¿Qué hacer con el dinero público?

Algún artículo se ha publicado en prensa preguntándose acerca de si no hubiese sido mejor reducir las cotizaciones sociales que el IRPF. Uno piensa que puestos a buscar opciones sobre qué hacer con cierta cantidad de recursos públicos hay otras mejores que rebajar el IRPF o las cotizaciones, por ejemplo, incrementar las prestaciones sociales.

Los defensores de la disminución de las cotizaciones sociales -creo que hasta el PSOE propone la reducción de un punto- argumentan que necesitamos ser más competitivos. Con buen criterio señalan que parte de la bonanza de los últimos años se debe a las tres devaluaciones que nos vimos obligados a realizar en 1993; pero que tras la entrada en el euro nos está vedada cualquier nueva devaluación, por lo que toda diferencia en los precios nos hará perder competitividad. Nada que objetar, todo lo contrario; si algunos nos mostrábamos tan reticentes en contra de la Unión monetaria, se debía entre otras razones, a lo peligroso que podía resultar para un país como España, habitualmente con mayores tasas de inflación que los países competidores, no poder compensar éstas por la vía del tipo de cambio.

Lo que ya no parece tan seguro es que la reducción de las cotizaciones sociales o de los salarios vaya a traducirse en una rebaja en los precios. Si fuese por costes laborales y sociales nuestro país debería ser el más competitivo de Europa. En los últimos años los convenios están arrojando incrementos saláriales moderados lo que no es óbice para que se dispare la inflación. Lo único que se está consiguiendo es que los trabajadores pierdan poder adquisitivo y engorde el excedente empresarial.

Por otra parte, fundamentar la capacidad de competencia en la disponibilidad de mano de obra barata es un modelo muy arriesgado a medio plazo. Siempre habrá países con costes laborales más reducidos, tanto más cuanto que con la ampliación van a incorporarse a la Unión múltiples estados de la Europa del Este. Llevado al extremo, conduciría a todos los países a una situación diabólica, a una carrera por ver quien paga salarios más bajos y quien desmantela más rápidamente la seguridad social, eliminando así los costes sociales. Si este va a ser el resultado de la Unión Europea y monetaria ¿cómo extrañarse de que algunos la contemplemos con reticencias?

El que en los momentos actuales la seguridad social presente un excedente, tampoco constituye un argumento válido para abogar por las rebajas de las cotizaciones. La separación de fuentes y de contabilidad es una mera convención a efectos prácticos. La seguridad social se identifica con el Estado. No es, ni debe ser, una entidad financiera independiente. Lo contrario sería sumamente peligroso, significaría que en los momentos de déficit, que los habrá, el Estado no respondería. Y además, puestos a emplear el excedente no se ve porqué no incrementar las prestaciones sociales.

Las opciones fiscales y presupuestarias nunca son neutrales, siempre benefician o perjudican a alguien. La reducción del IRPF, al ser un impuesto progresivo, ha beneficiado principalmente a las rentas altas y en tanta mayor medida cuanto más altas sean. Las rebajas de las cotizaciones sociales priman claramente a los beneficios empresariales, ya que no hay ninguna certeza de que dada la actual falta de competencia en la mayoría de los mercados, se traduzcan en una rebaja de los precios. El incremento de las prestaciones sociales influiría positivamente en los extractos más necesitados, parados, pensionistas, etcétera. El fondo del problema radica en saber a qué grupo social queremos beneficiar, después podemos revestir la opción de los argumentos económicos que nos convenga.

Nuestro país presenta unos costes laborales de los más reducidos de Europa, una presión fiscal seis puntos por debajo de la media europea, y un gasto en protección social siete puntos del PIB inferior al promedio de Europa. Ustedes juzgarán qué deberíamos hacer para llamarnos europeos.