La batalla del empleo

Los intereses económicos aprovecharon la crisis de los años 70, llamada del petróleo, para modificar el sistema económico de acuerdo con sus conveniencias. A partir de los gobiernos de Reagan y Thatcher, el sistema de economía mixta ha ido involucionando hacia un sistema neoliberal. Parece que en esta crisis, a juzgar por determinadas manifestaciones, pretenden de nuevo aplicar la misma estrategia con una gran irresponsabilidad (esta crisis nada tiene que ver con las de los años 73 y 79). El PP y los medios afines proponen rebajas fiscales y la CEOE pide al PSOE abaratar el despido, reformas laborales y, cómo no, reducir las cotizaciones sociales.

El pasado día 24, Juan Antonio Sagardoy publicaba en el diario El País un artículo con el mismo título que he escogido para encabezar estas líneas. En él recoge todos los tópicos que los intereses empresariales aplican al mercado de trabajo. Todo el artículo va destinado a mostrar la ineficacia de las políticas pasivas (prestaciones del seguro de desempleo) y a cantar las excelencias de las políticas activas (incentivos empresariales), según la nomenclatura al uso, nomenclatura que, dicho sea de paso, nunca he entendido. Las llamadas políticas activas no son tales, como no sea para los empresarios, porque en realidad para lo único que sirven es para incrementar el excedente empresarial.

El señor Sagardoy afirma que nadie contrata a quien no necesita ni despide a quien necesita. Estoy de acuerdo, pero lo que no comparto son las conclusiones que pretende extraer. Precisamente porque nadie contrata a quien no necesita, de poco servirán los incentivos fiscales y demás beneficios a los empresarios. Estos no invertirán ni generarán empleo si no están seguros de vender sus productos y sus servicios. Lo que realmente se precisa, por tanto, es mantener e incentivar la demanda.

El señor Sagardoy minusvalora los efectos de las obras públicas y de las prestaciones del seguro de desempleo, pero son precisamente estas medidas las más apropiadas para incentivar la demanda. Si de cebar la bomba se trata, hay que procurar que la pérdida de los efectos del multiplicador sea mínima y, por lo tanto, que las actuaciones públicas estén lo más cercanas posible a la demanda (inversión pública, ya que no hay ninguna seguridad de que la inversión privada reaccione) o se dirijan a colectivos con alta propensión a consumir, es decir, con escasa capacidad de ahorro. En este ranking, los parados ocupan un puesto de honor, e incrementar la cobertura y la prestación por desempleo no solo es una medida óptima desde la perspectiva de la justicia social, sino también de las más eficientes a la hora de realizar una política expansiva.

Fundamentar el crecimiento económico y la creación de empleo en los bajos costes laborales es un camino que no conduce a ninguna parte. Siempre habrá países con salarios más bajos y más reducidas cargas sociales. Entrar en esa batalla competitiva es una carrera sin fin. Los bajos salarios de nuestra economía no han impedido que nuestro país se haya situado a la cabeza de Europa en la velocidad con que se destruye el empleo. No conviene olvidar, además, la otra cara de la moneda. Las remuneraciones de los trabajadores, incluyendo las prestaciones sociales, son el reverso del consumo y este constituye la parte más importante de la demanda y, por lo tanto, del PIB.

Sagardoy tiene razón al afirmar que nadie despide a quien necesita. Pero sí se despide a quien se ha necesitado ayer y a quien se va a necesitar mañana. La cuestión se plantea en saber quién va a soportar el coste de la crisis, y por qué los empresarios que han obtenido cuantiosos beneficios en el pasado y van a volver a obtenerlos en el futuro no pueden asumir el coste actual. ¿Cuántas empresas podrían mantener a sus trabajadores aunque fuese con la contrapartida de ganar un poco menos? Existirán sin duda aquellas que están obligadas a despedir a sus empleados porque de ello depende su viabilidad, pero autorizar el despido cuando no es imprescindible por el simple hecho de que se pueda ajustar la plantilla provisionalmente, haciendo así ganar más dinero a las empresas, aparte de injusto, produce efectos muy negativos sobre la actividad económica.

La flexibilidad en el despido lo único que provoca es un agravamiento de la crisis al deprimir aún más la demanda. Algo que los empresarios deberían tener muy en cuenta es que lo que en un primer momento de forma individual aparece beneficioso para ellos se puede convertir en contraproducente si se generaliza. Una generalización del despido más allá de lo necesario, termina volviéndose contra las empresas al deprimir la demanda y la actividad.