Balanzas
fiscales
Hace ya algunos días, la fundación del BBVA publicó
las balanzas fiscales de las distintas Comunidades Autónomas. En cierto modo, se ha roto el velo de Maia y ha quedado al descubierto aquello por lo que tanto
han estado clamando los nacionalistas. Vaya por delante que tales conceptos
carecen de todo sentido y, además,
son equívocos. Podría pensarse que la expresión déficit fiscal aplicada
a una autonomía significaría lo mismo que cuando se aplica a un país, es decir,
el resultado presupuestario, la diferencia entre los gastos y los ingresos de
la correspondiente administración autonómica. Nada de eso. Podría pensarse
también que la denominada balanza
fiscal es el equivalente a la balanza de pagos de una nación, pero en el
ámbito de una Comunidad Autónoma. Tampoco van por ahí los tiros.
El concepto
que han divulgado los nacionalistas o aquellos que a su sombra mantienen
posturas regionalistas nada tiene que ver con todo lo anterior. Se refiere al
resultado, positivo o negativo, entre lo que cada Comunidad contribuye al
erario público, principalmente mediante los impuestos, y lo que obtiene de éste
mediante las infraestructuras, los servicios y las prestaciones públicas.
Entendido de tal manera el concepto, tiene un vicio de partida: no son los ciudadanos los que aparecen como
contribuyentes y receptores sino las Comunidades Autónomas. Ahora bien, la equidad no puede medirse en clave territorial, sino personal.
La cuestión no es tanto si una Comunidad recibe o paga más o menos, cuanto si dos ciudadanos, residan en el territorio que residan y siempre que se encuentren en
idénticas circunstancias, son gravados en las misma cuantía y reciben los
mismos servicios.
Esas han
debido de ser las razones por
las que el Ministerio de Economía y Hacienda ha venido negándose a elaborar y
publicar las susodichas balanzas fiscales. Por ello y porque no parece fácil territorializar los impuestos, ni siquiera los gastos. Los impuestos, porque los ingresos
realizados por ejemplo en
Tras estos prolegómenos hay que decir que los
resultados que arroja el estudio no son muy distintos de los que cabría esperar.
La primera conclusión es que la existencia de una Hacienda Pública central
realiza una importante acción redistributiva. Las regiones con menor renta per
cápita son las que presentan un saldo positivo, mientras que las de renta más
elevada arrojan un déficit fiscal. No obstante, esa función redistributiva no
logra reducir las desigualdades entre Comunidades. Las diferencias en renta per
cápita son cada vez mayores.
El estudio
deja en evidencia también la falta de equidad que comporta el sistema de conciertos
por los que se rigen fiscalmente
el País Vasco y Navarra ya que, encontrándose en el grupo de Comunidades más
ricas, sus saldos fiscales son positivos. En lugar de derechos históricos, hay
que hablar claramente de privilegios históricos y los privilegios no parece que
tengan demasiado sentido en los Estados modernos.
El
victimismo catalán tampoco sale muy bien parado por las conclusiones que arroja
el estudio, porque si bien es
verdad que Cataluña, a diferencia del País Vasco y de Navarra, presenta déficit
fiscal, éste parece que es
inferior al que le
correspondería en función de su renta per cápita.
La última
conclusión del informe es la alarmante tendencia de la reducción progresiva de
los flujos compensatorios entre Comunidades, lo que cuadra perfectamente y
tiene su explicación tanto por el predominio del pensamiento neoliberal -que aniquila la progresividad de los sistemas
fiscales- como por el proceso de disgregación territorial a
cuyo incremento van a contribuir
los nuevos Estatutos.