La extraordinaria salud de nuestro sistema financiero

Este Gobierno tiene la mala costumbre de no reconocer la realidad, y de creer que basta con negar los hechos desagradables para que éstos no existan; pero la realidad se acaba imponiendo. Mientras que los demás países se dedicaban a sanear sus entidades financieras, en España el Gobierno y el Banco de España (BE) se felicitaban por la estupenda salud de nuestro sistema financiero. No nos afectaba supuestamente la crisis de los bancos. Sólo existía un problema de liquidez. Por eso, el gobernador del BE podía dedicarse a cometidos distintos de sus funciones, por ejemplo, a recomendar la reforma laboral o la reforma de las pensiones.

Resulta difícil creer que la burbuja inmobiliaria y el fuerte endeudamiento en el exterior, principalmente privado, es decir de las entidades financieras, no hubiese tenido ningún impacto sobre ellas. Por otra parte, que el crédito no llegase a las empresas ni a los particulares algo tenía que significar, algo sin duda les debía de estar ocurriendo a las entidades financieras que explicara tal hecho.

La señal inicial de alarma apareció en el primer trimestre de 2009 con la Caja de Castilla-La Mancha (CCM). El Gobierno no tuvo más remedio que reconocer la situación crítica en la que se encontraba esta caja y autorizar su intervención por el BE. Este hecho unido a la información con la que debía contar el BE forzó a que tres meses más tarde, en junio de 2009, el Ejecutivo, mediante decreto-ley crease el Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB). El lenguaje nunca es inocente. Se habla de reestructuración ordenada cuando había que hablar de rescate, salvamento o intervención bancaria.

El FROB nace con una dotación inicial de 9.000 millones de euros, financiados en un 75 por ciento con cargo a los presupuestos del Estado y en un 25 por ciento las aportaciones de los fondos de garantía de depósitos, aunque se le permite que contraiga deuda con aval del Estado hasta un límite 10 veces el importe de su dotación inicial. Estamos hablando, pues, de un posible agujero de 99.000 millones de euros (más de 13 millones de pesetas, aproximadamente el 10 por ciento del PIB).

El hecho de que el FROB pudiese habilitar fondos por una cantidad tan importante hacía temer que el daño de nuestro sistema financiero fuese mayor que el que oficialmente se manifestaba. No obstante, el Gobierno se negó entonces a modificar la ley de cajas de ahorros. Es de suponer que no se atrevió ante la presión de las Comunidades Autónomas. Una vez más, se abordaron los problemas a medias, porque un año más tarde, en julio de 2010, fue necesario modificar la susodicha ley. Y ahora, seis meses después, se plantea una nueva modificación y una operación de rescate con cifras considerablemente más elevadas, aunque bastante más creíbles.

Se han perdido dos años y medio y el saneamiento ahora se hace mucho más difícil que entonces, cuando todos los países estaban acometiendo una tarea parecida. Sin embargo, no cabe achacar toda la responsabilidad al Gobierno o al Banco de España; es muy posible que gran parte de la culpa haya que atribuirla a los políticos regionales de las distintas Comunidades Autónomas, que no quieren perder ese ámbito del poder y a un modelo que, contra toda lógica, ha puesto las cajas en manos de las Autonomías. Hemos contemplado cómo uno de los problemas que se ha manifestado en la actual crisis es la desproporción entre la magnitud del mercado y de las entidades financieras respecto a los Estados de los que dependen. En España vamos más allá, y queremos que sean las Comunidades las que tengan la tutela de las cajas. Eso sí, pretendemos también que más tarde sea el Estado el que asuma las pérdidas y el coste de sanearlas. El esquema no cuadra. No tiene sentido que los gobiernos autonómicos exijan competencias sobre entidades que actúan más allá de sus límites geográficos y que prestan servicios en todo el territorio nacional, y tiene mucho menos sentido que al mismo tiempo aspiren a que sea el Estado el que las rescate cuando se encuentran contra las cuerdas.

La pregunta que surge es si las decisiones que ahora se adoptan van a servir para sanear el sistema financiero o si más bien están pensadas para convertir las cajas en bancos. Una vez más, se adopta el criterio de café para todos, es decir, forzar a que todas las entidades financieras incrementen el capital. Pero el problema no radica tanto en la capitalización como en los activos perjudicados que posean, y en la exposición al ladrillo. Para las entidades sanas y sin problemas de solvencia la obligación de incrementar su capital puede ser una prescripción inútil y onerosa; por el contrario, para otras entidades que acumulan activos inmobiliarios sobrevalorados el incremento de capitalización no soluciona el problema. Da la impresión de que no se quiere afrontar el fondo de la cuestión: separar las entidades solventes de las insolventes e intervenir estas últimas si es necesario.