encontramos por encima de Irlanda, y
al mismo nivel
que Portugal.
Mucho es,
por tanto,
lo que queda
por hacer en
este capítulo de protección social y muchos
los recursos que se necesitaría
canalizar hacia esta partida para
poder compararnos (como se suele
decir) con
los países de nuestro entorno,
más de 3
billones de pesetas. Lo que
ahora realiza el Gobierno, fruto
del pacto con
los sindicatos, aún cuando pretenda venderlo a bombo
y platillo, es calderilla.
La única
subida realmente significativa
es la que
afecta a los
viudos menores de 60 años,
con cargas familiares, y
para los que esa pensión constituye su principal fuente de ingresos, en
torno a 100.000
personas. En
este caso, la base reguladora
se incrementa del 45 al
70%. Así
y todo, la
medida se ha aplicado con ramplonería
reduciendo excesivamente el colectivo que
tiene derecho a la subida. Lo
lógico hubiese sido que se
extendiese a todos los perceptores
de la pensión
viudedad, siempre que ésta sea
la única o principal fuente de renta.
Tengan o no tengan cargas familiares y sea cual sea su edad.
Cosa muy distinta
resulta cuando el preceptor tiene
otros ingresos significativamente importantes, bien sea
de su propio
trabajo, o
de rentas de
la propiedad. No parece, entonces, que estos
pensionistas sean económicamente los más necesitados, incluso
en bastantes casos puede tratarse de familias con niveles
elevados de renta. Pero he aquí la
paradoja, es precisamente
sobre este colectivo sobre el que
va a recaer
gran parte de los beneficios
que se deducen
de la enmienda,
bien es verdad
que en cuantía
bastante exigua, pero más
exigua es aun la subida de
aquellos a los que sólo se les va a aplicar el
incremento del coste de la vida.
Por otro
lado, es difícil plantearse el tema de las pensiones
sin tener en
cuenta la prestación
por seguro de desempleo.
Pueden originarse situaciones bastante
incongruentes, como que el fallecimiento del parado pueda convertirse
en el suceso que palíe la miseria
de su familia, al comenzar
ésta a percibir prestaciones por viudedad u orfandad, prestaciones que no cobraba con anterioridad, ya que la gran mayoría de los parados o
bien no perciben subsidio, o bien su
cuantía es insignificante.
Este país debería abordar seriamente el problema, en su conjunto, de la protección social, determinando qué prestaciones son prioritarias y cuáles son los
colectivos más necesitados. Habría que planificar en una serie de años la
convergencia con Europa en esta materia.
Para ello el gasto público en protección social tendría que aumentar siete puntos del PIB, lo que representa nada más y
nada menos que, aproximadamente, siete billones pesetas. Bien es verdad
que este incremento,
aunque se realice en varios años,
sólo se puede
conseguir aumentando al mismo ritmo la
presión fiscal, magnitud que
se encuentra también lejos de la media
europea, seis
puntos.
No parece, desde luego,
que sea ésta la intención del Gobierno, más
bien al contrario;
medida a medida,
va debilitando la capacidad recaudatoria
del sistema tributario, dañando seriamente los impuestos directos. Eso sí, de vez
en cuando se
siente generoso y sube un punto por encima del
incremento del coste de la vida, las pensiones
mínimas.