A
vueltas con TVE
En la sesión de investidura el nuevo presidente del
Gobierno prometió reformar el Estatuto de TVE. En principio, sólo caben
parabienes para tal noticia. Me gustaría ser crédulo y optimista, pero los años
pasan, la experiencia se acumula y le hace a uno receloso.
La radio y
la televisión públicas siempre han estado en el centro de la reyerta política.
Signo de contradicción. Únicamente los más viejos recordarán la querella
criminal planteada por González, Guerra y otros insignes dirigentes socialistas
al entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, a cuenta de TVE. En la
época de la UCD no existían televisiones privadas y el Ejecutivo poseía los
medios sociales de comunicación heredados del régimen franquista, no era extraño por tanto que el
resto de los partidos se quejasen de la desventaja en que se encontraban.
Al llegar
al poder en el año 82 el PSOE se vio obligado -dado que lo había reclamado en
la oposición y que debía adaptarse a lo que era habitual en el resto de los
países europeos- a introducir determinadas medidas liberalizadoras en el ámbito
de la comunicación, pero siempre intentando no perder el control. Privatizó la
prensa del movimiento y vendió las participaciones que poseía en otra serie de
medios, concedió licencias de radio y de televisión privadas, pero procurando
en todos los casos que gran parte de ellas terminase en manos amigas. Incluso
utilizó una organización benéfica como la ONCE en ese objetivo de dominar la
información.
El PP
también había criticado en la oposición la utilización partidista que el
Gobierno hacía de los medios públicos y por eso cuando ganó las elecciones
prometió regeneración y se esforzó por colocar al frente del ente público TVE a
alguien con un perfil de cierta independencia, pero terminó en Urdaci, pasando por el intento de utilizar las empresas
públicas privatizadas para controlar los medios privados.
Ahora
Zapatero promete la neutralidad de RTVE. Habrá que concederle un margen de
confianza. Nos enfrentamos sin duda al problema número uno de la democracia.
Hoy, el poder de la publicidad y de la propaganda es tan enorme que quien
controla la información controla en buena medida la sociedad y el sistema
político. Al mismo tiempo, las técnicas de la comunicación han adquirido tal
complejidad que no están al alcance de cualquiera. En la actualidad se precisan
cantidades ingentes de dinero para tener la menor posibilidad de influir en
este sistema; de hecho, sólo los grandes centros de poder económico tienen esa
capacidad.
La libertad
de prensa, entendida exclusivamente como mera ausencia de censura política,
deviene una falacia, porque la censura se instala de manera permanente en los
medios de comunicación, seleccionando la información y la ideología que va de
acuerdo con sus intereses y la autocensura se introyecta
en los profesionales, la mayoría de los cuales no precisa violentarse mucho ya
que también participa de este sistema de valores e intereses.
De llevarse a cabo, la autonomía
de RTVE respecto del Gobierno constituiría un principio de ruptura, una brecha
en la estructura monolítica del sistema, pero sólo eso. Garantizaría quizás la
neutralidad de este medio público en el juego bipartidista y la incapacidad del
partido en el poder para usar al ente público como arma política contra el
adversario, pero nada más. Permanecería pendiente otra asignatura: la de los
medios privados. Sin normas jurídicas que eviten su concentración y fuercen la
división del capital, limitando el porcentaje de participación que pueda
mantener una misma persona física o jurídica, el peligro de adulteración de la
democracia subsiste. Es más, puede ocurrir que hasta la propia televisión
pública sea manipulada, no ya por un partido político pero sí por el poder
económico.