La vivienda como ejemplo

La historia suele repetirse sea quien sea el protagonista. CiU nos tenía muy acostumbrados a la misma canción en aquellas ocasiones en las que el gobierno de turno carecía de mayoría absoluta. Esta formación estaba siempre dispuesta a garantizar la gobernabilidad, claro está a cambio de que hubiese ventajas adicionales para Cataluña. En los momentos presentes es Ezquerra Republicana la que, muy responsablemente, presta su voto para aprobar los presupuestos; pero después de poner la mano y de que se la llenen. En un día, los presupuestos han pasado de ser antisociales a ser solidarios. ¿Cómo ha sucedido el milagro? Más recursos para infraestructuras en Cataluña y para la potenciación del catalán. Lo malo de todo esto es que lo que se destina a una Comunidad no se dirige a otras, y hay quienes, con el victimismo y el nacionalismo, siempre sacan tajada.

Es hora de que vayamos tomando conciencia de que se está construyendo un Estado monstruoso. En cada Comunidad se genera una clase política cuyos intereses van unidos a la consecución de más y más autonomía, y que pone todo su empeño en propiciar esa fuerza centrífuga sin que aparentemente pueda vislumbrase el final del proceso. Hasta ahora eran los partidos nacionalistas los que se situaban en esas coordenadas, y por lo tanto afectaban exclusivamente a algunas comunidades, pero cada vez resulta más evidente que el germen secesionista comienza a anidar también en buena parte de los partidos nacionales. Las direcciones centrales se ven chantajeadas y empujadas a aceptar la dispersión.

En casi ninguna materia va resultando posible realizar una política nacional. Ahí tenemos el caso de la vivienda. Con gran ingenuidad, el partido socialista prometió solucionar el problema. De poco vale crear un ministerio de tal nombre si las competencias no se encuentran en el gobierno central. Al margen de que la ministra esté más o menos acertada, lo cierto es que carece de los instrumentos y medios para hacer una verdadera política de vivienda. Me temo que todo va a quedar en subvenciones que sólo servirán para derrochar los recursos públicos tan necesarios en otros menesteres. Las subvenciones particulares suelen ser siempre bastante discriminatorias y discrecionales. ¿Por qué a los jóvenes y no a los padres de familia separados, que quizás tengan mucha más necesidad? o, ¿por qué no a las madres solteras? Lo mismo ocurre al tratar de fijar una cantidad X de renta para tener derecho a la subvención, ¿qué pasa con aquellos que obtienen X más un euro?

Por otra parte, algunas rentas son opacas. Hay colectivos que tienen especial capacidad para ocultarlas. Profesionales o empresarios que facturan directamente al consumidor, trabajo doméstico, etcétera. A menudo resulta que aquellos que defraudan –aun cuando sus ingresos reales sean más elevados que los de otros que los tienen controlados por la nómina– están en mejores condiciones para recibir subvenciones.

En una economía de mercado las intervenciones públicas no pueden realizarse de cualquier manera. Hay que tener muy en cuenta los mecanismos que se van a desatar. De lo contrario, el propio mercado puede terminar burlándose de las medidas y que se obtengan los efectos contrarios que aquellos que se pretendían. Las subvenciones pueden trasladarse vía precios a otros destinatarios distintos de los que teóricamente eran sus beneficiarios.

Si lo que se intenta es combatir el alto precio de la vivienda, mal camino se ha escogido al incentivar la demanda con subvenciones. Lo más seguro es que se eleven los precios y las ayudas públicas terminen engrosando los beneficios de promotores o constructores. Si de verdad se quieren reducir los precios, habrá, por el contrario, que actuar sobre la oferta. En primer lugar mediante una política del suelo, que en ningún caso debe significar su liberalización, tal como exigen algunos conservadores. Se trata de poner en el mercado, a un precio adecuado, una cantidad suficiente de suelo urbano, pero con tales condiciones y exigencias que se evite la especulación y que obligue a construir en un plazo razonable.

Por otra parte, se puede incrementar la oferta de viviendas movilizando las casas vacías propiciando el alquiler. Hoy, una legislación excesivamente proteccionista del inquilino se vuelve en su contra, porque al final lo que se logra es que desaparezca este mercado. Nadie o casi nadie estará dispuesto a arrendar si el riesgo es tan elevado, o se exigirán avales bancarios que garanticen mínimamente al arrendador sus derechos, pero que como es lógico no estarán al alcance de la mayoría de los que buscan un piso en alquiler. Los únicos beneficiarios, los bancos.

Mucho tiene que ver en ese estado de cosas la lentitud de la justicia y el excesivo tiempo que se tarda en decretar los desahucios. Las dificultades que un inquilino pueda tener a la hora de cumplir sus obligaciones pueden ser susceptibles de ayuda por parte de la sociedad pero debe recaer sobre el Estado, nunca sobre el arrendador pues de lo contrario se retraerá de alquilar el piso. La creación de una agencia estatal para garantizar subsidiariamente las obligaciones de los arrendatarios es una de las pocas medidas anunciadas que parecen efectivas.

El problema, en cualquier caso, radica en que las competencias en materia de vivienda están troceadas y será difícil que en esta, como en otras muchas materias, teniendo en cuenta el Estado que vamos configurando, el gobierno central tenga en sus manos los medios e instrumentos para acometer una política eficaz. Todo sea por nuestra vocación autonómica.