Publicidad y propaganda

La semana pasada la Junta Electoral Central suspendió la campaña publicitaria del Ministerio de Trabajo sobre lo bien que les va a los pensionistas. Era una campaña empalagosa, llena de incienso y mentiras, una verbena de autosatisfacción y complacencia. La proximidad de los comicios ha hecho actuar a la Junta.

Pero el problema va mucho más allá, es más general, trasciende el momento en que se emita y al propio Ministerio de Trabajo, aunque hay que reconocer que en este caso se han pasado tres pueblos. La cuestión se centra en la separación que debe existir entre el Estado y el gobierno, y entre éste y el partido en el poder. Más concretamente, en diferenciar claramente entre erario público y finanzas de una formación política.

Los recursos públicos son eso, públicos, y están destinados exclusivamente al bien común. ¿Qué ocurriría si un responsable público desviase mil, dos mil, tres mil millones de pesetas del presupuesto del Estado a la caja de un partido político? Que inmediatamente se le acusaría de corrupción y terminaría en los tribunales. Y sin embargo, contemplamos con cierta pasividad campañas publicitarias como la de las pensiones, orientadas únicamente a la propaganda de la formación política de turno en el gobierno.

Los presupuestos públicos pueden y deben financiar ciertas campañas publicitarias, aquellas que o bien van dirigidas a informar a los ciudadanos, por ejemplo recordar el momento en el que deben cumplir con sus obligaciones tributarias, o bien a promover determinadas conductas útiles y necesarias para la sociedad, como las de tráfico o las de prevención de incendios. Pero cuando la publicidad va orientada a cantar las excelencias del Gobierno, ésta se transforma en propaganda, propaganda del partido en el poder, normalmente llena de mentiras y falacias.

La campaña que la Junta Electoral acaba de suspender no ha sido la única en violar las reglas, aunque es verdad que el Ministerio de Trabajo tiene ya una larga historia en esta materia. Recientemente, el Ministerio de Hacienda lanzó una similar sobre la bajada de impuestos, y si nos remontamos en el tiempo no ha habido gobierno -sea central, autonómico y pertenezca al partido que pertenezca- que no haya sucumbido a la tentación de emplear los recursos públicos para enaltecerse y elogiar su gestión.

La gravedad de tal conducta tiene un doble origen. En primer lugar, porque se trata de una desviación de fondos públicos, con el consiguiente perjuicio a la hacienda pública, y en segundo lugar y tanto más importante, porque toda financiación irregular de una formación política, y estas campañas lo son, rompe la neutralidad del juego político y la igualdad de oportunidades. Claro que sobre este último asunto habría que considerar otras muchas materias, amén de las campañas publicitarias. Pero por algo conviene empezar.