Los impuestos, estúpidos, los impuestos

El elevado déficit público ha puesto patas arriba todas las partidas de gasto: la sanidad, la educación, las infraestructuras, las pensiones, la dependencia, la investigación, la justicia, la Administración en general; sin embargo, tanto el último gobierno de Zapatero como el actual de Rajoy son remisos a enfrentarse con la verdadera causa: la caída de la recaudación. Ello tiene quizá fácil explicación: los intereses en juego que se mueven entre bambalinas. Ahora bien, corregir el déficit resultará imposible sin acometer una reforma fiscal en profundidad.

La caída de la recaudación se considera un efecto lógico de la crisis. Al bajar la actividad económica, los ingresos públicos se resienten; pero lo cierto es que la reducción ha sido mucho más pronunciada de lo que cabría esperar. De 2007 a 2011, la presión fiscal en España ha pasado del 37,3 al 31,6 %, una bajada cercana a los seis puntos, el 15,28% de descenso para ser exactos. Si consideramos que la presión fiscal es un cociente entre la recaudación y el PIB y que ambas magnitudes deberían seguir una evolución similar, lo razonable habría sido que esta magnitud se hubiera mantenido constante, pues si la recaudación cae, también lo hace el PIB -se supone que más o menos en la misma medida.

Deberíamos plantearnos qué es lo que ha ocurrido y continúa ocurriendo con nuestro sistema fiscal para que presente un comportamiento tan irregular y tan distinto del de la mayoría de los países de la OCDE, cuya presión fiscal ha subido en este periodo. Desde principios de los noventa las reformas fiscales han servido para, lejos de corregir los defectos que aún arrastraba el sistema tributario, ahondar más en ellos reduciendo la progresividad y la suficiencia. Especialmente significativos son los doce años que transcurren desde 1996 hasta el comienzo de la crisis, es decir las dos legislaturas de Aznar y la primera de Zapatero, en las que, tanto desde el punto de vista normativo como desde el práctico, (en la persecución del fraude,) la Hacienda pública experimenta un fuerte deterioro. Son los años en los que bajar los impuestos es de izquierdas de Zapatero o los de la curva de Laffer mal aprendida por Aznar; en los que cualquier pichichi del PP repetía como un papagayo que bajando los impuestos se recaudaba más. Todo se cubría con la burbuja inmobiliaria y financiera y, al igual que creaba una sensación falsa de riqueza, originaba también la creencia de que el sistema fiscal mantenía su potencial recaudatorio. No obstante, fue suficiente que se pinchase la burbuja para que ambos espejismos se esfumasen.

Las reformas no solo han dañado la capacidad recaudatoria, esto es la suficiencia del sistema para atender las prestaciones y servicios públicos del Estado social, sino también la progresividad, redistribuyendo la carga fiscal en contra de las clases bajas y medias y a favor de las adineradas. Ello junto con el hecho de que el coste de la crisis está incidiendo mucho más sobre las primeras que sobre las segundas explica que los ingresos del Estado se estén reduciendo en mucha mayor medida de lo que lo hace el PIB, ya que la renta de los que pagan impuestos (las rentas bajas) disminuye más que la media. Desde el año 2000 la remuneración de los trabajadores ha pasado de absorber el 50% de la renta nacional a hacerlo en un 45%, mientras que el excedente empresarial (beneficios y rentas de capital) seguía el camino inverso, del 45% al 50%.

Si se pretende de verdad corregir el déficit no queda más remedio que enfrentarse con los ingresos. En especial, habrá que promover por fuerza una distribución más equitativa de la carga fiscal, lo que conduce como primer tema a la lucha contra la evasión. Hace por lo menos veinte años que no existe voluntad política para perseguir el fraude, incluso se ha cambiado la normativa para hacerla más permisiva, por ejemplo la Ley General Tributaria en tiempos de Aznar. Hoy los defraudadores saben que cuentan con patente de corso. De ahí que la amnistía fiscal de Montoro haya sido un estrepitoso fracaso. Dejando al margen su posible iniquidad, una amnistía fiscal solo puede tener éxito si al mismo tiempo se transmite la certeza de que a partir de ese momento no va a haber tregua en la lucha contra la evasión.

La primera condición para obtener resultados positivos en la lucha contra el fraude es conseguir que cale en la sociedad la idea de que de los impuestos dependen, tal como estamos viendo, las pensiones, la sanidad, la educación, la igualdad en la justicia, las obras públicas y tantos servicios públicos, y que, en consecuencia, el que defrauda está cometiendo no una falta, sino un delito contra toda la sociedad. Su fraude puede ser la causa de la muerte de un niño por falta de asistencia sanitaria, el paro de muchos trabajadores o el desamparo de un anciano. Robar a toda la comunidad debe ser tenido como delito de tanta o mayor gravedad que robar a un particular. El defraudador fiscal se apropia de dinero público, por lo que se le debería juzgar con la misma severidad que empleamos a la hora de hablar de la corrupción de los políticos o de los empleados públicos. Y a la lucha contra la evasión fiscal se tendría que aplicar todo tipo de medios, aun los más extremos, aquellos que la sociedad emplea para defenderse ante los delincuentes.